CHICAGO – En la víspera de la asunción del presidente de los Estados Unidos Joe Biden, los defensores de los inmigrantes se mostraban optimistas respecto de que el gobierno entrante pusiera fin al Título 42, una regla misteriosa que durante la pandemia de COVID‑19 permitió a los agentes de frontera rechazar a migrantes que en otras condiciones hubieran tenido derecho a solicitar asilo. Investigando para mi próximo libro, Precarious Protections, entrevisté a abogados que trabajan en Los Ángeles con niños inmigrantes no acompañados, y me dijeron que confiaban en que la nueva administración reinstituyera el derecho a pedir asilo en los Estados Unidos. Pero no es lo que sucedió.
La idea de que los solicitantes de asilo engañan al sistema de inmigración estadounidense con pedidos fraudulentos es infundada. Lo cierto es que durante los gobiernos que precedieron a Biden (los de Barack Obama y Donald Trump), las autoridades migratorias de los Estados Unidos hicieron una interpretación demasiado estricta de la ley que no protegía a la mayoría de los niños vulnerables que huyen de la violencia asesina en Centroamérica.
Pero allí donde la administración Obama combinó la aplicación de la ley con medidas humanitarias, las políticas de Trump mostraron un desinterés explícito por los derechos humanos y el Estado de derecho, y esto sentó un precedente peligroso y al parecer duradero. Un buen ejemplo de ello es el Título 42. Se lo justificó como una medida excepcional para limitar la transmisión de la COVID‑19, pero jamás contó con el aval de los epidemiólogos. Sin embargo, eso no impidió a la administración Trump usar el Título 42 para restringir el derecho a pedir asilo, que está protegido por la legislación estadounidense e internacional.
CHICAGO – En la víspera de la asunción del presidente de los Estados Unidos Joe Biden, los defensores de los inmigrantes se mostraban optimistas respecto de que el gobierno entrante pusiera fin al Título 42, una regla misteriosa que durante la pandemia de COVID‑19 permitió a los agentes de frontera rechazar a migrantes que en otras condiciones hubieran tenido derecho a solicitar asilo. Investigando para mi próximo libro, Precarious Protections, entrevisté a abogados que trabajan en Los Ángeles con niños inmigrantes no acompañados, y me dijeron que confiaban en que la nueva administración reinstituyera el derecho a pedir asilo en los Estados Unidos. Pero no es lo que sucedió.
La idea de que los solicitantes de asilo engañan al sistema de inmigración estadounidense con pedidos fraudulentos es infundada. Lo cierto es que durante los gobiernos que precedieron a Biden (los de Barack Obama y Donald Trump), las autoridades migratorias de los Estados Unidos hicieron una interpretación demasiado estricta de la ley que no protegía a la mayoría de los niños vulnerables que huyen de la violencia asesina en Centroamérica.
Pero allí donde la administración Obama combinó la aplicación de la ley con medidas humanitarias, las políticas de Trump mostraron un desinterés explícito por los derechos humanos y el Estado de derecho, y esto sentó un precedente peligroso y al parecer duradero. Un buen ejemplo de ello es el Título 42. Se lo justificó como una medida excepcional para limitar la transmisión de la COVID‑19, pero jamás contó con el aval de los epidemiólogos. Sin embargo, eso no impidió a la administración Trump usar el Título 42 para restringir el derecho a pedir asilo, que está protegido por la legislación estadounidense e internacional.