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La paradoja del brexit

MADRID – Del matemático francés Blaise Pascal es célebre el “no es cierto que todo sea incierto”. Pero si se hubiese enfrentado a la realidad del brexit, quizás habría reconsiderado su postulado. Pese a que una salida moderada sigue pareciendo probable, la incertidumbre y la animosidad no han cesado de crecer en las últimas semanas. Es la paradoja del brexit: cuanto más se tarde en reintroducir el pragmatismo en el debate, más posibilidades hay de que los inquietantes efectos de lo desconocido inflijan un daño irreversible tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea.

El futuro del RU –en fase de preparación para su retirada– y de la UE debía haberse esclarecido en el Consejo Europeo de este mes de octubre. Sin embargo, la cumbre no sólo no trató formalmente las negociaciones sobre el brexit, sino que cristalizó la falta de rumbo percibida en septiembre tras la reunión informal del Consejo en Bratislava, que resultó en vagas promesas de unidad.

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Por su parte, el RU se halla a las puertas de asistir a un amargo debate entre la Primera Ministra, Theresa May, y el Parlamento sobre el papel de este último en las negociaciones. Entretanto, en el seno mismo del Gabinete de May surgen desavenencias, al tiempo que se intensifican las dudas acerca del status del que gozará Escocia en el futuro.

Pero el problema va más allá de la confusión. Cada bando busca seducir a electorado nacional y adoptar posiciones crecientemente polarizadas, incluso antagónicas. May dio su primer golpe de efecto en el Congreso del Partido Conservador cuando, después de haber declarado que invocaría el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea no más tarde de marzo de 2017, endureció su discurso y aseveró que frenar la inmigración primaría sobre mantener el acceso al Mercado Interior.

Los líderes de la UE han respondido con la misma moneda. La Canciller alemana, Angela Merkel, que en un inicio apostó por un enfoque pragmático, pronunció un abrumador discurso ante empresarios alemanes en el que garantizó que el acceso al Mercado Interior no podría entenderse sin la aceptación de las cuatro libertades de la UE –y, entre ellas, de la libre circulación de personas–. Poco después, el Presidente francés, François Hollande, declaró que el RU debía pagar “el precio” del brexit.

El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha sido el más tajante de todos con su máxima: “la única alternativa real al brexit duro es que no haya brexit”; mensaje que se confirmó con el frío recibimiento a May en el Consejo Europeo de octubre. Las negociaciones sobre el brexit no han empezado todavía y la batalla ya está servida: Tusk sólo ve pan y agua mientras que el Secretario de Exteriores británico, Boris Johnson, pretende quedarse con el oro y el moro.

Si May se atiene a los tiempos que ella misma marcó –y, con las elecciones al Parlamento Europeo previstas para 2019, no podrá ser de otra manera– es probable que esta dinámica se recrudezca. Los primeros meses de las negociaciones oficiales coincidirán con las elecciones en Países Bajos, Francia y Alemania, con lo que del lado europeo sólo destilarán posicionamientos firmes.

A pesar de todo, un escenario de “brexit duro” donde el RU corte todos sus lazos con el Mercado Interior resulta altamente improbable por lo desastroso de sus consecuencias. Pero el diseño de una nueva relación entre las partes no será tarea fácil. De hecho, sólo parece haber consenso en que la duración del proceso superará con creces los dos años previstos por el Tratado. Y ni Europa ni el RU pueden permitirse años de incertidumbre, hostilidades y actitud fragosa.

La animadversión ya ha pasado factura al sector empresarial –y no sólo en la City de Londres–. El mes pasado, Renault-Nissan anunció que revisaría su plan de inversión en el RU debido a la falta de claridad sobre el régimen jurídico y comercial que regirá el escenario post- brexit. Ha sido la primera gran empresa en hacerlo pero, sin duda, no será la última. En efecto, se masculla que los bancos contemplan salir del RU a principios de 2017 motivados por la retórica crecientemente envenenada en torno al brexit. Las empresas de la UE establecidas en las islas –que representan ni más ni menos que la mitad de la inversión directa que recibe el RU– se exponen por tanto a un alto riesgo. Además, los acechantes giros regulatorios ponen en peligro el progreso en otras áreas tan cruciales como la integración de los mercados de capitales, necesaria para producir mejoras en la productividad y la inversión en el continente.

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Se necesita –y rápido– una hoja de ruta responsable. Una opción que ha ganado peso últimamente es la relativa a un acuerdo de transición estable parecido al que rige entre Noruega y la UE. Un acuerdo de estas características puede definirse con cierta celeridad y rebajar la urgencia en la toma de decisiones sobre cuestiones espinosas como el presupuesto de la UE, la jurisdicción de sus tribunales y la regulación migratoria, y a su vez serviría para generar un marco más amplio para la cooperación. También permitiría a la UE ganar tiempo para hacer su propia evaluación interna de la situación e incluir en ella un rediseño de los límites de la exigencia de la libre circulación de personas. Pero, para llegar a ello, los líderes a ambos lados del Canal deberán dar un paso atrás e inyectar algo de sobriedad en el debate.

Los políticos deben adoptar medidas para reducir la incertidumbre a mínimos. Nadie en el Reino Unido o la Unión Europea –ni empresas, ni inversores, ni consumidores– puede permitirse residir en un caos de improperios y electoralismos.