Frontiers of Growth
Sueños digitales
Scott Wallsten
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Hace unos años, una empresaria de internet fue arrestada en Ghana, se encarceló a sus empleados y se confiscó su equipo de cómputo. ¿Su delito? Ofrecer a los consumidores una manera de hacer llamadas telefónicas de bajo costo por internet.
El encuentro de esa empresaria con la ley ejemplifica la razón principal (además de los bajos ingresos) por la que salvar la llamada "brecha digital" entre países pobres y ricos es tan difícil. No es falta de equipo o de conocimientos. No, una gran parte de la brecha es resultado directo de políticas internas que inhiben el uso de internet y de la tecnología.
Aunque no debemos exagerar los beneficios de internet, puede reducir los costos empresariales, aumentar el acceso a la información y crear oportunidades. Como resultado, los países en desarrollo se enfrentan a una disyuntiva simple: aprovechar las nuevas tecnologías para estimular el crecimiento económico y mejorar la productividad o retrasarse aún más a medida que las empresas y consumidores de los países ricos adoptan cada día más los avances tecnológicos.
Los retos y oportunidades que las nuevas tecnologías presentan a los países en desarrollo se discuten mucho. Pero las formas en las que los gobiernos de esos países exacerban la brecha a través de sus propias políticas de regulación no se entienden tan claramente.
Algunos gobiernos se muestran temerosos de dar a sus ciudadanos acceso fácil a la información. Otros, quieren proteger las ganancias de ciertas compañías. De cualquier manera, el resultado puede ser un ambiente hostil para personas o empresas que desean utilizar tecnologías nuevas. Sin regulación y políticas públicas favorables a la tecnología, no habrá capacitación técnica ni donaciones suficientes para lograr cambios importantes.
Consideremos la industria de las telecomunicaciones en los países en desarrollo de manera más general. A lo largo de los años ochenta, los enormes préstamos, donaciones y "asistencia técnica" a monopolios de las telecomunicaciones en manos de los gobiernos poco hicieron para aumentar el número de personas con acceso telefónico en países pobres.
Por ejemplo, los cerca de 200 millones de dólares que recibió Ghana para el desarrollo de las telecomunicaciones a través de un proyecto del Banco Mundial y otros donantes en 1998 casi no tuvieron impacto apreciable alguno. De acuerdo con la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, cuando el proyecto comenzó, menos del 0.3% de la población de Ghana tenía teléfono. Cuatro años después, la cifra no había variado. Sin embargo, en 1996 el gobierno abrió el mercado a la competencia. Para el año pasado, la proporción de personas con teléfono en el país había aumentado casi seis veces.
Lo mismo sucede en otros países pobres en todo el mundo: la penetración del teléfono permaneció obstinadamente estancada en los países en desarrollo hasta que permitieron la entrada de la competencia (sobre todo de la telefonía celular) en los años noventa. Como resultado, el uso del teléfono se ha disparado.
Las políticas de regulación frecuentemente han sido poco favorables para el desarrollo y la innovación digital, incluso cuando las telecomunicaciones tradicionales se han liberalizado. Además de las leyes caprichosas, como las que prohiben la telefonía por internet, muchos países pobres limitan estrictamente el número de proveedores de servicios de internet (ISP, por sus siglas en inglés) que pueden operar.
Una reciente encuesta sobre agencias reguladoras de las telecomunicaciones realizada por el Banco Munidal descubrió que 23 de los 38 países que respondieron exigen que los ISP obtengan aprobación formal antes de poder operar. Otros regulan los precios que los ISP cobran a sus clientes.
Los países que regulan de esa forma el ingreso de ISP nuevos tienen menos usuarios de internet per cápita, sin importar el ingreso nacional o el desarrollo general de las redes de telecomunicaciones. De la misma manera, los consumidores en países pobres que regulan los precios de los ISP pagan más por el acceso a internet que los que viven en países que no lo hacen.
La regulación per se no es el problema. De hecho, la creación de una instancia reguladora es a menudo componente crucial de una reforma de las telecomunicaciones exitosa, que generalmente comienza con la privatización del monopolio en manos del Estado.
Sin embargo, las mayores mejoras para los consumidores no provienen de la privatización, sino de la competencia. Generalmente es necesario un marco regulador sólido, aplicado de manera efectiva, para introducir la competencia, así como para proteger a los inversionistas y a los consumidores ante la presencia de una empresa recién privatizada que de otra manera podría utilizar su poder en el mercado para sofocar a sus competidores.
Pero los gobiernos de los países en desarrollo con frecuencia están acostumbrados a controlar todos los aspectos de sus economías y tienden a no querer que los reguladores promuevan la competencia. Así, aun cuando las instancias reguladoras son cruciales para promover la competencia en las telecomunicaciones, a menudo se les da el control sobre áreas en las que no hay una razón particular para la vigilancia del Estado.
El que gobiernos temerosos del libre flujo de la información, o como en el caso de la empresaria encarcelada, con el fin de proteger a compañías establecidas, aprueben reglamentaciones que no promueven la competencia ni defienden a los consumidores es irrelevante. El resultado es el mismo: poco acceso a las nuevas tecnologías, precios más altos para los consumidores y un efecto de enfriamiento para la innovación y el empresariado local.
En resumen, las políticas de regulación en los países en desarrollo, sobre todo en los de Africa, frecuentemente son las principales responsables de la escasa penetración de internet y la lenta adopción de tecnologías. Las instituciones tienen por lo menos el mismo peso que el equipamiento para que los países en desarrollo se unan verdaderamente a la economía digital global. Un marco regulador favorable al ingreso de ISP y otras compañías necesarias para la infraestructura tecnológica logrará mucho más que las donaciones para traer a los países en desarrollo al siglo XXI.
Scott Wallsten es investigador en el AEI-Brookings Joint Center y en el American Enterprise Institute.
Copyright: Project Syndicate,
diciembre
de 2003.
Traducido del inglés por Mario de Gortari Rangel
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