Una distinción fundamental entre las economías de mercado es el grado en el que la propiedad de las firmas de gran tamaño se separa de la administración del día a día. ¿Qué hace que los propietarios de una compañía entreguen voluntariamente el control a administradores profesionales? Esta pregunta es cada vez más urgente, a medida que los países ricos (así como varias economías en desarrollo y transición) intentan crear los sólidos mercados de valores que se necesitan para aumentar la inversión, la productividad y el crecimiento.

La separación entre propiedad y administración y la existencia de mercados de valores eficaces se refuerzan mutuamente. La teoría subyacente es clara: si los jefes pueden robar, los propietarios distantes no comprarán acciones. Los sistemas formalistas de derecho civil que prevalecen en Europa continental supuestamente proporcionan una protección inadecuada, de modo que la propiedad sigue concentrada. En contraste, los sistemas anglosajones de derecho consuetudinario facultan a los jueces para que interpreten las reglas fiduciarias abiertas caso por caso, estableciendo de este modo precedentes legales que son vinculantes para los administradores.

Pero esta es una explicación poco convincente. Antes de la Primera Guerra Mundial, los países con leyes civiles de Europa se encontraban desarrollando mercados de valores tan rápidamente como los EE.UU. y el Reino Unido. De hecho, las agencias reguladoras como la Comisión de Valores e Intercambio Bursátil (SEC) de EE.UU. surgieron porque los deberes fiduciarios de la ley consuetudinaria no proporcionaban una adecuada protección a los propietarios distantes.

Por ejemplo, las transacciones basadas en información reservada eran por lo general legales bajo las reglas que regían los deberes fiduciarios en los estados de EE.UU., que en ese entonces jugaban un papel dominante. En contraste, la SEC es una institución generadora de reglas del tipo que países basados en el derecho civil, como Francia o Alemania, tendrían pocas dificultades en crear si así lo deseasen .

Más aún, los deberes fiduciarios sólo aspiran a evitar que una compañía sufra robos por parte de quienes la integran. No controlan los costos principales que los accionistas enfrentan al no manejar ellos mismos la compañía, como una expansión sin rentabilidad, un esfuerzo insuficiente, la retención de flujo de caja libre y la creación de imperios comerciales. A menos que haya un conflicto de intereses entre la gerencia de una compañía y su junta directiva, los propietarios en los países con derecho consuetudinario no tienen a su alcance recursos legales cuando las decisiones operacionales o estratégicas de los administradores son malas, estúpidas o nocivas de algún otro modo para los accionistas.

En todo el mundo rico, las instituciones que elevan los costos que para los accionistas tiene el entregar el control a administradores profesionales juegan un poderoso papel en la determinación de los resultados finales de la empresa. Pero estas instituciones reflejan el poder político de las fuerzas sociales, no las diferencias entre los sistemas de derecho civil y derecho consuetudinario.

En particular, la separación de la propiedad en las naciones ricas de Europa continental y los EE.UU. se puede relacionar con el papel de los sindicatos dentro de la empresa y de la sociedad. En algunas naciones, los sindicatos tienen una gran influencia en la empresa a través de acciones políticas, por ejemplo, oponiéndose a los despidos masivos y resistiéndose a los planes de reestructuración que modifican la estructura del lugar de trabajo.

Consideremos un escenario simple: una nación prohíbe que las firmas y los propietarios despidan empleados por razones económicas. Enfrentados a una ley que impide los despidos, los accionistas tienen motivos para ser muy cautelosos: si la expansión no es rentable, no pueden reducir los costos laborales. Francia, por ejemplo, es conocida por obligar a las firmas extranjeras, como la británica Marks and Spencer, a mantener en su nómina a trabajadores superfluos. Por supuesto, ninguna nación prohíbe completamente los despidos, pero la flexibilidad varía en gran medida y puede ser central para la rentabilidad.

En una nación como EE.UU., donde se puede despedir fácilmente a los empleados, los accionistas tienen menos que temer. Pero en una sociedad con sindicatos fuertes, los accionistas dominantes (aquellos que tienen más que perder si la expansión no funciona bien) tienen razones para mantener a los administradores bajo una estricta vigilancia. Fiat, en Italia, ilustra el problema: incluso un gobierno conservador intenta impedir la reducción de su tamaño.

Un segundo factor también debería hacer que los propietarios mantengan una mirada atenta sobre la compañía si los sindicatos son políticamente fuertes. La negociación sobre los excedentes económicos es con frecuencia un tema abierto, especialmente si la competencia es débil. Donde los empleados tienen un alto poder de negociación, las utilidades están constantemente expuestas a ser divididas y subdivididas, tanto dentro de la firma como a nivel nacional.

Si los administradores sólo reciben un control laxo por parte de los accionistas, podrían estar más dispuestos a dar una mayor parte de las utilidades a los sindicatos. De manera similar, cuando los intereses de los accionistas no están en primer lugar (por ejemplo, en un sistema corporativista), los propietarios dominantes tienen mayores motivos para mantener en reserva la información financiera y así evitar que los sindicatos la usen para presionar por condiciones más favorables. Ambas consideraciones apoyan la propiedad concentrada y actúan en contra de los mercados de valores.

De modo que cuando los valores políticos y sociales favorecen fuertemente a los sindicatos, la lealtad de los administradores hacia los intereses de los accionistas será menor. Los administradores en estas sociedades "de izquierdas" no son menos capaces en lo técnico, pero sus restricciones organizacionales, sus incentivos y sus objetivos se inclinan menos hacia los accionistas. Cuando se ven obligados a recortar el empleo, tienen mayor tendencia a pensar que están destruyendo vidas en lugar de considerar que están aumentando la eficiencia económica y aumentando la riqueza. Tales sociedades deberían tener menos empresas públicas y una separación más estrecha (o ninguna) de la propiedad de la compañía.

Así ocurre. La OCDE ha creado un índice que mide cuán fácil es despedir a un trabajador en sus países miembros. Los empleados tienen la menor protección en los EE.UU., y disfrutan de un alto nivel de protección en Italia, Francia y Alemania. La correlación con la separación de la propiedad es notable: una muestra de las 20 mayores compañías en cada país muestra que, mientras el 90% de las compañías estadounidenses no tienen accionistas con una participación superior al 20%, ninguna de las firmas italianas, francesas o alemanas tienen una propiedad tan dispersa.

Es cierto que, puesto que sólo 16 países son lo suficientemente ricos como para ser incluidos en el estudio, la correlación no es perfecta. El Reino Unido está en el séptimo lugar en términos de flexibilidad del mercado laboral, pero una mayor proporción de sus compañías más grandes tiene una propiedad con una amplia dispersión que Suiza, que ocupa el sexto lugar, y duplica las cifras de Dinamarca (quinto lugar) y Australia (cuarto lugar).

Pero, sean cuales sean los parámetros que usemos para medir las cualidades "políticas" y la separación de la propiedad, el índice de protección al empleo parece ser el mejor elemento para predecir la separación de la propiedad en el Occidente rico. De manera más fundamental, la creación de instituciones reguladoras que conduzcan a la separación de la propiedad puede ser imposible, a menos que la orientación política de una sociedad hacia los sindicatos y el capital sea más favorable a este último.