NUEVA YORK – En la reciente reunión de donantes dedicada a Georgia, hubo una profusión de promesas de ayuda: un total de 4.500 millones de dólares… unos 1.000 dólares por ciudadano de Georgia. Ésas es la buena noticia. La mala es la de que la reunión estuvo limitada a los donantes y al Gobierno de Georgia y Transparencia Internacional criticó su opaco proceso de adopción de decisiones.

La falta de transparencia y rendición de cuentas sobre cómo se gasta el dinero en guerras y en la reconstrucción que se hace después de ellas ya no caen bien a los contribuyentes. A la luz de un aumento mundial de la demanda de ayuda y una disminución de la oferta (12 por ciento menos a lo largo de los dos últimos años), su eficacia y utilización transparente están resultando más urgentes y lo más probable es que los gobiernos que no rindan cuentas ante sus ciudadanos fallen a ese respecto.

Antes de que esas “promesas” pasen a ser “compromisos”, los donantes deben examinar cuidadosamente la estrategia de desarrollo económico de Georgia y evaluar sus planes en materia de ayuda humanitaria y para la reconstrucción. Deben preguntarse si la ayuda para Georgia contribuye a la paz y la estabilidad o si, por el contrario, obstaculiza una solución política al conflicto y aleja a los inversores.

El reciente reconocimiento de Abjasia y Osetia del Sur, como repúblicas independientes, por parte de Rusia, pese a sus estatutos de autonomía de facto dentro de Georgia desde comienzos del decenio de 1990, hará que resulte más difícil encontrar soluciones para los problema de los desplazados internos, los repatriados y la población residente en las zonas de conflicto, pero la reintegración de los grupos afectados por el conflicto a las actividades productivas es una condición sine qua non para la estabilidad política, económica y social. Las Naciones Unidas consideran que los países que fracasen en esa empresa tienen un 50 por ciento de posibilidades de volver a caer en el conflicto.

Así, pues, ¿ha propiciado el modelo de desarrollo de Georgia un crecimiento dinámico y no excluyente, es decir, un crecimiento que dé como resultado una inversión productiva, procedimientos innovadores y una creación generalizada de puestos de trabajo?

Desde luego, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional y de los Estados Unidos han reconocido el indiscutible éxito de Georgia en la adopción de políticas y reformas macroeconómicas correctas para mejorar el clima empresarial. Los inversores extranjeros han respondido aportando copiosos recursos al país. Con unas entradas de capitales que ascendieron al 20 por ciento del PIB en los años anteriores a la guerra, el crecimiento económico experimentó un brusco salto hasta el nivel del 12 por ciento en 2007 y el crecimiento del país desde 2003 ha ascendido a casi un 40 por ciento.

Pero no basta con el crecimiento rápido. Georgia no ha creado los puestos de trabajo ni ha dado pruebas del dinamismo y la falta de exclusión necesarios para una sociedad pacífica. Pese a cierta diversificación reciente, las corrientes de inversión han estado demasiado orientadas a la construcción de oleoductos y gasoductos y otros grandes proyectos internacionales. Además, el gasto militar ha aumentado del 1 por ciento al 7 por ciento del PIB desde 2003,  lo que ha privado de recursos para el desarrollo humano y los ha desviado hacia la inversión improductiva.

El desempleo es muy elevado, las disparidades de renta han empeorado y la corrupción sigue estando generalizada, pese a las importantes mejoras logradas en los últimos años. Pese a que las estadísticas oficiales sitúan a menos de la tercera parte de la población por debajo del umbral de la pobreza, los expertos consideran que la mitad de la población, aproximadamente, está atrapada en la pobreza, en medio de un gran desfase entre las zonas urbanas y las rurales.

El imperativo de Georgia es el de encontrar una solución para los desplazados internos mediante la rehabilitación de infraestructuras, la construcción de viviendas y la prestación de otros servicios y facilitando la creación de puestos de trabajo a fin de que puedan mejorar las condiciones de vida de la población afectada por el conflicto. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados prevé que 73.000 de los 127.000, aproximadamente, desplazados internos resultantes de la crisis de Osetia del Sur probablemente regresarán a sus lugares de origen a comienzos del invierno. En vista de que los 220.000 desplazados internos resultantes de conflictos anteriores del decenio de 1990 afrontan ahora perspectivas cada vez menores de regreso a Abjasia y Osetia del Sur, las autoridades de Georgia deben encontrar una solución viable y permanente para un 6 por ciento, aproximadamente, de la población.

Además, las corrientes de capital, de las que Georgia depende en gran medida, han quedado interrumpidas desde que comenzó el conflicto. Sin una solución para el problema de los desplazados internos, las medidas adoptadas para fortalecer la estabilidad política y la seguridad fracasarán y sin estabilidad ni seguridad no se logrará el objetivo del acuerdo de derecho de giro por valor de 750 millones de dólares del FMI para sufragar el “desfase temporal en materia de financiación exterior” y mantener “la confianza de los mercados y los inversores”.

Ahora el imperativo es el de reformular el plan de ayuda de Georgia a fin de que se centre principalmente en la prestación de “ayuda para la reconstrucción”, que fomente la inversión y el empleo. Si bien no se puede pasar por alto la “ayuda humanitaria”, se debe reconocer que esa ayuda fomenta el consumo y no la inversión, lo que crea distorsiones de los precios y disincentivos para el trabajo. Se debe retirar la ayuda humanitaria de Georgia en cuanto la situación lo permita.

La ayuda para la reconstrucción encaminada a mejorar las infraestructuras, promover las empresas incipientes y reactivar las pequeñas empresas y las microempresas, los servicios, la minería y otros sectores y mejorar los rendimientos agrícolas y el riego, debe comenzar inmediatamente y debe ser el objeto principal de los compromisos de ayuda internacional. El laissez-faire no lo logrará.

El gobierno de Georgia y los donantes deben examinar la posibilidad de conceder subvenciones a empresas privadas para fomentar el empleo de desplazados internos y reducir su costo. Sin crecimiento dinámico y no excluyente, la paz sostenible resultará esquiva y, en la situación actual de mayor control e importantes necesidades contrapuestas, a los donantes les resultará muy problemático justificar el compromiso del gran plan de ayuda financiera que han prometido.