BRUSELAS – La convocatoria por parte del Primer Ministro griego, Yorgos Papandreu, de un referéndum sobre el plan de rescate acordado en la cumbre de la zona del euro a finales de octubre tiene profundas consecuencias para la gobernación europea, pese a que ahora ya no se va a celebrar. También puede determinar el futuro del euro.

Papandreu, acuciado por las presiones tanto interiores como exteriores que recibió, tuvo que cambiar de rumbo, pero, sea cual fuere la suerte del actual Gobierno griego, la opción que puso sobre la mesa no desaparecerá. Mientras haya que pedir a los griegos que acepten un plan de austeridad tras otro, podrían preguntarse cuándo tendrán voz y voto al respecto.

Menos de una semana antes de que Papandreu dejara caer su bomba, los dirigentes de la zona del euro habían declarado de manera inequívoca: "La introducción del ‘semestre europeo’ ha cambiado fundamentalmente la manera en que se coordinan nuestras políticas fiscales y económicas en el nivel europeo: ahora se hace la coordinación en la UE antes de que se adopten las decisiones nacionales". En pocas palabras, había prevalecido una supuesta gobernación financiera de toda la zona del euro.

Técnicamente, el referéndum propuesto por Papandreu no versaba directamente sobre política fiscal o económica, pero era una decisión que habría tenido enormes consecuencias económicas para la zona del euro. A pesar de ello, de adoptó sin coordinación alguna con sus dirigentes. Más aún, si los votantes de Grecia hubieran rechazado el acuerdo que se les acababa de proponer, el resultado podría haber excluido cualquier otra coordinación posterior con la Unión Europea sobre los problemas de la deuda del país. Grecia se habría hundido o mantenido a flote por su cuenta.

Por tanto, sólo unos días después de que los Jefes de Estado o de Gobierno de la zona del euro se felicitaran por el éxito de la cumbre, se demostró que el concepto de coordinación carecía de sentido para el país en el que más importaba. La decisión de Papandreu también exponía el defecto fatal de los grandes planes para una unión política o fiscal que sostenga el euro: el "pueblo", no los gobiernos, sigue siendo el verdadero soberano. Los gobiernos pueden firmar tratados y hacer compromisos solemnes de subordinar su política fiscal a los deseos de la UE en su conjunto (o, para ser más precisos, a los deseos de Alemania y del Banco Central Europeo), pero al final la población puede rechazar cualquier programa de ajuste que "Bruselas" (es decir, Berlín y Frankfurt) quiera imponerle.

La UE sigue siendo un conjunto de Estados soberanos, por lo que no puede enviar un ejército o la policía para hacer cumplir sus pactos o cobrar la deuda. Cualquier país puede abandonar la UE –y, por supuesto, la zona del euro–, si la carga de sus obligaciones se vuelve demasiado onerosa. Hasta ahora, se había supuesto que el costo de la salida sería tal, que ningún país se la plantearía. Ya no parece ser así o al menos eso parecían creer los griegos.

Esto también implica que los eurobonos nunca serán la panacea que, como algunos esperaban, resuelva la crisis de la deuda soberana de Europa. Mientras los Estados miembros sigan siendo plenamente soberanos, los inversores no podrán tener la seguridad de que, si se produce una quiebra en la zona del euro, algunos Estados no se negarán, sencillamente, a pagar o no se negarán a hacerlo por otros.

En vista del aumento de la resistencia popular en Alemania y Holanda a pagar por el derroche de los europeos meridionales, los gobiernos de éstos pueden verse obligados a preguntar a sus pueblos si están dispuestos a asumir los enormes costos que entraña su compromiso de rescatar a los miembros de la zona del euro que no quieran o no puedan pagar. Ésa es la razón por la que los bonos emitidos por el fondo de rescate de la zona del euro, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), se cotizan a una prima muy superior a la de la deuda alemana y las gestiones de Klaus Regling, jefe del FEEF, para convencer a China, el Japón y otros países asiáticos de que los compren han sido infructuosas.

El mensaje de mayor alcance de la iniciativa griega es el de que "la coordinación" ha sido hasta ahora un eufemismo para referirse al control casi total por parte de los acreedores (a veces junto con el BCE). El intento de imponer una benévola dictadura de los acreedores está chocando con una rebelión de los deudores. La reacción de los mercados financieros ha sido tan categórica porque ahora los inversores comprenden que "la deuda soberana" es la deuda de un Estado soberano que puede decidir, sencillamente, no pagar.

Ahora los tenedores de bonos de los Estados miembros de la zona del euro ya están avisados de que, cuando las cosas se pongan difíciles, se podría preguntar al verdadero soberano –"Nosotros, el pueblo"– si realmente quiere pagar y, como indican las encuestas de opinión en Grecia y la experiencia de Islandia (cuya población rechazó dos veces acuerdos a los que había accedido su Gobierno), la respuesta bien podría ser un rotundo "no".

En este momento nadie puede saber si Portugal o Italia podrían ser los próximos en internarse por ese camino de la resistencia. Sin embargo, el resultado es bastante predecible: primas de riesgo por las nubes en toda la periferia de la zona del euro.

Así, la decisión de Papandreu de convocar un referéndum en Grecia podría haber significado el principio del fin del euro. En este momento, sólo se puede salvar la moneda común, si los países sistémicamente importantes –a saber, Italia y España– adoptan medidas concertadas para demostrar que son diferentes de Grecia.