ESTANBUL – En un drama judicial de Hollywood, sabemos que el héroe, a quien los malos han puesto una trampa, al final será liberado –pero no antes de que la soga le llegue al cuello. Justo cuando parece que toda la evidencia acumulada lo ha condenado, un giro repentino de los acontecimientos probará su inocencia y desenmascarará a quienes lo incriminaron.

Si los juicios político-militares que se celebran actualmente en Turquía alguna vez llegan a las pantallas, no faltarán ese tipo de finales. En una serie de juicios extraños, los tribunales turcos han encarcelado a cientos de acusados –oficiales militares, periodistas, académicos y abogados- por una supuesta conspiración para derrocar al gobierno democráticamente electo del país.

El primer ministro, Recep Tayyip Erdoğan, promueve los juicios como prueba del nuevo giro de Turquía hacia la democracia y el Estado de derecho. También tienen el apoyo activo de los medios informativos que pertenecen al llamado grupo Gülen – aliado poderoso del gobierno de Erdoğan compuesto por seguidores del clérigo musulmán Fethullah Gülen. En realidad, los juicios representan una seria violación al Estado de derecho, pues el poder judicial se ha transformado en un arma política contra los oponentes del gobierno y del movimiento Gülen.

Los casos son cómicos – o lo serían si no estuvieran en realidad pasando en un país de 74 millones de personas cuya importancia estratégica no se puede descontar. De hecho, los juicios están llenos de acusaciones fantásticas, conspiraciones imaginarias, invenciones disparatadas, trampas obvias y giros en los acontecimientos tan difíciles de creer que un escritor de Hollywood que los incluyera en un guión bien podría ser objeto de burlas y perder su trabajo.

Consideremos el caso Sledgehammer. Más de doscientos oficiales militares están acusados de conspirar para dar un golpe de Estado en 2003 con el fin de desbancar al gobierno que acababa de ser electo. Los fiscales tienen lo que parecen ser pruebas contundentes: planes detallados, aparentemente elaborados por los acusados, que describen una serie de operaciones monstruosas para desestabilizar el país. Los oficiales proclaman su inocencia y aseguran que las pruebas del golpe son falsificadas, pero ¿quién les creerá, visto lo que dicen los fiscales, el gobierno y los principales medios de comunicación?

El juicio ya ha tenido demasiados finales de película. Varios acusados han demostrado que estaban fuera del país y que no tenían acceso a las computadoras en las que supuestamente elaboraron los planes. Otros parecen haber escrito mal sus propios nombres o se han equivocado en sus cargos. Dos informes periciales han constatado que se falsificaron los datos manuscritos en el CD incriminatorio.

Tal vez lo más dramático de todo es que los documentos del golpe contienen mucha información que no era posible conocer en ese momento, incluidas las referencias a empresas, ONG’s, hospitales y muchas otras entidades que se fundaron años después de que supuestamente se tramara el plan.

Imaginemos la escena del juicio. El abogado de la defensa señala la prueba clave y se dirige al fiscal: “Señor, usted afirma que este CD que contiene todos los documentos incriminatorios fue elaborado por mi cliente en 2003. ¿Me podría explicar cómo mi cliente podría haber sabido los nombres de los oficiales de una fragata que se unieron a la armada en 2005? ¿O las placas de un automóvil que se emitieron en 2006?” El juez voltea a ver al fiscal con expectación. El fiscal suda abundantemente, no tiene nada que decir. El juez da un firme golpe de mazo. El caso está cerrado.

O consideremos el caso de un grupo de oficiales jóvenes acusados de organizar una red de prostitución y de robar secretos de Estado. Los cargos de nuevo se basan en archivos electrónicos que presuntamente se encontraron en las casas de los acusados. Sin embargo, la policía cometió un error elemental que reveló la trampa: después de supuestamente recibir una denuncia anónima sobre Ahmet A (un pseudónimo), se equivocaron y buscaron en la casa de Ahmet B –y con todo, de algún modo dieron con los archivos incriminatorios entre las pertenencias de Ahmet B. Obviamente Ahmet B no es Ahmet A, y la única explicación es que la evidencia fue sembrada –en la casa equivocada. Ahmet B fue finalmente liberado, nueve meses después, pero el caso continúa.

Ejemplos similares abundan en otros casos. Un fiscal interroga a un sospechoso acerca de un plan para intimidar cristianos antes de que la policía lo haya “descubierto”. Un periodista es encarcelado porque sus notas en un borrador de publicación incompleto sobre el movimiento Gülen se interpretan como instrucciones de una organización terrorista. Un oficial de policía de alto rango que ha expuesto en detalle las fechorías de los fiscales del caso Gülen es encarcelado después de que la policía encontrara grabaciones ilegales de llamadas interceptadas en su oficina –que había abandonado días antes.

La reivindicación llega rápido en las películas de Hollywood, pero no en Turquía, cuyos tribunales hasta ahora parecen no darse cuenta de los problemas manifiestos de la evidencia presentada por la policía y los fiscales. Continúan los casos absurdos y más y más personas se ven involucradas en ellos. Los principales medios de comunicación independientes ni siquiera informan de las contradicciones por temor a provocar al gobierno o a la red Gülen.

Al final estos casos caerán bajo el peso de su irracionalidad. Sin embargo, el daño que ya se ha hecho irá más allá del sufrimiento de cientos de individuos inocentes que han sido encarcelados con base en alegaciones falsas. La esperanza de que Turquía finalmente se desharía de sus vestigios autoritarios y se convertiría en una democracia estable se desmoronará.