MADRID – Lo menos que cabe calificar el año que termina es de intenso, por guardar . Lo cierto es que el mundo ha tenido que soportar tanta guerra, disrupción, tensión e incertidumbre que cabe cuestionar la supervivencia del orden mundial basado en reglas que ha guiado las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial.
El orden internacional de la posguerra no es perfecto; acarrea la disonancia de seguir estando dominado por sus líderes y arquitectos: Europa y especialmente Estados Unidos. Pero no hay que subestimar el valor de un sistema global que se basa en los valores liberales (en particular, el Estado de Derecho) y los perpetúa. Sistema en riesgo por el ataque y menoscabo a los valores sobre los que se construyó.
Según Naciones Unidas, el Estado de Derecho exige que «todas las personas, instituciones y entidades (…) incluido el propio Estado», estén sometidas a leyes «que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia», y que son «compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos». Pero hoy existen tres grandes fuerzas que oponen obstáculos crecientes al cumplimiento de estos criterios.
MADRID – Lo menos que cabe calificar el año que termina es de intenso, por guardar . Lo cierto es que el mundo ha tenido que soportar tanta guerra, disrupción, tensión e incertidumbre que cabe cuestionar la supervivencia del orden mundial basado en reglas que ha guiado las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial.
El orden internacional de la posguerra no es perfecto; acarrea la disonancia de seguir estando dominado por sus líderes y arquitectos: Europa y especialmente Estados Unidos. Pero no hay que subestimar el valor de un sistema global que se basa en los valores liberales (en particular, el Estado de Derecho) y los perpetúa. Sistema en riesgo por el ataque y menoscabo a los valores sobre los que se construyó.
Según Naciones Unidas, el Estado de Derecho exige que «todas las personas, instituciones y entidades (…) incluido el propio Estado», estén sometidas a leyes «que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia», y que son «compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos». Pero hoy existen tres grandes fuerzas que oponen obstáculos crecientes al cumplimiento de estos criterios.