MOSCÚ – La nueva administración estadounidense de Barack Obama tiene planeado nombrar a un alto funcionario encargado de la tecnología, como lo hacen actualmente la mayoría de las grandes corporaciones. ¿Deben hacerlo también otros países?

En lugar de copiar servilmente a Estados Unidos, creo que la mayoría de los países deberían tener un alto funcionario encargado de la información –alguien que considere a la información como un agente de cambio, no sólo como un agente de eficiencia. El libre flujo de información restringe a las autoridades y da a los individuos el poder de actuar por sí mismos. Es la esencia del libre mercado y debería ser también la esencia de una democracia libre. El pueblo debería saber qué hacen los funcionarios, cuánto cuestan las políticas de su gobierno, quién las paga y quién se beneficia.

Por supuesto, un alto funcionario encargado de la información de un gobierno no podría por sí solo hacer que todo eso sucediera. Pero podría promoverlo –la información se utiliza en todas partes y en todas partes está oculta.

Ese funcionario no tendría autoridad para diseñar políticas per se , pero tendría un alto cargo en el gobierno –e idealmente, poca carga burocrática. El funcionario encargado de la información no tendría un feudo ni tendría que competir por el poder o las atribuciones con otros altos funcionarios, sino que simplemente le recordaría al presidente o a otras personas el papel de la información cuando lo exigieran las circunstancias.

En caso de que fuera necesaria una mayor persuasión, ello correspondería al presidente [jefe de gobierno]. En efecto, el funcionario encargado de la información ilustraría el poder que ésta tiene utilizándola, en lugar del poder jurídico, para convencer a las personas de actuar correctamente.

No se necesita una “agencia de información” del gobierno. El funcionario operaría más como un “virus”, propagándose por todas partes, en lugar de ser otro apéndice injertado en el gobierno.

El virus presionaría constantemente a las dependencias gubernamentales para que fueran más efectivas y accesibles, en lugar de simplemente más eficientes. En el mejor de los casos, afectaría a los empleados y los ciudadanos mediante el cambio de sus expectativas. Las leyes no crearon la banca en línea; fueron los cambios de las expectativas y la demanda de los consumidores. (Es cierto que hubo unas cuantas leyes sobre responsabilidades, pero sólo desempeñaron un papel de habilitación.)

En resumen, el funcionario no presionaría al gobierno sobre la “política de tecnología”, como el despliegue de banda ancha, sino que establecería la estrategia para recopilar, administrar y divulgar la información para que el público la utilizara y analizara. Llevaría a cabo consultas con las dependencias sobre sus relaciones públicas –pero éstas se redefinirían, al igual que en el ámbito no gubernamental, y significarían no sólo hablar sino también escuchar y admitir los errores como forma de corregirlos.

Lo que ese funcionario no haría es casi igual de importante. No debería intentar centralizar la información sino hacer que fluyera con más facilidad. Llamémosle liquidez de la información, parecida a la liquidez financiera. ¿Qué metas específicas debería buscar?

La apertura y la transparencia no significan únicamente hacer que todo esté disponible en Internet, sino que la información sea fácil de obtener, comparar y analizar. Esto incluye todo, desde los datos mismos hasta la forma de presentarlos para facilitar la comparación entre organizaciones y entre distintos momentos. También es necesario que los datos sean fáciles de manejar, para que los terceros –ya sean servicios de información comercial o periodistas—puedan crear visualizaciones convincentes y reveladoras.

Un funcionario de información del gobierno debe recordarnos que por maravilloso que sea el Internet, quienes más provecho obtienen son quienes saben leer y escribir. La división entre quienes tienen acceso a medios electrónicos y quienes no ya casi no existe; lo que retrasa a muchas personas es la división entre la población alfabetizada y la analfabeta.

El funcionario de información no debe ser ministro de educación, pero puede dar asesoría sobre la utilización de la tecnología de la información en temas que van desde el contenido de los programas educativos hasta los cambios institucionales que se pueden lograr con una mejor comunicación maestros-padres-alumnos en cuanto a las tareas, las calificaciones e incluso los horarios de los autobuses escolares y el menú de las cafeterías. De la misma forma en que los consumidores pueden calificar productos, los padres y los estudiantes deberían tener la posibilidad de calificar y hacer comentarios sobre el desempeño de los profesores.

El funcionario de información también debe analizar seriamente la seguridad de la información –junto con los funcionarios de información de otros países (ya que los delitos cibernéticos no respetan las fronteras). Uno de los principales factores que contribuyen a la existencia de virus, spam y amenazas similares es su rentabilidad. A diferencia del comercio de drogas, la legalización no haría que el problema desapareciera, pero la cuestión es similar porque los factores económicos desempeñan un papel mucho mayor del que generalmente se reconoce.

Se necesitan dos cambios importantes. En primer lugar, enviar un correo electrónico tendrá que costar más de lo que cuesta actualmente. En segundo lugar, los proveedores de servicios de Internet, que están en las mejores condiciones para administrar la seguridad de las computadoras de los usuarios, tendrán que participar más –con un sistema que tome en cuenta los costos de una seguridad inadecuada y los transfiera a las personas responsables. (Así como se exige a los conductores tener un seguro, tal vez deberíamos exigir a los usuarios que pagaran servicios de seguridad a su proveedor de servicios de Internet o que dieran algún tipo de fianza o compraran un seguro.)

Hay muchos ejemplos así; todo lo que necesitamos es mejor información para encontrarlos y actuar, ya sea en el gobierno o el sector privado.

Un gobierno puede hacer tres cosas importantes: formular leyes (y aplicarlas), gastar dinero (o recaudarlo) e inspirar a la gente. Todos los países necesitan un alto funcionario que sea capaz de inspirar a su pueblo con el poder de la información.