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Un presidente en el banquillo

NUEVA YORK –  En cierto modo, el revuelo causado por la decisión del Tribunal Penal Internacional (TPI) de procesar al Presidente del Sudán, Omar al-Bashir, por crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad en Darfur es una sorpresa. Al fin y al cabo, el Tribunal no dispone de medios propios para detener a nadie en el Sudán y mucho menos a un Jefe de Estado que es el comandante de las fuerzas armadas. Tampoco existe posibilidad alguna de que alguien intervenga en el Sudán para hacerlo. Si bien el fiscal jefe del TPI, Luis Moreno Ocampo, ha expresado su confianza en que Bashir será llevado ante la justicia, no está claro cómo se hará, pero podría suceder.

Pese a la aparente impotencia del TPI, los dirigentes de muchos gobiernos se han esforzado al máximo para paralizar el procesamiento. No parece preocuparles que las acusaciones pudieran ser injustas, sino que parecen demostrar solidaridad con un colega jefe de Estado.

Entre quienes denuncian el intento de juzgar a Bashir figuran los grandes bloques de países que son miembros de la Organización de la Conferencia Islámica y la Unión Africana, junto con Estados poderosos, como, por ejemplo, China y Rusia. Sólo podemos hacer suposiciones sobre si algunos de los que participan de esa actitud están motivados por la preocupación por que ellos mismos afronten algún día acusaciones como las lanzadas contra Bashir por los jueces del TPI.

Aunque Bashir podría evitar su detención simplemente limitando sus viajes internacionales, la conmoción provocada por la inculpación no es irracional. Las acusaciones tienen un poderoso efecto estigmatizador.