CAMBRIDGE – Los llamados “inversores con repercusiones sociales”, aportadores de capital a las empresas que resuelven problemas sociales al tiempo que obtienen beneficios, son actualmente el último grito en materia de desarrollo económico. La Oficina de Innovación Social y Participación Ciudadana del  Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, reunió recientemente a más de 100 expertos para examinar cómo se podría fomentar la inversión con repercusiones sociales en los Estados Unidos y en el mundo en desarrollo. La Fundación de las Naciones Unidas y el Departamento de Estado de los EE.UU. han lanzado una asociación público-privada con un capital de 50 millones de dólares para fomentar cocinas limpias en países pobres. En el Reino Unido, los Países Bajos y Francia, los organismos dedicados al desarrollo están pensando en redistribuir parte de su financiación a empresas que presten servicios a los pobres.

Según el Banco Mundial, 1.400 millones de personas, aproximadamente, viven en la pobreza extrema (es decir, que ganan menos de 1,25 dólares al día) y 2.600 millones en la pobreza moderada (menos de dos dólares al día). Más de mil millones de los moderadamente pobres, número que excede la población total de África, viven en el Asia meridional. ¿Podrá la inversión con repercusiones sociales hacer más para reducir la pobreza mundial que tantos intentos anteriores, todos los cuales han representado un gran esfuerzo y han dado escasos resultados?

Las poblaciones pobres necesitan acuciantemente iluminación, combustible para cocinar, atención de salud asequible y accesible, agua potable, enseñanza elemental y servicios financieros. Los programas estatales encaminados a atender esas necesidades adolecen de una corrupción abrumadora (según algunos cálculos, en la India entre el 50 y el 70 por ciento de todo el gasto en pro del bienestar social es objeto de robo) y no pueden prestar servicios de calidad. Además, las grandes empresas no han podido atender las necesidades de dichas poblaciones, porque, para ello, habrían tenido que reinventar sus modelos actuales de negocio en torno a nuevos criterios en materia de productos, distribución y fijación de precios.

Esa clase de innovación transformadora suele deberse a emprendedores, pero éstos afrontan obstáculos imponentes, como, por ejemplo, una logística insuficiente, falta de financiación para consumidores, trabajadores deficientemente capacitados, desconfianza de las nuevas tecnologías por parte de los consumidores, medios de comercialización onerosos, reacciones negativas de los comerciantes ya establecidos o de los prestamistas y reglamentación subdesarrollada.

El de superar esas dificultades comerciales es un proceso oneroso y lento y las empresas nuevas necesitan muchos años para llegar a obtener beneficios. A consecuencia de ello, los proveedores comerciales de deuda o capital social no pueden obtener los beneficios elevados y las salidas rápidas que buscan.

Cuando tanto los gobiernos como los mercados fracasan, los inversores con repercusiones sociales pueden estimular el cambio. La microfinanciación –su aparición, ascenso y crisis recientes– demuestra cómo.

El sector de la microfinanciación comenzó en el decenio de 1980 en Bangladesh con el Banco Grameen, sin ánimo de lucro, y el Banco BRAC. Los donantes no tardaron en contribuir al lanzamiento de otras entidades de microfinanciación en México, la India, el Perú, Indonesia y muchos países africanos, en los que podían ofrecer préstamos con tipos de interés de entre 25 y 30 por ciento, muy inferiores a los de los prestamistas tradicionales, que ascendían a entre el 60 y el 100 por ciento, y, aun así, obtener grandes márgenes de beneficio. En la actualidad, el sector de la microfinanciación presta servicio a entre 150 y 200 millones, aproximadamente, de prestatarios en todo el mundo y ha crecido rápidamente al garantizar el acceso a varios miles de millones de dólares de financiación de capital social.

El Banco Compartamos de México y SKS Microfinance de la India ilustran el papel catalizador de los inversores con repercusiones sociales. Los dos comenzaron como ONG (siguiendo el modelo del Grameen) y recibieron millones en donaciones de entidades de desarrollo para iniciar las operaciones de préstamo. También tuvieron acceso al préstamo barato de bancos estatales y entidades multilaterales, como, por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional (la filial para el préstamo comercial del Banco Mundial) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Al cabo de unos años, cuando sus carteras de préstamos empezaron a aumentar rápidamente, Compartamos y SKS crearon empresas con fines lucrativos cuya propiedad correspondía a sus ONG respectivas. Posteriormente, recaudaron capital social gracias a inversores que pretendían tener repercusiones sociales: Compartamos, de Acción y de la oferta pública inicial, y SKS, del financiero dedicado a operaciones de capital de riesgo Vinod Khosla de Silicon Valley y de un organismo estatal de desarrollo de la India.

A continuación, en 2007, se hizo una oferta pública inicial correspondiente a Compartamos, en la que se valoraba la empresa en 2.200 millones de dólares. SKS recaudó más capital social gracias a inversores como Sequoia y Odyssey Capital, antes de salir a Bolsa en la India en 2010, con lo que recaudó 358 millones de dólares de euros con una valoración que superaba los 1.600 millones de dólares. Con el tiempo, el apoyo de los inversores con repercusiones sociales propició corrientes de capital comercial –tanto con financiación mediante capital de riesgo como gracias a los inversores en la oferta pública inicial de Compartamos, SKS y muchas otras entidades de microfinanciación.

Sin embargo, pese a esos éxitos, la microfinanciación ha tropezado recientemente con dificultades en la India. No se pueden compartir los historiales crediticios, porque hasta ahora mismo no se había creado una oficina de crédito. Además, sigue sin haber un código adecuado de protección del consumidor y un marco reglamentador.

No es de extrañar que, a consecuencia de ello, algunos hayan intentado explotar a los pobres, por lo que se ha presionado a las autoridades para que “hagan algo”. Lamentablemente, la consecuencia de ello es a menudo un perjuicio involuntario. Por ejemplo, el gobierno del estado de Andhra Pradesh aprobó un decreto restrictivo, que dificulta a las entidades de microfinanciación la recuperación de los préstamos de sus clientes. A consecuencia de ello, muchas entidades tuvieron que eliminar gran parte de sus carteras de préstamos y cargar con grandes pérdidas, lo que envió ondas de choque por todo el sector y la comunidad de inversores y causó sufrimientos a los pobres.

La enseñanza que se desprende es, sencillamente, la de que los mercados no pueden funcionar sin bienes públicos acompañantes y supervisión estatal de gran calidad. Aunque los inversores con repercusiones sociales pueden preparar el terreno para los inversores comerciales, deben cooperar también al unísono con las autoridades estatales para velar por que los sistemas de mercado funcionen bien. Sólo cuando dichos sistemas estén firmemente establecidos podrán los pobres participar en la enorme economía mundial actual.