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Hay que bloquear ya la política de competencia de la Comisión

En diciembre pasado, la Comisión Europea publicó un Libro Verde que contiene propuestas para reformar las reglas relativas a las fusiones en la UE. Las reacciones y comentarios de las partes interesadas sobre estas propuestas deben entregarse en Bruselas el 31 de marzo. Después de eso, la Comisión redactará nuevas reglas para el control de fusiones que habrán de remplazar a las actuales que datan de 1990. Dado que los nuevos controles sobre fusiones tomarán la forma de reglamentación y no de directivas, entrarán en vigor inmediatamente, con toda seguridad antes del verano, y no tendrán que ser ratificados por los parlamentos nacionales.

Para fines de febrero, apenas se habían recibido unos cuantos comentarios sobre el Libro Verde. Sería una lástima que los empresarios y la opinión pública, tanto en Europa como en Estados Unidos, dejaran pasar esa fecha y la oportunidad de expresar sus puntos de vista. Sin una crítica fuerte, la Comisión sentirá que es legítimo proceder con un conjunto de propuestas que son profundamente insatisfactorias. Si esto sucede, podrían pasar diez años antes de que se modifique la reglamentación.

Las nuevas reglas presentan algunos avances en la solución de varios de los problemas que presenta el procedimiento actual de la Comisión para evaluar las fusiones. La posibilidad de detener los procesos le da a las compañías algo de tiempo para negociar algún remedio con la Comisión, conservando la certidumbre de los calendarios, que constituye la principal ventaja de las reglas europeas de competencia.

Las propuestas también clarifican la jurisdicción de Bruselas con relación a las autoridades de competencia nacionales: las fusiones que requieran revisión por parte de tres o más autoridades nacionales irán automáticamente a Bruselas. Actualmente esto sólo sucede si una compañía alcanza niveles complejos de facturación. En esto, en el aspecto técnico, queda sin resolver un asunto importante: a diferencia de lo que sucede en los EU, los reguladores europeos no tienen la autoridad para ordenar la división de una compañía para contrarrestar su fuerza dominante en el mercado.