CAMBRIDGE – El coronavirus está en todas partes: en el aire, en las superficies, en nuestros tractos respiratorios y, la semana pasada, en la Corte Suprema de EE. UU. El 10 de enero entraron provisoriamente en vigencia elementos clave de la polémica orden dictada por el presidente estadounidense Joe Biden de «vacunar o testear», que obliga a todos los trabajadores de las empresas con más de 100 empleados a vacunarse o someterse regularmente a pruebas de detección de la COVID-19. El mandato alcanza a casi 84 millones de estadounidenses y todas las miradas se centraron en la Corte Suprema, que el 13 de enero anuló la medida.
Con el apoyo de un enorme cuerpo de evidencia científica, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU. (OSHA, por su sigla en inglés) argumentó a favor del mandato, enfatizando que los trabajadores «enfrentan un grave peligro [...] en sus lugares de trabajo», pero la Federación Nacional de Empresas Independientes (National Federation of Independent Businesses) y 27 estados (todos controlados por republicanos) respondieron que la vacuna es «un procedimiento médico invasivo, irrevocable y forzoso» que no se debe imponer masivamente.
Aunque la cuestión técnica frente a la corte era si la OSHA contaba con autoridad legítima para hacer cumplir el mandato, los jueces también consideraron si la COVID-19 verdaderamente representa una amenaza distintiva en el trabajo. Sin embargo, con solo el 62 % de los estadounidenses vacunados, lo que está en juego era, y es, mucho más de lo que implican estas cuestiones. Se define si se debe permitir que el 38 % de los estadounidenses que se niegan a recibir la vacuna haga peligrar para la mayoría la posibilidad de ganarse la vida sin enfrentar riesgos innecesarios para su seguridad. E incluso este marco más amplio tampoco considera los riesgos que suponen quienes no se vacunan para los trabajadores del sector sanitario, los padres, las familias separadas, los pacientes que necesitan tratamientos no relacionados con la COVID-19, y todos los niños cuyo desarrollo se vio perturbado o malogrado.
CAMBRIDGE – El coronavirus está en todas partes: en el aire, en las superficies, en nuestros tractos respiratorios y, la semana pasada, en la Corte Suprema de EE. UU. El 10 de enero entraron provisoriamente en vigencia elementos clave de la polémica orden dictada por el presidente estadounidense Joe Biden de «vacunar o testear», que obliga a todos los trabajadores de las empresas con más de 100 empleados a vacunarse o someterse regularmente a pruebas de detección de la COVID-19. El mandato alcanza a casi 84 millones de estadounidenses y todas las miradas se centraron en la Corte Suprema, que el 13 de enero anuló la medida.
Con el apoyo de un enorme cuerpo de evidencia científica, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU. (OSHA, por su sigla en inglés) argumentó a favor del mandato, enfatizando que los trabajadores «enfrentan un grave peligro [...] en sus lugares de trabajo», pero la Federación Nacional de Empresas Independientes (National Federation of Independent Businesses) y 27 estados (todos controlados por republicanos) respondieron que la vacuna es «un procedimiento médico invasivo, irrevocable y forzoso» que no se debe imponer masivamente.
Aunque la cuestión técnica frente a la corte era si la OSHA contaba con autoridad legítima para hacer cumplir el mandato, los jueces también consideraron si la COVID-19 verdaderamente representa una amenaza distintiva en el trabajo. Sin embargo, con solo el 62 % de los estadounidenses vacunados, lo que está en juego era, y es, mucho más de lo que implican estas cuestiones. Se define si se debe permitir que el 38 % de los estadounidenses que se niegan a recibir la vacuna haga peligrar para la mayoría la posibilidad de ganarse la vida sin enfrentar riesgos innecesarios para su seguridad. E incluso este marco más amplio tampoco considera los riesgos que suponen quienes no se vacunan para los trabajadores del sector sanitario, los padres, las familias separadas, los pacientes que necesitan tratamientos no relacionados con la COVID-19, y todos los niños cuyo desarrollo se vio perturbado o malogrado.