El rechazo de los votantes franceses y holandeses a la Constitución de la Unión Europea nos obliga a pensar más allá de ese tratado. Esto se desprende del debate actual sobre el presupuesto de la Comunidad. Las victorias del "no" muestran que los argumentos basados en la soberanía que se oponen a cualquier tipo de unión política europea están avanzando. Los euroescépticos, al parecer, están ganando terreno en todas partes y una cierta xenofobia está aumentando.

Pero la xenofobia y la soberanía no fueron las razones primordiales que propiciaron los votos del "no". Por encima de todo, los votos del "no" en Francia y Holanda - y el descontento creciente en otros Estados miembros como Alemania- son el resultado de la incapacidad de los gobiernos nacionales y de la Unión para responder con eficacia a los problemas que más preocupan a los ciudadanos. No sólo los antieuropeos rechazaron la constitución; nada más lejos de eso.

De hecho, muchos europeos instan a la UE a reducir el desempleo y a intervenir decisivamente en la arena internacional. Muchos interpretaron la división interna de Europa sobre la guerra en Irak, con la oposición abrumadora de los ciudadanos comunes a la intervención militar, como un signo de debilidad de la Unión.

Pero la respuesta a tales dudas y consternación es más Europa, no menos. La cumbre del Consejo europeo el 16 y 17 de junio debe de dar una señal clara de que reconoce esto.

La mayoría de los que apoyan la Constitución creen que no sólo va a ayudar a construir una Europa de ciudadanos sino que también creará mejores condiciones para el desarrollo económico europeo y para que la UE actúe de manera global. Están en lo correcto. Sería imprudente asumir que el "no" francés y el holandés no se debieron al descontento con las políticas de la Unión; pero ese enojo iba dirigido contra los gobiernos francés y holandés, y no contra Europa misma.

El hecho es que los ciudadanos en todos los Estados miembros de la UE están cada vez más concientes de que las políticas nacionales están determinadas por la toma de decisiones a nivel europeo, sobre la cual ellos tienen poca influencia. La Constitución europea poco tiene que ver con esto, pero los referendos nunca se reducen a las preguntas que de hecho se plantean a los ciudadanos. En lugar de eso, dan la oportunidad a los ciudadanos para expresar lo que sienten sobre las decisiones que sus gobiernos toman, en particular en el marco de la UE.

Las elecciones para el Parlamento europeo en 2004 ya habían mostrado que el nivel de descontento con la Unión era alto. Los votantes castigaron duramente a casi todos los gobiernos nacionales. Con todo, nadie pensó que esa elección cambiara el curso de Europa.

Por encima de todo, los referendos francés y holandés confirmaron que la política en la Unión se realiza ahora "en las calles" y que ya no es posible "construir" a Europa a distancia y con sigilo. Esto significa que los gobiernos de la UE deben responder a las inquietudes populares y hacer a la Unión más transparente y democrática.

Esto sería mucho más fácil con la Constitución en vigor, pero hay medidas que pueden y deben adoptarse ahora para hacer que eso sea posible. Primero, el presupuesto de la comunidad debe estructurarse de tal manera que tenga un impacto significativo en el crecimiento y el empleo (un regreso al voluntarismo de las medidas Delors, aplicadas ahora a la estrategia de Lisboa).

Segundo, los gobiernos europeos deben mostrar un compromiso real para actuar en conjunto. Una oportunidad clave se presenta en la celebración del décimo aniversario de la Declaración de Barcelona para definir una posición común a fin de apoyar el cambio democrático en el Mediterráneo al dejar de apoyar el status quo político en la región.

Por último, cuando haya asuntos legislativos en discusión, las reuniones del Consejo deben ser públicas, para que los ciudadanos puedan saber quién voto por qué cosa y con qué criterio.

Todo esto puede decidirse en el próximo Consejo Europeo, aun antes de que el problema constitucional se resuelva. Este tipo de acción tiene más probabilidades de recuperar a los ciudadanos escépticos que cualquier campaña de información por bien diseñada que esté.

Al mismo tiempo, es necesario resolver el impasse constitucional. Como ya lo propuso la Convención, esto significaría separar los asuntos constitucionales per se de la política de la Unión. Las innovaciones reales se encuentran en las Partes I y II de la propuesta de Constitución, en la definición de la identidad normativa y política de la Unión, sus competencias, el nuevo equilibrio institucional --incluyendo la creación de un Ministerio Europeo de Asuntos Exteriores-- y, por último, pero no por ello menos importante, la introducción de una Carta de Derechos.

La parte que en efecto se rechazó y que genera la mayoría de las preocupaciones entre los ciudadanos de los Estados miembros está en la Parte III, que se centra en políticas de la Unión como el mercado común, la política de competencia y la política agrícola común. Así, la primera y segunda partes podrían ratificarse sin negociaciones nuevas y podrían formar la base para el nuevo Tratado, de forma que el Tratado de Niza todavía sería válido y el debate sobre el modelo social europeo continuaría.

Es vital reafirmar la esencia normativa del Tratado Constitucional para proteger el mayor logro de la Convención Constitucional. La diversidad e inclusión, a través de la integración de las democracias europeas con un proyecto común, sigue siendo el gran regalo de Europa al mundo. Es lo que ha hecho a Europa un "bien público internacional" citando la elocuente frase del ex ministro de asuntos exteriores brasileño Celso Lafer.

Esa Europa está mejor situada para contribuir a un orden internacional más justo que la Europa más cerrada y amargada que los xenófobos tienen en mente. Para que Europa siga siendo una promesa para el mundo debe crecer como un bien público para todos sus ciudadanos. Europa y los europeos no pueden esperar a que un nuevo tratado muestre que la Unión puede cumplir esa promesa.