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Una orden de detención que justifica la hipocresía

LONDRES – En este mes, el Tribunal Penal Internacional (TPI) ha respaldado la solicitud de su fiscal principal de que emitiera una orden de detención de Omar el-Bashir, Presidente del Sudán, con la acusación de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad. Éste respondió expulsando a los organismos extranjeros de ayuda que prestaban asistencia en los campos de refugiados de Darfur.

Es la primera vez que se ha procesado a un jefe de Estado en el poder por crímenes de guerra y la reacción en todo el mundo ha estado principalmente dividida entre los que han aclamado esa decisión como un gran paso adelante de la justicia internacional y quienes la han condenado como una forma de colonialismo. Las dos posiciones están irremediablemente sumidas en una confusión moral e intelectual.

La orden no ha sido un salto adelante. Desde el punto de vista jurídico, no hay diferencia entre que el acusado sea un jefe de Estado en el poder o un ex jefe de Estado, pero sí que hay una enorme diferencia práctica, en el sentido de que un gobernante en ejercicio puede causar mucho más daño a su pueblo en el futuro que un ex gobernante, por lo que no se le debe brindar incentivo alguno para tomar represalias.

A consecuencia de las políticas de Bashir, se calcula que unas 300.000 personas han muerto y 2,7 millones han quedado desplazadas en Darfur. La expulsión de los organismos de ayuda ha puesto a más de un millón de darfuríes en peligro de epidemias e inanición. De conformidad con el estatuto por el que se creó el TPI, el fiscal debe velar por que todos los procesamientos redunden en provecho de las víctimas, además de la justicia, pero, para juristas como el fiscal del TPI, las exigencias abstractas de la justicia son más importantes que deber de protección alguno. En este caso, la justicia ha ido acompañada de fechas envenenadas.