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Furia antiinmigrantes en las carreteras de Estados Unidos

Puesto que los países de América Latina se benefician de los miles de millones de dólares que sus compatriotas que viven en Estados Unidos envían a sus hogares de origen, deberían tomar nota de la manera como sus benefactores están siendo tratados por los funcionarios estadounidenses.

A pesar de su cantidad (el Urban Institute estima que en EE.UU. viven más de nueve millones de inmigrantes sin documentos, cifra superior a la población completa de países como Costa Rica y Nicaragua), el trabajador indocumentado ha sido desde hace mucho el saco de boxeo favorito de América del Norte. Lo maldicen el domingo y lo toman para que trabaje el lunes.

Los ataques contra los inmigrantes se intensificaron en febrero, cuando el Congreso de EE.UU. aprobó un proyecto de ley que haría ilegal que un estado otorgue licencias de conducir a trabajadores indocumentados. Nadie en Estados Unidos está escribiendo sobre esto ni prestándole mucha atención, ya que a pocos les interesa la suerte de los ilegales de EE.UU. Los trabajadores indocumentados recogen las cosechas estadounidenses, limpian las casas estadounidenses y sirven a los estadounidenses su comida, pero a muchos ciudadanos de EE.UU. su destino simplemente no les importa.

Casi cualquier minoría de nueve millones de miembros que representen miles de millones de dólares estaría levantando polvo en el Congreso si fuera víctima de un trato indigno. Pero el dinero que ganan los trabajadores indocumentados se va al exterior, para construir viviendas, comenzar negocios y cuidar de padres ancianos en toda América Latina; por eso, los países que se benefician de esta dadivosidad tienen la obligación de alzar la voz en favor de los ciudadanos que ayudan a mantener sus economías a flote. La congresista estadounidense Lina Sánchez dice que si los presidentes extranjeros no se manifiestan en pro de sus ciudadanos que viven en EE.UU, pocas otras voces lo harán.