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La fallida revolución de los derechos humanos en Gran Bretaña

LONDRES - El programa de austeridad impulsado por la nueva coalición de gobierno inglesa ha acaparado todos los titulares, pero el gabinete de David Cameron está rompiendo con su predecesor laborista en otra área clave: los derechos humanos. De hecho, el experimento de derechos humanos que el gobierno laborista de Tony Blair realizó en Gran Bretaña ha fracasado.

Criticada por algunos por su incapacidad de prevenir medidas antiterroristas "iliberales", la Ley de Derechos Humanos recibe críticas por otros tantos por entorpecer la política antiterrorista. De hecho, muchos se mofan de la noción misma de los derechos humanos, a la que ven como conducente a concesiones "locas" que favorecen a criminales y terroristas. En general, la reacción de la prensa y la opinión pública es de desilusión y/o cinismo.

Gran Bretaña es conocida por no tener una constitución escrita o, hasta tiempos recientes, nada que se pareciera a una Carta de Derechos moderna. En lugar de ello, tenemos la Carta Magna y el cricket. El concepto de derechos humanos universales es literalmente foráneo: está consagrado en los amplios principios de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, cuya corte tiene su sede en Estrasburgo. Hasta hace poco, todo aquél que deseara plantear un caso de derechos humanos contra el gobierno británico tenía que ir a Francia.

Los tiempos cambiaron cuando Tony Blair llegó al poder en 1997. Con fanfarria e idealismo -relejado en el eslogan "Los derechos llegan a casa"- la Ley de Derechos Humanos entró en vigencia en el año 2000. Sin embargo, el bien pensante liberalismo de la elite de ese entonces tenía también una razón práctica: si el gobierno llegara a tener trapos sucios, se deberían lavar en los tribunales británicos más que ante un panel de jueces internacionales.