Es imposible sobreestimar el valor de las Convenciones de Ginebra de 1949 y los "Protocolos" adicionales de 1977. En simples términos humanos, millones de personas están hoy con vida porque esas normas permitieron el trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Juntos, las convenciones y los protocolos forman lo que erróneamente se ha dado en llamar el derecho humanitario internacional (DHI), pero que en realidad regula la guerra, buscando limitar sus efectos, sin importar las razones que hayan llevado a ella, y restringir los métodos empleados, incluso en las que se emprenden por una causa justa.

Por ejemplo, muchos Estados creen actualmente que la prohibición de atacar blancos civiles en forma deliberada es obligatoria, y actúan sobre esa base al limitar sus tácticas en el campo de batalla. Observemos el cambio en el comportamiento militar estadounidense, de la era de Vietnam, cuando los comandantes hablaban de destruir aldeas "a fin de salvarlas", a sus operaciones en Kosovo y Afganistán, cuando consultaban a abogados militares e incluso a funcionarios del CICR sobre qué objetivos podían bombardear.

Estos avances, que lograron un apoyo institucional adicional con el establecimiento de la Corte Penal Internacional en julio del año pasado, llevaron a muchos a creer que el triunfo del derecho internacional ya no es una esperanza utópica, sino una posibilidad práctica. La imagen sigue siendo atractiva, pero en su seducción moral se esconden peligros morales e intelectuales serios.

Vale la pena recordar la observación de Walter Benjamin en el sentido de que "todo documento de la civilización es al mismo tiempo un documento de la barbarie". Florence Nightingale comprendió eso cuando no quiso unirse al fundador del CICR, Henri Dunant, en la década de 1860. Ella sostenía que poner límites a la guerra, como intenta hacerlo el CICR, es hacerla más justificable moralmente para quienes participan en ellas.

En efecto, la idealización de cualquier documento tiene un matiz religioso que debería provocar el escepticismo de cualquier persona pensante. El derecho no debe de tener una mayor inmunidad al examen crítico que cualquier otro credo. Cuando Jakob Kellenberger, el actual presidente del CICR, afirma que lo que subyace al DHI es "el principio de humanidad", ingresamos al terreno de la idolatría legal.

Pero el DHI se enfrenta no sólo al reto ético de manejar su arrogancia moral. La guerra comenzó a mutar en la última parte del siglo XX. A pesar de los horrores del reciente conflicto entre Etiopía y Eritrea y la posibilidad de que una catástrofe acompañe al ataque anglo-estadounidense en contra de Iraq, actualmente la mayoría de las guerras son guerras civiles. Como tales, están, casi por definición, menos sujetas a reglas que las guerras entre Estados.

Las razones son simples y brutales. En una guerra civil, cada bando tiende a negar la legitimidad, si no es que la humanidad del contrario. La meta no es tanto la victoria en el campo de batalla como la limpieza étnica, el sojuzgamiento e incluso el genocidio. Si, como en Bosnia, el objetivo de un comandante es remplazar a la población musulmana de cierta zona con serbios, entonces la guerra, por definición, se hace indistinguible del crimen de guerra.

Si ese comandante serbio luchara siguiendo las reglas del DHI (es decir, ofreciendo a los civiles una protección básica) entonces no tendría caso iniciar las hostilidades. Para los serbios bosnios en 1992, los hutus de Ruanda en 1994 o el Frente Unido Revolucionario en Sierra Leona, los verdaderos adversarios no eran los combatientes enemigos, sino la población civil de un grupo étnico o cultural rival.

En esas circunstancias, el derecho no sirve para nada. El que se cometan crímenes de guerra puede provocar una intervención militar como en Kosovo o Timor oriental. Pero la idea de que tales intervenciones se pueden volver la norma, que las grandes potencias (y sólo las grandes potencias tienen los recursos para actuar con efectividad) enviarán a sus tropas a matar y morir en guerras interminables de altruísmo es utópica en el peor sentido del término. Es completamente irrealizable.

Así, lejos de haber triunfado, el derecho humanitario internacional nunca ha estado en mayor peligro. El derecho supone un consenso moral entre Estados y caudillos que existe sólo en la retórica. Sí, el gobierno de Ruanda firmó la Convención sobre el Genocidio. Pero una firma no significa sinceridad. Obviamente, algunas normas consiguen a la larga el consentimiento y el apoyo de aquéllos a quienes van dirigidas. El problema es que ninguna ley de la naturaleza garantiza que eso pase.

Mientras tanto, la verdadera conducción de las guerras entre Estados se está volviendo más, no menos, bárbara. En la mayoría de los conflictos, los derechos de los prisioneros se ignoran rutinariamente, la tortura es generalizada y se ignora la inviolabilidad de las instalaciones culturales o religiosas. Cuando Kellenberger se emociona por el surgimiento de una sociedad civil supuestamente decidida a "lograr un mayor respeto por los derechos humanos y el derecho humanitario", está confundiendo sus sueños con la realidad.

De hecho, los ataques en contra del DHI vienen no sólo de los cabecillas militares de Costa de Marfil o Chechenia o Aceh. Vienen cada vez más de los Estados que, en la conducción de sus operaciones militares convencionales, tienden a respetar las leyes de la guerra. La llamada "guerra contra el terrorismo" se encargó de ello.

Los EU, en particular, creen actualmente que la mayoría de sus adversarios no son soldados en el sentido convencional, sino "combatientes ilegales", gente a la que la protección de las Convenciones de Ginebra no se aplica. La erosión del DHI se deriva ahora, en la misma medida al menos, de las decisiones tomadas en Washington que de la crueldad de los comandantes milicianos de las selvas de Africa occidental.