Human Rights
Estados Unidos y su política vudú de los derechos humanos en Haití
Loune Viaud and Monika Kalra Varma
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PUERTO PRÍNCIPE.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó recientemente documentos que detallan intentos alarmantes de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del gobierno estadounidense de utilizar los préstamos destinados a salvar vidas en Haití como una palanca para urdir estrategias que desembocaran en los resultados políticos deseados. Estos documentos revelan las acciones de los Estados Unidos para impedir un préstamo del BID por un monto de 146 millones de dólares, aprobado en 1998, que se destinaría al suministro de agua limpia, la oferta de servicios de salud y de educación a los niños, la construcción de caminos rurales y el mejoramiento de la vida de los haitianos.
El BID, el banco de desarrollo regional más grande del mundo, trabaja en América Latina y en el Caribe con el supuesto propósito de “activar el desarrollo económico y social”. Sin embargo, sus acciones en Haití han desbaratado estos objetivos.
Unos préstamos del BID, de aproximadamente 54 millones de dólares, destinados a la infraestructura hídrica en Haití, en donde literalmente se encuentra la peor agua del mundo, demostraron que son una vía segura para prevenir las enfermedades mortales originadas por el agua. Esos préstamos, diseñados para ayudar a hacer valer el derecho al agua de calidad en la nación más pobre del Hemisferio Occidental, así como las vidas que podrían haber salvado, se convirtieron, en cambio, en motivos de extorsión de un deliberado juego de poder político.
En 2001, funcionarios estadounidenses amenazaron con utilizar su influencia para impedir que los fondos del BID, que ya habían sido aprobados, llegaran a Haití a menos que el partido mayoritario se sometiera a las exigencias políticas de aceptar una determinada distribución de puestos en un órgano de supervisión electoral del país. Poco después, a instancias de los Estados Unidos, el BID y sus miembros, en lugar de liberar los préstamos como se había planeado, decidieron, en un acto sin precedentes, incluir más condiciones en las que solicitaban que Haití tomara medidas políticas para liberar los fondos. Esto violó la propia carta del BID que prohíbe estrictamente a esa institución y a sus miembros intervenir en los asuntos políticos internos de los Estados miembros.
Los correos electrónicos internos revelan que el asesor legal estadounidense dentro del BID propuso al Departamento del Tesoro estadounidense que, aunque los préstamos no tuvieran ningún obstáculo técnico legítimo, los Estados Unidos podían bloquearlos efectivamente al hacer más lento el proceso. En efecto, al solicitar otro análisis de los préstamos, Haití tendría que realizar pagos programados antes de que los préstamos se desembolsaran siquiera. “Si bien este no es un método seguro para retener los desembolsos del BID”, escribió el asesor, “ciertamente pondrá más obstáculos en el camino”.
En 2001, el entonces embajador de los Estados Unidos en Haití, Dean Curran, pública y explícitamente vinculó la retención de los préstamos del BID con la exigencia de que los partidos políticos de Haití llegaran al arreglo que los Estados Unidos querían.
Estas tácticas funcionaron. Sin los fondos ya prometidos y esperados, Haití se retrasó en los pagos para rembolsar el préstamo; ello desencadenó la aplicación de las políticas del BID que impedían que la institución desembolsara los préstamos. En los años siguientes, los Estados Unidos emplearon más tácticas de dilación al trabajar conjuntamente con el BID para cambiar las metas cada vez que parecía que Haití cumpliría las exigencias impuestas.
Los resultados han sido devastadores. La ciudad de Port-de-Paix, designado hace diez años por el BID como el primer programa debido a la situación particularmente deplorable del agua, sigue sin un proyecto para el agua. Un estudio realizado por Zanmi Lasante , Partners In Health , el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy y Global Justice concluyó que no hay fuentes públicas de suministro de agua en la ciudad que funcionen.
Los investigadores encontraron en el 75% de las fuentes de suministro de agua de la ciudad altos niveles de bacterias coliformes, un indicador clave de contaminación fecal. Un alarmante 15% de los hogares informaron que tenían síntomas relacionados probablemente con la tifoidea.
Si los Estados Unidos y otros Estados miembros se adhieren al BID y asumen la responsabilidad de mejorar las condiciones en el continente americano, no pueden utilizar su calidad de miembros para socavar los derechos fundamentales de la gente que dicen servir simplemente para buscar sus propios intereses políticos.
El BID y el gobierno de los Estados Unidos deben responder por sus acciones e implementar los mecanismos de transparencia necesarios que aseguren que tales abusos no se repitan. Las investigaciones y revisiones anuales al Departamento del Tesoro por parte de la Oficina de Supervisión del Gobierno(GAO por sus siglas en inglés) podrían ofrecer la vigilancia necesaria para prevenir en el futuro un mal uso del BID y de sus fondos. La población haitiana, así como los contribuyentes estadounidenses, merecen un sistema que ponga a disposición del público la información sobre los préstamos y proyectos del BID en Haití para asegurar que los Estados Unidos y los Estados miembros del Banco mantengan sus compromisos con el desarrollo y los derechos humanos.
Loune Viaud es directora de operaciones de Zamni Lasante en Haití y fue galardonada con el Premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos. Monika Kalra es directora del Centro de Derechos Humanos, Robert F. Kennedy.
Copyright: Project Syndicate, 2008.
www.project-syndicate.org
Traducción de Kena Nequiz
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