LAGOS – La violencia ha vuelto a crecer vertiginosamente en la volátil región de los Grandes Lagos de África, a 30 años —este mes— del genocidio de Ruanda, donde murieron 800 000 personas y 2 millones más se vieron obligadas a desplazarse —los refugiados huyeron hacia la zona occidental de la República Democrática del Congo (RDC), que se convirtió en el epicentro de un conflicto cuya solución resulta cada vez más difícil, lo que algunos ahora llaman la «guerra africana de los 30 años»—.
Desde el derrocamiento del dictador cleptocrático Mobutu Sese Seko en 1997, los sucesivos gobiernos de la RDC han sido incapaces de garantizar la seguridad fronteriza y gobernar grandes áreas al este del país, donde aproximadamente 6 millones de personas fueron asesinadas y otros 7 millones se vieron obligadas a desplazarse a otros sitios de la República. La anarquía en ese vasto territorio permitió que tanto fuerzas locales como otras respaldadas desde el extranjero saquearan sistemáticamente —en especial, durante los últimos años— sus grandes depósitos de cobalto, coltán, cobre, oro, diamantes y otros minerales.
Los organismos regionales africanos, las potencias exteriores y las Naciones Unidas —que ha desplegado misiones de paz en la RDC durante 25 años— fueron incapaces de poner freno a la violencia. Para evitar una escalada, y en última instancia poner fin al conflicto, los interlocutores locales, regionales e internacionales de la RDC deben entender la compleja dinámica existente.
En el corazón de la crisis actual hay graves tensiones entre la RDC y Ruanda —cuyo presidente, el autócrata Paul Kagame, probablemente extienda su gobierno, de casi un cuarto de siglo, en las elecciones de julio—. Kagame ha acusado al gobierno de la RDC de apoyar a las milicias genocidas hutus, tratar de expulsar a los tutsis congoleños y negarse a negociar para poner fin a la lucha. La RDC, mientras tanto, se negó a negociar con el Movimiento 23 de Marzo (M23), un grupo rebelde con respaldo ruandés emplazado en la región oriental del Congo, y solicitó a Kagame que retire las tropas ruandesas de la RDC y desmovilice al M23.
Sus vecinos, Uganda y Burundi han desempeñado un papel más ambiguo en el conflicto. Ambas fueron acusadas (al igual que Ruanda) de contrabandear oro y otros recursos para sacarlos de la RDC. Pero, a pesar de la incómoda tregua con Ruanda, el gobierno ugandés ha lanzado una operación conjunta con la RDC contra las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA), un grupo extremista islámico que opera en ambos países. Burundi ha acusado a Ruanda de apoyar a los rebeldes burundeses en el Congo oriental y recientemente envió tropas a la región amparándose en un acuerdo bilateral con el gobierno de la RDC.
La desesperada situación se ve exacerbada en las provincias de Kivu e Ituri, ricas en minerales, donde se han generalizado las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército congolés y algunos vigilantes de las Mai-Mai (fuerzas locales de autodefensa). Y eso sin mencionar a las más de 100 milicias que operan en la región. Tan solo el año pasado, esos grupos armados obligaron a un millón de personas a desplazarse. En febrero hubo violentos enfrentamientos cuando el M23 rodeó a la gran ciudad de Goma, capital de Kivu del Norte. La FDA y la Cooperativa para el desarrollo del Congo (CODECO, por su sigla en francés) supuestamente asesinaron a cientos de personas y cometieron actos de violencia sexual.
Los esfuerzos por la paz en los Grandes Lagos son igualmente difíciles. En 2022, el errático presidente congolés Félix Tshisekediinvitó a fuerzas de paz de la Comunidad de África Oriental (Burundi, Kenia, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda) —de las que también es miembro— para luego criticar su falta de voluntad para combatir al M23 y maquinar su partida. Más tarde, en diciembre del año pasado, Tshisekedi invitó a una misión de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por su sigla en inglés) —formada por 2900 combatientes de Malaui, Sudáfrica y Tanzania— a pesar de la vehemente oposición de Ruanda. Pero es poco probable que las fuerzas de paz de la SADC participen en una guerra a gran escala contra Ruanda y el M23 (lo que en última instancia desea Tshisekedi). Por otra parte, la reciente muerte en la RDC de dos soldados sudafricanos causó alarma entre los responsables políticos de su país.
Resulta preocupante que la misión de paz de la ONU se retirará de la RDC (a pedido del gobierno congolés) a fines de 2024. Los miembros africanos actuales del Consejo de Seguridad de la ONU —Argelia, Mozambique y Sierra Leona— están trabajando estrechamente con Guyana para garantizar que se mantenga el apoyo financiero y logístico a la misión de la SADC, mientras advierten a la ONU que no debe dejar un «vacío de seguridad» en la RDC.
Los gobiernos extranjeros también están actuando en la región de los Grandes Lagos. Estados Unidos, cuya participación fue fundamental para detener la marcha del M23 hacia Goma en 2013 (retuvo la asistencia a Ruanda), ha procurado mediar entre la RDC y Ruanda (además adoptó una postura más dura frente a Ruanda en los últimos años: suspendió su asistencia militar, instó al país a retirar sus tropas y misiles tierra-aire de la RDC, y condenó su apoyo al M23). Igualmente importante fue el cuestionamiento de EE. UU. a las contribuciones de Ruanda a las campañas de paz de la ONU en la República Centroafricana y Sudán del Sur, que Ruanda suele usar para desviar la presión que recibe por sus acciones en la RDC.
La mayoría de las demás potencias ha actuado en beneficio propio: a pesar de respaldar en parte las críticas, estadounidenses, Francia incrementó su apoyo financiero a Ruanda, que desplegó 2500 efectivos en Mozambique para proteger de los insurgentes locales a una planta de procesamiento de gas que pertenece al gigante petrolero francés TotalEnergies. En febrero, la Unión Europea firmó un memorando de entendimiento con Ruanda para la explotación de minerales críticos (a pesar del saqueo que está llevando a cabo en la RDC), lo que causó la ira de los funcionarios congoleños. China, contra quien la UE compite por materias primas, ha invertido fuertemente en el sector del cobalto de la RDC.
Para solucionar la crisis de los Grandes Lagos habrá que coordinar con los actores regionales y externos. Los países occidentales deben condicionar su asistencia a Ruanda a que retire las tropas de la región oriental de la RDC y deje de apoyar al M23. Ruanda, Uganda y Burundi debieran además enfrentar graves consecuencias por los saqueos y el tráfico ilícito de minerales de la RDC. Finalmente, hay que reducir de manera sustancial el papel de Ruanda en las misiones de paz de la ONU.
A nivel interno, la RDC debe solucionar la corrupción generalizada, mejorar la gobernanza democrática y poner freno a las fuerzas genocidas y los mercenarios occidentales. Y la Unión Africana debe cubrir las brechas de las misiones de paz ocupándose, entre otras cosas, de impulsar la misión de la SADC para que pueda trabajar más estrechamente con las fuerzas de paz de la ONU; pero lo más importante es que la ONU no debe retirarse de manera precipitada y sin planearlo de lo que su secretario general, António Guterres, describió correctamente como «una crisis humanitaria prolongada a la que, en gran medida, no se prestó atención».
Traducción al español por Ant-Translation
LAGOS – La violencia ha vuelto a crecer vertiginosamente en la volátil región de los Grandes Lagos de África, a 30 años —este mes— del genocidio de Ruanda, donde murieron 800 000 personas y 2 millones más se vieron obligadas a desplazarse —los refugiados huyeron hacia la zona occidental de la República Democrática del Congo (RDC), que se convirtió en el epicentro de un conflicto cuya solución resulta cada vez más difícil, lo que algunos ahora llaman la «guerra africana de los 30 años»—.
Desde el derrocamiento del dictador cleptocrático Mobutu Sese Seko en 1997, los sucesivos gobiernos de la RDC han sido incapaces de garantizar la seguridad fronteriza y gobernar grandes áreas al este del país, donde aproximadamente 6 millones de personas fueron asesinadas y otros 7 millones se vieron obligadas a desplazarse a otros sitios de la República. La anarquía en ese vasto territorio permitió que tanto fuerzas locales como otras respaldadas desde el extranjero saquearan sistemáticamente —en especial, durante los últimos años— sus grandes depósitos de cobalto, coltán, cobre, oro, diamantes y otros minerales.
Los organismos regionales africanos, las potencias exteriores y las Naciones Unidas —que ha desplegado misiones de paz en la RDC durante 25 años— fueron incapaces de poner freno a la violencia. Para evitar una escalada, y en última instancia poner fin al conflicto, los interlocutores locales, regionales e internacionales de la RDC deben entender la compleja dinámica existente.
En el corazón de la crisis actual hay graves tensiones entre la RDC y Ruanda —cuyo presidente, el autócrata Paul Kagame, probablemente extienda su gobierno, de casi un cuarto de siglo, en las elecciones de julio—. Kagame ha acusado al gobierno de la RDC de apoyar a las milicias genocidas hutus, tratar de expulsar a los tutsis congoleños y negarse a negociar para poner fin a la lucha. La RDC, mientras tanto, se negó a negociar con el Movimiento 23 de Marzo (M23), un grupo rebelde con respaldo ruandés emplazado en la región oriental del Congo, y solicitó a Kagame que retire las tropas ruandesas de la RDC y desmovilice al M23.
Sus vecinos, Uganda y Burundi han desempeñado un papel más ambiguo en el conflicto. Ambas fueron acusadas (al igual que Ruanda) de contrabandear oro y otros recursos para sacarlos de la RDC. Pero, a pesar de la incómoda tregua con Ruanda, el gobierno ugandés ha lanzado una operación conjunta con la RDC contra las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA), un grupo extremista islámico que opera en ambos países. Burundi ha acusado a Ruanda de apoyar a los rebeldes burundeses en el Congo oriental y recientemente envió tropas a la región amparándose en un acuerdo bilateral con el gobierno de la RDC.
La desesperada situación se ve exacerbada en las provincias de Kivu e Ituri, ricas en minerales, donde se han generalizado las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército congolés y algunos vigilantes de las Mai-Mai (fuerzas locales de autodefensa). Y eso sin mencionar a las más de 100 milicias que operan en la región. Tan solo el año pasado, esos grupos armados obligaron a un millón de personas a desplazarse. En febrero hubo violentos enfrentamientos cuando el M23 rodeó a la gran ciudad de Goma, capital de Kivu del Norte. La FDA y la Cooperativa para el desarrollo del Congo (CODECO, por su sigla en francés) supuestamente asesinaron a cientos de personas y cometieron actos de violencia sexual.
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Los esfuerzos por la paz en los Grandes Lagos son igualmente difíciles. En 2022, el errático presidente congolés Félix Tshisekediinvitó a fuerzas de paz de la Comunidad de África Oriental (Burundi, Kenia, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda) —de las que también es miembro— para luego criticar su falta de voluntad para combatir al M23 y maquinar su partida. Más tarde, en diciembre del año pasado, Tshisekedi invitó a una misión de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por su sigla en inglés) —formada por 2900 combatientes de Malaui, Sudáfrica y Tanzania— a pesar de la vehemente oposición de Ruanda. Pero es poco probable que las fuerzas de paz de la SADC participen en una guerra a gran escala contra Ruanda y el M23 (lo que en última instancia desea Tshisekedi). Por otra parte, la reciente muerte en la RDC de dos soldados sudafricanos causó alarma entre los responsables políticos de su país.
Resulta preocupante que la misión de paz de la ONU se retirará de la RDC (a pedido del gobierno congolés) a fines de 2024. Los miembros africanos actuales del Consejo de Seguridad de la ONU —Argelia, Mozambique y Sierra Leona— están trabajando estrechamente con Guyana para garantizar que se mantenga el apoyo financiero y logístico a la misión de la SADC, mientras advierten a la ONU que no debe dejar un «vacío de seguridad» en la RDC.
Los gobiernos extranjeros también están actuando en la región de los Grandes Lagos. Estados Unidos, cuya participación fue fundamental para detener la marcha del M23 hacia Goma en 2013 (retuvo la asistencia a Ruanda), ha procurado mediar entre la RDC y Ruanda (además adoptó una postura más dura frente a Ruanda en los últimos años: suspendió su asistencia militar, instó al país a retirar sus tropas y misiles tierra-aire de la RDC, y condenó su apoyo al M23). Igualmente importante fue el cuestionamiento de EE. UU. a las contribuciones de Ruanda a las campañas de paz de la ONU en la República Centroafricana y Sudán del Sur, que Ruanda suele usar para desviar la presión que recibe por sus acciones en la RDC.
La mayoría de las demás potencias ha actuado en beneficio propio: a pesar de respaldar en parte las críticas, estadounidenses, Francia incrementó su apoyo financiero a Ruanda, que desplegó 2500 efectivos en Mozambique para proteger de los insurgentes locales a una planta de procesamiento de gas que pertenece al gigante petrolero francés TotalEnergies. En febrero, la Unión Europea firmó un memorando de entendimiento con Ruanda para la explotación de minerales críticos (a pesar del saqueo que está llevando a cabo en la RDC), lo que causó la ira de los funcionarios congoleños. China, contra quien la UE compite por materias primas, ha invertido fuertemente en el sector del cobalto de la RDC.
Para solucionar la crisis de los Grandes Lagos habrá que coordinar con los actores regionales y externos. Los países occidentales deben condicionar su asistencia a Ruanda a que retire las tropas de la región oriental de la RDC y deje de apoyar al M23. Ruanda, Uganda y Burundi debieran además enfrentar graves consecuencias por los saqueos y el tráfico ilícito de minerales de la RDC. Finalmente, hay que reducir de manera sustancial el papel de Ruanda en las misiones de paz de la ONU.
A nivel interno, la RDC debe solucionar la corrupción generalizada, mejorar la gobernanza democrática y poner freno a las fuerzas genocidas y los mercenarios occidentales. Y la Unión Africana debe cubrir las brechas de las misiones de paz ocupándose, entre otras cosas, de impulsar la misión de la SADC para que pueda trabajar más estrechamente con las fuerzas de paz de la ONU; pero lo más importante es que la ONU no debe retirarse de manera precipitada y sin planearlo de lo que su secretario general, António Guterres, describió correctamente como «una crisis humanitaria prolongada a la que, en gran medida, no se prestó atención».
Traducción al español por Ant-Translation