0

Un pacto de estabilidad externa para Europa

BERLIN – La actual crisis económica ha expuesto dos problemas fundamentales en el diseño de la Unión Monetaria Europea. El primero tiene que ver con la sustentabilidad de las finanzas públicas en una cantidad de estados miembro de la eurozona. Segundo, la coordinación inadecuada de las políticas macroeconómicas ha resultado en divergencias en la competitividad internacional para los miembros de la eurozona, amenazando la existencia misma del euro.

Los países cuyas finanzas públicas parecían fundamentalmente sólidas hasta el año pasado ahora están sometidos a una fuerte presión fiscal. Se espera que la deuda gubernamental de Irlanda aumente a casi el 80% del PBI para 2010, mientras que hace apenas un año la Comisión Europea proyectaba que la deuda gubernamental de Irlanda estaría por debajo del 30% del PBI. De la misma manera, mientras que se esperaba que España disminuyera su endeudamiento, su relación deuda-PBI probablemente se duplique entre 2007 y 2010, a más del 60%.

Los mecanismos de vigilancia fiscal de la UE no han logrado predecir estos desenlaces porque ignoran una variable crucial: la dinámica de la deuda del sector privado. Dados los altos costos económicos de una crisis bancaria, es probable que los gobiernos asuman los pasivos de su sector financiero cuando estalla una crisis -como ocurrió recientemente en el Reino Unido e Irlanda, y en las crisis financieras en América Latina y Asia en los años 1990-. Probablemente suceda lo mismo cuando los sectores empresariales clave se acercan a la insolvencia. Un país con finanzas públicas sólidas, por ende, puede desmadrarse fiscalmente casi de la noche a la mañana.

Dados los vínculos financieros y económicos cada vez más estrechos entre los miembros de la zona del euro, una creciente deuda gubernamental en un país de la UME puede tener consecuencias graves para todos los miembros, porque ningún estado miembro permitirá que otro entre en cesación de pagos. En consecuencia, los miembros de la UME indirectamente comparten el pasivo generado por la deuda del sector privado de los países miembro, que por esta razón debería monitorearse dentro del marco de vigilancia de la UME.