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El impasse político de Brasil

SANTIAGO – Fue algo que los brasileños creían haber superado en política: un día, la presidenta en ejercicio nombra como ministro a un popular expresidente con el fin de evitar que sea procesado, y los comentaristas rápidamente llegan a la conclusión de que él está a cargo. Al día siguiente, un juez federal bloquea el nombramiento, en los tribunales se entablan demandas y contrademandas, millones de personas salen a las calles a protestar exigiendo la destitución de la presidenta, y nadie sabe con certeza quién está a cargo.

Brasil está enfrentando su peor crisis política desde que se restaurara la democracia en 1985. La Presidenta Dilma Rousseff ha hecho mucho por merecer un índice de aprobación bajo diez puntos. Hasta hace poco, parecía probable que se las iba a arreglar para finalizar su periodo presidencial de cuatro años, que termina el 2018, aunque esto obedeciera solamente a la renuencia de los partidos de oposición a hacerse cargo de rectificar la desastrosa situación económica que ha creado su gobierno. 

Pero hoy día, todo puede pasar. Al tratar de salvar a su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, Rousseff ha hecho que sea mucho más difícil salvar su propia presidencia. Ahora que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que en un momento fue el más grande de la coalición gobernante, ha abandonado el gobierno, es posible que en el congreso se alcancen los dos tercios de votos necesarios para destituir a Rousseff.

La buena noticia es que ciertas instituciones de la democracia brasileña funcionan bien. Después de todo, no en todas las democracias los fiscales y los jueces disponen de la autonomía necesaria para investigar a empresarios multimillonarios o a un expresidente que en un momento gozó de gran popularidad.