EL CAIRO – "No importa cuál sea la mayoría en la Asamblea del Pueblo, son muy bienvenidos, porque no tendrán la capacidad de imponer nada que la gente no quiera". Estas fueron las palabras del general Mukhtar al-Mulla, miembro del gobernante Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF por su sigla en inglés) de Egipto.

El mensaje de al-Mulla se refería a que la victoria de los islamistas en las recientes elecciones de Egipto no les da ni  poder ejecutivo ni control del marco para una nueva constitución. Pero el general Sami Anan, jefe de estado mayor y subdirector del SCAF, rápidamente replicó diciendo que la declaración de al-Mulla no necesariamente representa las opiniones oficiales del Consejo.

De modo que, un año después de la revolución que derrocó a Hosni Mubarak, ¿quién exactamente marcará la dirección política de Egipto?

La victoria electoral del brazo político de la Hermandad Musulmana y los partidos salafi, que en conjunto obtuvieron más del 70% de las bancas parlamentarias, les otorgará una fuerte influencia en el período de transición y en la redacción de la constitución. Pero no están solos. Además de los islamistas, otros dos actores poderosos tendrán incidencia: los "tahriristas" y los generales.

El activismo que tuvo el epicentro en la Plaza Tahrir no sólo generó un cambio social y político, sino que también sirvió como el instrumento primordial de presión prodemocrática sobre las autoridades militares de Egipto. De hecho, mientras que el ejército, el más poderoso de los tres actores, sigue controlando oficialmente el país, son pocos los que confían en el compromiso de los generales con la democracia. "El SCAF es antidemocrático… o algunos de sus asesores le dijeron que la democracia no es lo que más les conviene", dice Hazem Abd al-Azim, un funcionario en el primer gobierno post-Mubarak.

Si los generales no quieren democracia, tampoco quieren un régimen militar directo al estilo Augusto Pinochet. ¿Qué es lo que quieren entonces? En términos ideales, les gustaría combinar el poder actual del ejército argelino con la legitimidad del ejército turco. Esto implica un parlamento con poderes limitados, una presidencia débil subordinada al ejército y prerrogativas constitucionales que legitimen la intervención del ejército en la política.

Los requisitos mínimos que reclaman se reflejan en las declaraciones de los generales al-Mulla, Mamdouh Shahim, Ismail Etman, entre otros. Eso implicaría un veto en la alta política, independencia del presupuesto del ejército y un vasto imperio económico, inmunidad legal de juicios por cargos vinculados a la corrupción o la represión y prerrogativas constitucionales para garantizar estos acuerdos.

El nuevo parlamento y la asamblea constitucional tendrán que encabezar las negociaciones con el SCAF. Pero, teniendo en cuenta que cualquier transición democrática exitosa debe incluir un control civil importante sobre las fuerzas armadas y el aparato de seguridad, las exigencias mínimas del SCAF podrían lograr que el proceso perdiera todo sentido.

El veto en alta política incluiría cualquier cuestión asociada con la seguridad nacional o la política exterior sensible, sobre todo la relación con Israel. Con una mayoría islamista en el parlamento que promete "revisar" el acuerdo de paz con Israel, es probable que aumenten las tensiones en torno de la política exterior.

El imperio militar-comercial independiente, que se beneficia de tasas aduaneras y tipos de cambio preferenciales, exención de cargas fiscales, derechos de confiscación de tierras y un ejército de trabajadores casi gratuitos (soldados conscriptos), es una cuestión espinosa. En un momento en que la economía egipcia atraviesa una crisis, los políticos electos podrían querer mejorar las condiciones tomando medidas contra los activos civiles del ejército -vale decir, revisando las tasas preferenciales e imponiendo algún tipo de carga fiscal.

La inmunidad ante un proceso judicial no es menos relevante. "El mariscal de campo hoy debería estar en prisión", gritó el diputado electo de izquierda Abu Ezz al-Hariri, el segundo día de la nueva sesión parlamentaria. Cuando Mahmoud Ghozlan, vocero de la Hermandad Musulmana, propuso la inmunidad (conocida en Egipto como la opción de "salida segura"), enfrentó una ola de duras críticas.

La presión por parte de Estados Unidos también influyó en la toma de decisiones del SCAF. "El establishment militar recibe 1.300 millones de dólares de Estados Unidos… Son muy sensibles a los requerimientos estadounidenses", según Saad Eddin Ibrahim, quien hizo lobby ante la administración Obama para que respaldara la revolución en enero de 2011.

Sin embargo, gran parte de las decisiones prodemocráticas del SCAF se produjeron como resultado de una presión masiva desde la Plaza Tahrir. Esto incluye la destitución de Mubarak, su juicio (y el de otras figuras del régimen) y el adelantamiento de las elecciones presidenciales de 2013 a junio de 2012.

Otros dos factores son igualmente influyentes, si no más: el status quo heredado de la era de Mubarak y la cohesión interna del ejército. Con escasas excepciones, los miembros del SCAF se beneficiaron considerablemente con el régimen de Mubarak, e intentarán preservar lo máximo que les resulte posible.

"La presencia de oficiales uniformados en las manifestaciones de la Plaza Tahrir y sus declaraciones a Al Jazeera realmente preocupa al mariscal de campo", me dijo un ex oficial. Y una manera de mantener la cohesión interna es creando "demonios" -una lección aprendida de las "guerras sucias" de Argelia en los años 1990 y de Argentina en los años 1970 y 1980.

En particular, los manifestantes cópticos son un blanco fácil contra el cual movilizar a soldados y oficiales. El pasado mes de octubre, en medio de una escalada innecesaria de violencia sectaria, la televisión estatal mostró a un soldado egipcio internado en un hospital que gritaba "¡Los cópticos mataron a mi compañero!" La demonización sistemática de los grupos tahriristas, y la violenta escalada que sobrevino en noviembre y diciembre, tuvieron la misma intención.

A pesar de todo, un Egipto democrático no es una fantasía romántica. Hace un año, Saad al-Ketatni, el líder de la Hermandad Musulmana, nunca habría soñado con ser vocero del parlamento. Lo mismo es válido para los izquierdistas y los liberales que hoy tienen alrededor del 20% de las bancas parlamentarias.

Si 2011 fue testigo del milagro de la destitución de Mubarak, una reafirmación institucional valiente por parte del parlamento, sumada a una presión tahrirista no institucional, podría obligar a los generales a aceptar una transferencia de poder al régimen civil (con algunas áreas reservadas para el establishment del ejército) en 2012. Lo cierto es que este año no será testigo de un retorno a las condiciones de 2010. Egipto puede atascarse en la vía lenta de la democratización, pero no habrá vuelta en U. Los cientos de miles de personas que marcharon a la Plaza Tahrir en el aniversario de la revolución garantizarán que así sea.