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La paradoja de la pena de muerte en Botsuana

LONDRES – En África subsahariana, una región en la que no faltan desafíos en materia de desarrollo, Botsuana se destaca por la solidez de su economía, la estabilidad de la democracia y el compromiso con el Estado de Derecho. Pero hay una cuestión en la que Botsuana mantiene un conservadurismo inquietante: el apoyo a la pena capital. El país donde nací debe confrontar este apego al castigo máximo si quiere conservar la reputación de ser uno de los estados más liberales de África.

Según Amnistía Internacional, la mayor parte de África está abandonando la pena de muerte. En la actualidad sólo diez países africanos la permiten, y sólo un puñado la usa ocasionalmente. De esas excepciones, una de las principales es Botsuana (un estado mediterráneo rico, exportador de diamantes). Tras una pausa en 2017, Botsuana ha vuelto a aplicar la pena capital a reos de asesinato; en febrero fue ejecutado Joseph Tselayarona (28) y en mayo Uyapo Poloko (37).

El sistema legal de Botsuana (incluida la justificación de la pena capital) deriva del derecho anglosajón y del romano-holandés. El código penal del país establece como castigo preferencial para el asesinato la muerte en la horca. Y si bien la constitución protege el “derecho a la vida” de los ciudadanos, hace una excepción cuando la eliminación de una vida se produce “en ejecución de la sentencia de un tribunal”.

Pero la relación del país con la pena de muerte es anterior al sistema legal actual. En la era precolonial, los jefes tribales (llamados kgosi) la imponían en casos de asesinato, brujería, incesto o conspiración. Todavía es común invocar la historia en defensa del statu quo. En un fallo de 2012, el Tribunal de Apelaciones de Botsuana escribió que la pena capital se usa “desde tiempos inmemoriales”, y que “su abolición sería apartarse de la norma aceptada”. Tras la ejecución de Tselayarona, el gobierno hasta tuiteó una foto del entonces presidente Ian Khama, bajo una leyenda que decía: “La pena de muerte es útil para la nación”.

Es verdad que la cantidad de ejecuciones en Botsuana es pequeña en comparación con los países que llevan la delantera. De las 993 ejecuciones registradas por Amnistía Internacional el año pasado, el 84% corresponde a sólo cuatro países: Irán, Arabia Saudita, Irak y Pakistán (el total no incluye a China, considerado el país con más ejecuciones, porque allí los datos relativos a la pena de muerte se clasifican como secreto de Estado). En cambio, desde que en 1966 se independizó, Botsuana ha ejecutado a unas 50 personas. Aun así, la existencia misma de la pena capital seguirá siendo una mancha para el país mientras no sea abolida.

Según Amnistía Internacional, 142 países han abolido la pena de muerte. En su última reseña sobre el tema, el organismo señaló que África subsahariana es un “faro de esperanza” en la campaña mundial para erradicar la práctica. El año pasado, Kenia dio un paso en la dirección correcta, al poner fin a la imposición obligatoria de la pena de muerte en caso de asesinato. Y Guinea se convirtió en el vigésimo país de la región que elimina la pena capital para todos los delitos. ¿Cuándo seguirá Botsuana el ejemplo?

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En otras ocasiones Botsuana ha sido un país líder en derechos humanos. Por ejemplo, tras la amenaza sudafricana de retirarse de la Corte Penal Internacional en octubre de 2016, la dirigencia de Botsuana defendió a la CPI y reafirmó el compromiso con el derecho internacional. Después, en febrero de 2018, Khama rompió el silencio de los países africanos y llamó a Joseph Kabila, el autocrático presidente de la República Democrática del Congo, a “entregar el poder”. Ese mismo mes, el gobierno de Botsuana criticó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por su manejo de la crisis en Siria.

Adoptar una postura progresista en la cuestión de la pena de muerte sería un paso natural en la evolución de la agenda liberal de Botsuana, pero el gobierno está empecinado en no darlo, y las contradicciones del derecho internacional lo libran de presiones significativas para que lo haga. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Declaración Universal de Derechos Humanos prohíben de facto la pena capital, pero el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR por la sigla en inglés) reconoce a los estados autoridad para mantener la práctica. En 1989 se aprobó una enmienda auxiliar “opcional” al ICCPR con el objetivo de cerrar este vacío legal, pero Botsuana no la firmó.

La opinión pública también es favorable a mantener el statu quo. Según una encuesta realizada en Internet por el periódico nacional Mmegi, el apoyo a la pena capital entre los votantes todavía es alto, lo cual explica la falta de interés del parlamento para tratar el tema.

Y sin embargo no hay ninguna prueba que sustente el argumento oficial de que la pena de muerte reduce los índices de delitos violentos. Convencer de esto a la opinión pública demandará un liderazgo visionario, además de una lucha legal más intensa para obligar a los tribunales a enfrentar y debatir el asunto.

Los partidarios de la abolición en Botsuana no necesitan ir muy lejos en busca de inspiración. Cuando en 1995 el Tribunal Constitucional de Sudáfrica puso fin a la pena capital, los que se oponían a la decisión sostuvieron que el tribunal no estaba en sintonía con la opinión pública, y algunos incluso pidieron un referendo. Pero los responsables de la constitución sudafricana post-apartheid (en vigencia desde 1997) se mantuvieron firmes, y la práctica fue abolida.

Como expresó el tribunal sudafricano en su opinión: “Todo ser humano, incluido el más abominable, tiene derecho a la vida”. La dirigencia de Botsuana debe convencer a la ciudadanía (y tal vez, convencerse a sí misma) de la necesidad de adherirse a la universalidad de ese sentimiento.

Traducción: Esteban Flamini

http://prosyn.org/1du9GT9/es;

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