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La paradoja de la pena de muerte en Botsuana

LONDRES – En África subsahariana, una región en la que no faltan desafíos en materia de desarrollo, Botsuana se destaca por la solidez de su economía, la estabilidad de la democracia y el compromiso con el Estado de Derecho. Pero hay una cuestión en la que Botsuana mantiene un conservadurismo inquietante: el apoyo a la pena capital. El país donde nací debe confrontar este apego al castigo máximo si quiere conservar la reputación de ser uno de los estados más liberales de África.

Según Amnistía Internacional, la mayor parte de África está abandonando la pena de muerte. En la actualidad sólo diez países africanos la permiten, y sólo un puñado la usa ocasionalmente. De esas excepciones, una de las principales es Botsuana (un estado mediterráneo rico, exportador de diamantes). Tras una pausa en 2017, Botsuana ha vuelto a aplicar la pena capital a reos de asesinato; en febrero fue ejecutado Joseph Tselayarona (28) y en mayo Uyapo Poloko (37).

El sistema legal de Botsuana (incluida la justificación de la pena capital) deriva del derecho anglosajón y del romano-holandés. El código penal del país establece como castigo preferencial para el asesinato la muerte en la horca. Y si bien la constitución protege el “derecho a la vida” de los ciudadanos, hace una excepción cuando la eliminación de una vida se produce “en ejecución de la sentencia de un tribunal”.

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