PALO ALTO – La actual crisis financiera en Europa es una actualización única de la sentencia de Lenin de que no hay nada que desestabilice más a un país que una corrida de su moneda. En la UE de hoy, nada desestabiliza más a la unión monetaria que una huída de la deuda soberana de uno de sus miembros.

La agitación causada por la crisis de deuda griega y la preocupación por problemas análogos en Irlanda, Portugal, España e Italia han propagado los temores sobre la estabilidad de los bancos europeos, el sistema financiero global, la eurozona y la economía global. La canciller alemana, Angela Merkel, recientemente se hizo eco de esos temores en público y acrecentó la preocupación sobre si el euro sobrevivirá o no a la crisis.

El paquete de rescate de 750.000 millones de euros (casi 1 billón de dólares) de la UE, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional ofreció apenas un breve respiro en los mercados internacionales. Esto ahora ha dado lugar a un análisis más sobrio de la crisis y la eficacia de la respuesta.

El rescate no es ninguna solución para los problemas fundamentales que enfrenta la eurozona; en el mejor de los casos, permite ganar tiempo para extender los inevitables ajustes dolorosos, en el tiempo y entre la gente. Y conlleva sus propios riesgos morales y la pérdida de credibilidad e independencia del BCE.

El problema fundamental para Grecia son sus compromisos fiscales abultados, que tuvieron lugar gracias a costos de endeudamiento más bajos cuando se incorporó al euro. Pero los problemas no se limitan a Grecia –ni siquiera a los otros países de la periferia de la zona del euro-. La insensatez fiscal se ha propagado por toda Europa y gran parte del resto del mundo. Si Grecia no pagara interés por su deuda y recuperara el pleno empleo, su déficit fiscal seguiría siendo de un asombroso 6% del PBI, pero las cifras correspondientes en otras partes son similares, si no peores: 8% en Irlanda, 5,6% en España, 6,8% en Gran Bretaña y 7,5% en Estados Unidos. 

Hay quienes sostienen que la única manera de salvar al euro es que la unión monetaria estuviera acompaña de una unión fiscal. La receta que esgrimen consiste en las políticas de impuestos altos, nivel de gasto social elevado (y déficit no demasiado pequeño) de las grandes economías del norte de Europa, Alemania y Francia. Pero eso sería un grave error. Lo que se necesita son limitaciones a la política fiscal por parte de cada país, no una autoridad fiscal supranacional.

El problema que afecta a muchas democracias avanzadas, en Europa y otras partes, es el creciente nivel de gasto público, impuestos y deuda pública, que en su conjunto amenazan seriamente el crecimiento económico. En respuesta a esta tendencia, el FMI insta a un retorno a los ratios de deuda-PBI previos a la crisis. De lo contrario, la vasta explosión de deuda pública deprimirá de manera permanente el crecimiento per cápita en una tercera parte o más en las economías más avanzadas –un estancamiento permanente colosal- y socavaría la capacidad de los gobiernos para hacer frente a la próxima recesión.

Sin embargo, retornar a la zona de seguridad previa a la crisis exigirá una década de grandes excedentes presupuestarios primarios (excluyendo los pagos de intereses) de aproximadamente 4% del PBI para Estados Unidos, 3% para la eurozona (más elevado para países más endeudados) y 7% para Japón.

Las lecciones fundamentales del fiasco de deuda griega no son nuevas: 1) los funcionarios electos sistemáticamente ignoran los costos a largo plazo para obtener beneficios a corto plazo, 2) esperan para actuar hasta que se ven obligados a hacerlo; 3) las políticas del gobierno no pueden sortear las leyes de la economía; 4) los gobiernos no pueden revocar las leyes de la aritmética; y 5) la política presupuestaria no tiene que ver exclusivamente con la contabilidad.

Cuando un gobierno pide prestado un euro (o un dólar, una libra, un peso o un yuan), se compromete a pagar un euro a valor actual de pagos de intereses futuros y la debida devolución del capital. Ese dinero debe provenir de mayores impuestos, de una erosión del valor real de los saldos monetarios y la deuda gubernamental a través de la inflación, o directamente de un incumplimiento de pago y reestructuración de la deuda. Los consiguientes costos de cualquiera de estas acciones son severos.

Es más, el problema no tiene que ver exclusivamente con la deuda pública. Un ratio mucho más alto de impuestos-PBI sólo cambia un problema de déficit por un crecimiento económico más lento. En las últimas décadas, las grandes economías avanzadas con los impuestos más elevados han crecido más lentamente. Y las economías de impuestos más altos ni siquiera tuvieron menores déficits presupuestarios que Estados Unidos, una economía con impuestos más bajos. Más bien, los mayores impuestos simplemente permitieron un mayor gasto.

¿Acaso un nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento, donde los miembros de la eurozona evalúen las políticas fiscales de sus pares, solucionará los problemas? Las consultas y evaluaciones del FMI han tenido escaso impacto fuera de las economías que dependen fuertemente de los programas del FMI. Los ciudadanos y los políticos locales no dejarán sus políticas en manos de vecinos u organismos internacionales a menos que se vean obligados a hacerlo mediante estrictas cláusulas sobre los bonos.

De manera que sería mucho mejor que cada país aplicara serias limitaciones legales a la autoridad presupuestaria de sus legisladores. Las restricciones a los déficits presupuestarios son un comienzo, pero no son suficientes. El inmenso incremento del estado benefactor y los crecientes déficits  públicos –y de deuda pública- se han convertido en la causa principal de riesgo económico sistémico tanto a nivel nacional como global. Por lo tanto, es preciso aplicar restricciones simultáneas al gasto, los impuestos y la deuda para evitar futuras crisis económicas y financieras.

Reglas análogas para el presupuesto federal de alguna manera resultaron útiles en Estados Unidos en los años 1980 y 1990, pero se abandonaron en 1998. Las legislaturas futuras no pueden estar completamente comprometidas por esas reglas a menos que figuren en las constituciones. Las reglas constitucionales de presupuesto equilibrado (para presupuestos operativos, donde se permite la toma de préstamos para gasto de capital como la construcción de escuelas) que se aplican en muchos estados norteamericanos, en términos generales, funcionaron bien, y Alemania recientemente avanzó en esta dirección.

Estas reglas incluyen válvulas de seguridad temporaria apropiadas para la recesión, y algunas tienen requerimientos de voto por supermayoría. Las reglas sensatas prometen grandes réditos, dada la crisis global actual y a largo plazo en las finanzas públicas.

El problema no es que los gobiernos carezcan de recursos para gastar, sino que el mayor nivel de gasto, impuestos y deuda del gobierno está erosionando el crecimiento económico y los futuros estándares de vida. Un futuro de estas características parece vislumbrarse en el horizonte no sólo de Europa, sino de todas partes, a menos que los gobiernos restrinjan el gasto.