¿Quién dice que el África francófona no puede prosperar? La Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEMAC por sus siglas en inglés), con seis países y aproximadamente 30 millones de personas está despegando. Guinea Ecuatorial y Chad, ahora las estrellas más brillantes de la CEMAC, han pasado del olvido a los primeros lugares entre los exportadores de petróleo. A ellos sumemos los dos exportadores tradicionales, el Congo y Camerún, y la zona de la CEMAC se presenta como un mercado cada vez más atractivo para los inversionistas extranjeros y las empresas locales. ¿Pero impondrá el  rápido desarrollo un costo excesivamente alto en términos de derechos humanos?

La talla económica de la región aumentó en el año 2003 con la llegada del oleoducto Chad-Camerún, un proyecto de 4.2 mil millones de dólares que se realizó con la mediación del Banco Mundial y que se espera aumente la exploración y producción en Chad y en sitios marinos en las costas de Guinea Ecuatorial, y que distribuya los beneficios más ampliamente. Por ejemplo, dado que el oleoducto cruza 890 kilómetros de su territorio, Camerún recibirá 540 millones de dólares anuales por concepto de derechos y regalías en los próximos 25 a 30 años.

Todo esto ha sido posible gracias a lo que se ha considerado, vistos los parámetros históricos, como un período excepcional de estabilidad política. El petróleo se descubrió en Doba, región del sur de Chad, en 1975 y hasta ahora se han perforado 300 pozos. Pero ninguna de las reservas se pudo explotar sino hasta 1988 cuando la larga guerra civil en Chad finalmente terminó.

Con el subsecuente auge petrolero uno habría esperado que la suerte de los cameruneses y de los chadianos mejorara a nivel individual, local y nacional. Pero en lugar de eso vemos un panorama de pobreza generalizada en medio de un ambiente de corrupción endémica y malos manejos gubernamentales. Hasta ahora, ni en Camerún ni en Chad, los gobiernos han estado dispuestos a publicar ningún registro de ingresos relativos al proyecto del oleoducto.

Esta falta de transparencia no es sorprendente. En efecto, el oleoducto Chad-Camerún --el mayor proyecto de inversión extranjera de su tipo en el África Subsahariana, que abarca una trayectoria de 1070 kilómetros desde Doba hasta el puerto atlántico de Kribi en Camerún-- se realizó en medio de una considerable controversia sobre sus beneficios para los ciudadanos comunes.

Por esta razón el Banco Mundial impuso condiciones estrictas a Chad y Camerún. A ambos países se les exigió un depósito del 10% de los ingresos petroleros esperados en una cuenta extranjera bloqueada prevista para las futuras generaciones. Al menos 80% tenía que invertirse en escuelas, salud, caminos, electricidad y suministro de agua potable, mientras que el 5% tenía que destinarse a las áreas productoras de petróleo y a los asentamientos a lo largo de la ruta del oleoducto. También se realizarían auditorías públicas de las cuentas del petróleo.

Además Chad y Camerún tenían que contribuir, cada uno, con 140 millones de dólares al proyecto, aunque esta suma la pagaron en su totalidad el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones. Durante sus 20 meses de construcción, el proyecto prometió oportunidades de negocios a subcontratistas, compensaciones a comunidades e individuos por las propiedades que se destruyeron, 435 kilómetros de caminos y más de 7000 empleos.

El petróleo empezó a fluir por el oleoducto en julio 2003, 16 meses antes de la fecha prevista, con un flujo que llegó a los 225,000 barriles por día a finales de ese año. Ahora, 30 meses más tarde, los grupos de interés y el público están preguntando airadamente por la riqueza del petróleo que aún no los ha beneficiado. Se le ha puesto mucha atención a las condiciones de los llamados "acuerdos de los gobiernos anfitriones" entre el consorcio financiero encabezado por ExxonMobil y los gobiernos de Chad y Camerún para regir la construcción y operación de los campos petroleros de Doba y del oleoducto.

De acuerdo con un nuevo informe publicado en septiembre por Amnistía Internacional, Contratos a costa de los derechos humanos: el proyecto del oleoducto Chad-Camerún, el oleoducto significa un riesgo de que se congele la protección de los derechos humanos de los numerosos chadianos y cameruneses que viven a lo largo de su trayecto. El informe dice que los acuerdos de los países anfitriones ponen un precio a la protección de los derechos humanos al imponer grandes penas financieras en caso de que las operaciones de los campos petroleros o del oleoducto se interrumpan -incluso cuando se trate de hacer cumplir leyes válidas. Esto constituye una poderosa disuasión  para Chad y Camerún de actuar en contra de abusos de las empresas o para defender a los individuos afectados negativamente por el proyecto.

Esta conclusión no es una mera abstracción. La realización del proyecto ya generó supuestos abusos en contra de los derechos humanos de los campesinos pobres de la región, quienes alegan que se les ha negado el ingreso a sus tierras. De igual manera, se ha informado que hay  aldeas a las que se les ha negado el acceso a su única fuente de agua potable mientras que el oleoducto amenaza seriamente el sustento de los pescadores de Kribi. Los acuerdos de los gobiernos anfitriones dejan abierta la puerta para futuros abusos, sin un resarcimiento efectivo por el tiempo que dure el proyecto -hasta 70 años.

Además, los acuerdos no son transparentes, ya que se consideraron comercialmente confidenciales y fueron por lo tanto resguardados del escrutinio público -hasta que se aprobaron como leyes. Amnistía Internacional argumenta que es más probable que se respeten los derechos humanos cuando los acuerdos jurídicos detrás de los proyectos grandes de infraestructura se conocen de antemano, y  adjudica parte de la responsabilidad de los riesgos planteados a Chad y Camerún al Banco Mundial y su brazo crediticio, la Corporación Financiera Internacional.

El oleoducto Chad-Camerún es un proyecto africano que no nació muerto y no se puede permitir que fracase. Por ejemplo, los ingresos petroleros anuales de Chad de 2 mil millones de dólares ahora representan entre 40 y 50% de su presupuesto anual y es probable que le sigan pequeños negocios, inversiones indirectas, desarrollo de recursos humanos y otros beneficios secundarios.

Todo esto de debe agradecer. Pero ignorar los derechos fundamentales de la gente bien puede hacer retroceder a la región a una época cuando nada de eso era posible.