JOHANESBURGO – El retiro de Morgan Tsvangirai de las elecciones presidenciales previstas para el 27 de junio y su decisión de buscar la protección de la embajada holandesa en Pretoria le ha dado al presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, una victoria pírrica. Mugabe obtiene el triunfo a un costo enorme para la democracia y la estabilidad de Zimbabwe y de la región. Las acciones de su régimen durante el proceso que condujo a la decisión de Tsvangirai exigen una firme respuesta regional ante lo que claramente es una victoria robada. En efecto, la permanencia de Mugabe en el poder representa el desafío más importante para las incipientes instituciones democráticas de África y para la visión de Sudáfrica de un continente donde imperen la paz y la prosperidad.

Tras haber participado en cada elección desde 2000, el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC por sus siglas en inglés) de Tsvangirai ha cambiado renuentemente de táctica. Bajo las circunstancias, Sudáfrica y la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC por sus siglas en inglés) deben reevaluar con urgencia no sólo su relación con Mugabe, sino la forma en la que abordarán una elección en la que no participe la oposición.

Muchas declaraciones adoptadas a lo largo de los años por la SADC y la Unión Africana se refieren a la celebración de elecciones en el continente. Entre ellas se encuentran los Principios y directrices que rigen las elecciones democráticas (2004), la Carta Africana sobre la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza (2007) y la Declaración de principios que rigen las elecciones democráticas en África (2002). Ninguno de esos principios se han respetado en Zimbabwe, y los líderes regionales no han citado su violación como motivo para censurar al gobierno de Mugabe.

Desafortunadamente hay un precedente reciente para este tipo de conducta: los gobernantes de Kenya también ignoraron y retorcieron el Estado de derecho y la integridad del proceso electoral y recurrieron a la violencia para obtener un resultado político que sus conciudadanos les habían negado.

Ocuparse eficientemente de la inestabilidad política en África requiere dos cosas: la voluntad política de los Estados clave para respaldar el proceso democrático e instituciones regionales fuertes que proporcionen un marco jurídico que refleje los principios en que se basa la conducta de los Estados. La efectividad de las instituciones y el papel de las potencias regionales están vinculados. Las instituciones regionales sólo pueden arraigarse si sus miembros promueven la adhesión al espíritu y la letra de sus marcos jurídicos.

En ambos casos, Sudáfrica –la potencia regional que tiene la mayor influencia sobre Zimbabwe—debe desempeñar un papel central. Pero, ¿ realmente se considera Sudáfrica a sí misma como una potencia regional? Sus relaciones con Mugabe en los últimos años de hecho han restado importancia a su influencia. Sin embargo, la condición de potencia regional exige a veces que se utilice esa influencia para el bien de la región.

¿Qué debe hacer Sudáfrica ahora? ¿Debe acaso el Presidente Thabo Mbeki renunciar a ser el mediador en la crisis de Zimbabwe, no porque haya fracasado sino para librar a Sudáfrica de las limitaciones que significa ser mediador?

La estabilidad conviene a los intereses de Sudáfrica y puede aplicar presión al régimen de Mugabe, aunque se ha rehusado a considerar cualquier tipo de sanción por el impacto que tendría en los pobres. Sudáfrica debe utilizar las crecientes preocupaciones de los vecinos de Zimbabwe (Angola, Botswana, Tanzania y Zambia) por la crisis política y formar un frente unido dentro de la SADC que envíe a Mugabe y a sus generales un claro mensaje de que la región ya no tolerará sus acciones.

La SADC no debe reconocer una victoria del régimen en elecciones donde no haya participado la oposición. Debe insistir en que todos los líderes y miembros de la oposición sean liberados inmediatamente y en que se ponga un fin a la violencia patrocinada por el Estado. Debe enviar a un grupo de personajes africanos de alto nivel y de líderes internacionales a Zimbabwe y observadores para la paz con objeto de asegurarse de que el gobierno cumpla estas exigencias.

La censura de la SADC al gobierno de Mugabe debe estar apoyada con acciones concretas como restricciones a los flujos de armas hacia Zimbabwe, limitaciones a los viajes de los principales funcionarios del ZANU-PF, partido gobernante del país, y amenazas de incautación de propiedades y congelación de activos financieros en la región y más allá.

Mbeki y otros líderes de la SADC deben reconocer un punto clave. De conformidad con las opiniones jurídicas encargadas por el  Centro de Litigios de Sudáfrica, la Ley Electoral de Zimbabwe dispone que si se retrasa o cancela un proceso legal, el candidato que haya obtenido más votos en las elecciones del 29 de marzo de 2008 será declarado presidente.

Además, la participación de Sudáfrica  fue decisiva en la redacción de la declaración sobre cambios no constitucionales de gobierno adoptada por la Organización de la Unidad Africana, la antecesora de la UA, en 1999. La forma en que se ha llevado a cabo el proceso electoral en Zimbabwe desde marzo ha sido una continuación no constitucional de un gobierno. La declaración estipula claramente que la negativa de un gobierno a entregar el poder al partido ganador tras un proceso electoral libre justo y regular es anticonstitucional.

Si Sudáfrica considera que habla en nombre de África en la escena mundial y que está creando una visión para el futuro del continente, debe saber cuándo liderar y cuando crear consensos. Esto no es fácil, pero Sudáfrica ahora debe actuar con determinación  para limpiar su manchada imagen como potencia regional responsable. El enfoque de "no pasa nada" ya no es viable en la política exterior de Sudáfrica.