Los Libros Verdes, como se los llama en Europa, o los Libros Blancos, como se los llama en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, son con frecuencia meros ensayos retóricos: estudios respaldados por los gobiernos en los que se exponen principios generales que probablemente no se apliquen nunca en la práctica. El reciente Libro Verde publicado por la Comisión Europea sobre la migración internacional no es una excepción.

De hecho, ese libro es un batiburrillo de ideas ilógicas y mal concebidas encaminado a “lanzar un debate público” sobre esa cuestión, “mediante un planteamiento de abajo arriba y no de arriba abajo”. Pero, si bien el objetivo es el de “armonizar las políticas relativas a los migrantes económicos en toda la UE”, al comienzo del Libro se declara que la decisiones al respecto deben seguir correspondiendo a la jurisdicción exclusiva de los gobiernos nacionales. Algunas de las normas que se proponen son inaplicables... y, por tanto, sólo servirían para aumentar el papeleo a los emigrantes y los empleadores, para cuya administración harían falta grandes burocracias públicas.

Si las decisiones siguen siendo competencia exclusiva de los gobiernos nacionales, la coordinación de las políticas nacionales de migración seguirá siendo un sueño. No hay señales en la UE de que las reglamentaciones nacionales de la migración económica estén convergiendo.

Las políticas sobre los migrantes se están volviendo cada vez más duras, en particular en los países que ya tenían la disposiciones más restrictivas al respecto. Desde 1995, en la UE de 15 miembros hubo 26 reformas de las políticas de migración: dos terceras partes de ellas endurecieron los reglamentos aumentando los obstáculos de procedimiento que afrontan los solicitantes de visado, reduciendo la duración de los permisos de trabajo o dificultando más la reunificación de la familia.

Los países están adoptando actitudes más duras porque las corrientes migratorias pueden desviarse hacia otras jurisdicciones, lo que infunde a la opinión pública la preocupación de que los migrantes rechazados en algunos países podrían inundar a los que no impongan restricciones tan estrictas.

Es frecuente que unas políticas nacionales influyan en otras. En 2004 Finlandia endureció sus reglamentos sobre inmigración, siguiendo fielmente el ejemplo de la actitud restrictiva adoptada por Dinamarca en 2002. Portugal aprobó disposiciones más restrictivas en 2001, después de que España aplicara una reforma similar en 2000. Irlanda hizo lo mismo en 1999, después de que el Reino Unido promulgara dos reformas en 1996 y 1998 encaminadas a frenar la inmigración.

Esa carrera de actitudes más restrictivas dominó el proceso de adopción de decisiones sobre la disposiciones transitorias a raíz de la adhesión de 10 nuevos miembros –ocho de ellos países poscomunistas- a la UE el pasado mes de mayo. Doce de los 15 países incumplieron sus promesas de no restringir las corrientes migratorias procedentes de los nuevos miembros, al advertir que Austria y Alemania estaban cerrando sus fronteras a la inmigración procedente de sus vecinos orientales.

Pero las restricciones nacionales estrictas no parecen impedir la migración; sólo modifican la orientación geográfica de las corrientes y contribuyen a aumentar la inmigración ilegal y con ello aumentan el tamaño de la economía no estructurada. De hecho, la inmigración ilegal es mayor cuando las restricciones a la migración legal son estrictas. Las corrientes ilegales como proporción de la población son un 25 por ciento mayores en Europa que en los Estados Unidos; al mismo tiempo, las corrientes legales son, aproximadamente, un 25 por ciento mayores en los Estados Unidos que en Europa. Además, los Estados Unidos tienen restricciones más realistas de la migración que la mayoría de los países europeos.

En Europa se pueden adoptar restricciones realistas sólo teniendo en cuenta la influencia de unas jurisdicciones en otras, lo que requiere la aplicación de políticas acordadas en el nivel de la UE, pero los gobiernos nacionales siguen mostrándose reacios a delegar su autoridad: en noviembre de 2004, el Consejo Europeo aceptó una votación por mayoría cualificada sobre las medidas relativas a la migración ilegal, pero dejó las restricciones de la migración legal sujetas a las normas de la unanimidad, como si la migración legal y la ilegal no fueran simplemente las dos caras de una misma moneda.

El Libro Verde no hará cambiar de opinión a los dirigentes europeos. En él se declara que los gobiernos nacionales pueden “atender mejor las necesidades específicas de sus mercados laborales”. No se subrayan las evidentes ventajas de que la UE fuera la única encargada de imponer los controles fronterizos, firmar acuerdos de cooperación con los países de origen de los migrantes y fomentar las corrientes más idóneas para Europa.

En el Libro Verde se propone también que, al admitir a migrantes, los países miembros “exijan pruebas de que no hay nadie que ya forme parte del mercado laboral nacional y que pueda ocupar la vacante de que se trate”. No es probable que fuese posible ni siquiera con una planificación centralizada. Los migrantes cambian de puesto de trabajo dos veces al año, por término medio, mientras “engrasan las ruedas” de los mercados laborales europeos con su movilidad, al pasar de unos puestos de trabajo menos productivos a otros más productivos. ¿Deberíamos impedirles hacerlo?

Asimismo, en el Libro se propone que se admita a los autónomos después de hacer una evaluación de sus planes empresariales. Este año en Milán se han registrado como autónomos más extranjeros que italianos. ¿Quién examinará sus planes empresariales? Aun cuando la propuesta del Libro Verde fuera viable, cosa que no es, deja sin respuesta una pregunta más amplia: ¿debemos impedir a los migrantes correr riesgos empresariales?

Si se toman en serio, esas normas no servirán para nada, excepto para obligar a los migrantes y a sus posibles empleadores a encontrar otras formas de relacionarse. El Libro Verde de la Comisión Europea sobre la inmigración parece una invitación a engrosar la economía subterránea.