LONDRES – La crisis en la eurozona sigue estando lejos de una resolución. Las preocupaciones de los inversores hoy se centran en la salud de los bancos europeos, muchos de los cuales están muy expuestos a Grecia y a los otros países del sur de Europa con serios problemas fiscales.

Los líderes europeos hasta ahora sólo han aplicado yeso a las heridas. Se ha establecido un fondo de estabilización, pero de manera temporaria. Se han introducido nuevos acuerdos para monitorear los balances presupuestarios de los estados miembro, pero no sirven de nada respecto del volumen de deuda pendiente. Y el Banco Central Europeo ha comenzado a comprar bonos de gobierno, entre ellos bonos griegos, a precios muy por encima de los que prevalecerían en un mercado libre.

Esta última medida adoptada por el BCE ha puesto de manifiesto una cantidad de cuestiones sin resolver respecto de la estructura del Banco y de cómo toma sus decisiones. Algunas cuestiones que quienes toman decisiones en Europa han querido mantener bajo la alfombra hoy han quedado groseramente al descubierto.

La decisión de comprar bonos griegos directamente no fue unánime. El mundo ahora sabe que Axel Weber, el presidente del Bundesbank, votó en contra. El suyo fue un voto entre 22, pero representa el 27% del PBI de la eurozona, de manera que no se lo puede considerar como un miembro marginal insignificante. Fue la primera vez que el presidente del BCE ha tenido que revelar que una decisión no fue unánime.

En teoría, siempre hemos sabido que el BCE, en caso de ser necesario, tomaría decisiones en base al régimen de la mayoría. Pero, hasta ahora, nunca se había presentado esa situación, y no existían procedimientos para revelar los votos. Esto se opone en marcado contraste con la Reserva Federal de Estados Unidos, y también el Banco de Inglaterra, donde los votos individuales en el Comité de Política Monetaria se dan a conocer por rutina.

El argumento contra la transparencia ha sido que, en las circunstancias inusuales del BCE, exponer los votos de los miembros individuales del Consejo Gobernante ejercería presión sobre ellos como representantes de los estados miembro. El representante de un país en recesión podría sentirse casi obligado a votar contra un incremento de las tasas de interés, o a favor de un recorte, más allá de las condiciones generales en la eurozona.

Ahora bien, ¿puede una falta de claridad sobre los acuerdos de votación del BCE durar para siempre? Nout Wellink del Banco Central de Holanda ha dicho explícitamente que algún día sería necesaria una transparencia mayor a medida que el BCE alcance la madurez. El voto en disenso de Weber sobre las compras de bonos griegos acerca dramáticamente ese día.

También expone un problema más esencial. La estructura de votación en el BCE está plagada de defectos. En cualquier sistema federal, se puede llegar a un equilibrio entre quienes están encargados de evaluar las condiciones económicas en toda la zona monetaria y quienes representan los intereses de determinadas regiones.

Este problema ya se ha abordado con anterioridad, tanto en la Reserva Federal como en el Budesbank. En el caso de la Fed, siete miembros de la junta en Washington tienen jurisdicción federal, y doce presidentes de los bancos de reserva regionales votan en rotación, y sólo el presidente de Nueva York tiene un voto permanente. De manera que el ratio entre votos centrales y votos regionales es: 1:0,7. El Bundesbank tenía un acuerdo similar con un balance central/regional de 1:1,1.

El BCE es diferente, por algunas buenas razones. Es la autoridad monetaria de una federación de estados soberanos. El peso de los miembros nacionales individuales del Consejo Gobernante es mucho mayor. De hecho, el ratio de votos federales y nacionales en el BCE es 1:2,5. Y como cada estado miembro tiene un voto, existe un amplio desequilibrio entre el peso del voto y el peso del PBI de los países individuales. Alemania tiene el mismo peso que Malta.

El BCE ha recapacitado sobre este problema, pero todo el acuerdo al que se ha llegado (en el Tratado de Niza) es cierta rotación modesta de votación entre los miembros a medida que crezca la federación. Esto no corregirá los desequilibrios que existen actualmente.

Hasta el momento, este problema atrajo escasa atención. Pero el disenso de Weber presenta la posibilidad de que países pequeños puedan votar en contra de los miembros centrales e importantes. Resulta teóricamente posible que los seis miembros de la Junta Ejecutiva más Francia, Alemania e Italia, que representan el 65% del PBI de la eurozona, puedan perder la votación a manos de una coalición de países pequeños.

Eso podría resultar sumamente importante en relación con las decisiones sobre las tasas de interés. También podría ser relevante en cuanto a las compras de deuda de estados miembro en problemas. Es altamente factible que la deuda griega que ha adquirido el BCE no valga el precio que se ha pagado por ella. Si Grecia se viera obligada a reestructurar su deuda e imponer un “recorte” a los tenedores de sus bonos, el BCE incurriría en una pérdida considerable. Esa pérdida recaería sobre los estados miembro de la eurozona en proporción a su porción del PBI de la zona del euro, aunque los votos sean uno por país.

Este acuerdo peculiar es otro riesgo importante más para la unión económica y monetaria, que se suma a los riesgos de políticas fiscales descoordinadas y a la falta de un equivalente europeo del Fondo Monetario Internacional. Especialmente cuando los mercados están nerviosos, como en efecto sucede hoy en día, cualquier percepción de que las decisiones del BCE pudieran no tener en cuenta los intereses de la eurozona en su totalidad, o pudieran someter a los países importantes a pérdidas significativas, podría resultar en sí misma desestabilizadora.

Esto apunta a una clara necesidad de revisar los términos del Tratado de Niza, algo que resultará difícil de hacer por cuestiones políticas. Pero cada vez resulta más evidente que la eurozona necesita una revisión importante si quiere sobrevivir. Y los acuerdos de votación del BCE son otro elemento más en la necesidad de una reforma.