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Muerte asistida: desde el “¿Debemos a hacerlo?” a “¿Quién debe hacerlo?”

En el pasado, apresurar intencionalmente la muerte de una persona siempre fue un crimen, sin importar las circunstancias. Sin embargo, las actitudes públicas han estado cambiando. Ayudar a una persona que ha pedido explícitamente morir se ve cada vez más como una acción justificable, especialmente en el contexto de una enfermedad terminal. Este es un resultado recurrente en las encuestas de opinión de los países occidentalizados.

Aún así, los entes legislativos son cautelosos a la hora de considerar posibles cambios a la ley. Hasta ahora, sólo Holanda, Bélgica y el estado de Oregon en los EE.UU. han puesto en vigencia una legislación explícita. No obstante, en muchos otros países, como el Reino Unido, Sudáfrica y Australia, están teniendo lugar discusiones políticas sobre cambios legales similares.

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A medida que se debilita la oposición total a la regulación legal de la muerte asistida, los problemas relacionados con cómo aplicarla en la práctica cobran mayor importancia. Por supuesto, está la pregunta de quién califica para una muerte asistida. ¿Serían sólo los enfermos terminales? ¿Deberían caer en esta categoría, por ejemplo, las etapas tempranas del Alzheimer? ¿O incluso cualquier enfermedad o discapacidad incurable? ¿Y qué hay de la gente cuya razón para desear morir no tiene relación alguna con su condición médica?

Hay también otra pregunta central que no ha recibido la atención que merece: ¿quién debería asumir en realidad la responsabilidad de la asistencia? En los debates públicos a menudo vemos el supuesto de que esta es una tarea de la profesión médica. A veces se menciona específicamente la práctica holandesa que permite que los médicos pongan fin a las vidas de sus pacientes si explícitamente lo piden así, siempre y cuando se cumplan ciertas precondiciones de procedimiento debido. Sigue siendo ilegal la asistencia para morir proporcionada por personas que no sean médicos. En un marco así de medicalizado, es moral y legalmente casi irrelevante quién administra finalmente la sustancia letal: si hay médicos participando estrechamente en el proceso, no hay razones para que no las deban administrar ellos mismos.

Aunque recientemente Bélgica imitó la manera holandesa de regular la eutanasia voluntaria activa en un marco estrictamente medicalizado, precisamente es éste el tipo de regulación que ha estado recibiendo cada vez más cuestionamientos. Los doctores han precisado que, al tiempo que una creciente mayoría de la población desea que este sea un servicio disponible, apresurar la muerte intencionalmente es aún inherentemente incompatible con los objetivos básicos de la medicina.

En este sentido, es interesante la Ley de Muerte con Dignidad de Oregon. Es claro que cualquier legislación en este ámbito requiere al menos algún grado de participación de un doctor, pero la Ley de Oregon reconoce el dilema fundamental que enfrentan los doctores al ser confrontados con la petición de un paciente de dar término a su vida, y trata de mantener esa participación en un nivel mínimo.

Los médicos de Oregon pueden escribir la receta de una sustancia letal si así lo solicita un paciente con una enfermedad terminal, siempre que puedan confirmar el pronóstico fatal, la capacidad del paciente de tomar decisiones, y le hayan informado sobre otras alternativas factibles, como la atención en un hospicio u opciones de control del dolor. No se exige que haya médicos en el momento del suicidio, y no están autorizados para administrar la sustancia letal.

En Oregon, el paciente decide con independencia del médico dónde y cuándo desea morir, o incluso arrepentirse de hacerlo. Compassion in Dying, una ONG no médica a favor del derecho a morir, participa de manera consultiva en la mayoría de estos casos.

Es interesante notar que la investigación sobre las razones de las personas que han anticipado su muerte de manera legal bajo la Ley de Muerte con Dignidad de Oregon revela que, en la mayoría de los casos, el temor al dolor y otros síntomas angustiantes no eran una preocupación importante. En lugar de ello, las razones principales resultaron ser los problemas relacionados con la independencia personal, mantener el control y no convertirse en una carga para los familiares, los amigos o el personal médico.

Los últimos acontecimientos en Holanda también han mostrado que la eutanasia se discute más en el contexto de la autonomía, el control y la elección racional que en el de síntomas médicos incontrolables. En tales casos, la decisión se basa principalmente en consideraciones personales y sociales, más que médicas.

Puesto que este marco se extiende mucho más allá de la profesión médica, no es de sorprender que hasta el momento ninguna asociación médica de lugar alguno del planeta se haya manifestado partidaria de la legislación holandesa. Si bien la Asociación Médica Holandesa no se opone al papel de la profesión en la práctica de la eutanasia, la evidencia actual sugiere una constante renuencia de los doctores médicos a informar casos de muerte asistida a las autoridades, y un retorno a prácticas más cercanas al contexto médico, como la sedación terminal.

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De modo que en todas partes existe una gran tensión entre la manera como el público y los doctores ven un posible acuerdo en el campo de la muerte asistida. Lo que está ocurriendo actualmente se podría describir como una lucha de poder sobre quién debe ser responsable por un servicio que cada vez más personas desean que esté disponible, pero en el que ningún grado de experiencia y conocimientos profesionales puede asegurar completamente que se tome la decisión correcta. Al mismo tiempo, una decisión incorrecta tiene consecuencias irreversibles y de largo alcance.

Se ha dicho que la muerte asistida es un tema fundamental en el debate sobre qué constituye una buena muerte; es también un punto central en la relación entre la profesión médica y la sociedad como un todo.