La de conciliar la moral con la organización de una sociedad -en otras palabras: la ética con la política- es una de las más antiguas ambiciones de la Humanidad. Hammurabi, Ramsés II, Solón, Confucio y Pericles fueron algunas de las primeras grandes figuras que se lanzaron a esa empresa. La aparición del Estado-nación en el siglo XVIII y el extremo nivel de barbarismo alcanzado en el siglo XX pueden haber dado la impresión de que el de una política ética era un sueño irrealizable o cada vez más distante, al alejarse en el futuro.

Y, sin embargo, pese a la rivalidad de las naciones y los horrores de la guerra moderna, la democracia se está extendiendo. De hecho, en tan sólo medio siglo los latinoamericanos se liberaron de todas las dictaduras militares y civiles de ese continente y África ha eliminado más de la mitad de los déspotas que han asolado su época de independencia.

En comparación con todos los demás regímenes políticos conocidos por la Humanidad, la democracia representa un progreso ético doble: en primer lugar, porque se basa en el respeto de los derechos humanos y, en segundo lugar, porque el sufragio universal que la democracia moderna entraña prohíbe la desatención o la opresión de las minorías.

Naturalmente, el avance hacia más democracia y moralidad en los asuntos públicos internacionales sigue siendo extraordinariamente lento. Sin embargo, el año 2004 puede dejar para la Historia algunos de los mayores avances en esa esfera que haya visto la Humanidad.

Abundan las señales de esperanza y progreso. Un gobierno español fue derrocado porque mintió a su público sobre el origen de las bombas terroristas que destrozaron una estación ferroviaria de Madrid en la pasada primavera. Tony Blair y George W. Bush están teniendo problemas enormes con sus electorados, porque también mintieron sobre las razones que dieron para justificar su guerra en el Iraq.

También la democracia está vivita y coleando en el mundo en desarrollo. El proceso electoral en Indonesia está alcanzando un nivel de equidad y responsabilidad hasta ahora desconocido en ese país. Marruecos y Argelia están laborando para ampliar los derechos de las mujeres. Turquía se ha comprometido con una vasta empresa legislativa para mejorar los derechos humanos, la libertad de pensamiento, el trato de los presos y el control civil del ejército.

Incluso China, pese a ser sumamente insensible a los principios democráticos, está descubriendo, con la peligrosas propagación del SIDA, la obligación de escuchar el clamor popular y la necesidad de apoyo público para justificar las medidas adoptadas por el gobierno. Los Estados Unidos, en vista de sus horrorosos trato y tortura a los prisioneros en Bagdad, no ha tenido más remedio que procurar la legitimidad internacional después de negarla y desafiarla durante tanto tiempo, para librarse del caos y del drama que ahora es el Iraq.

Israel ha visto puestos en tela de juicio la legitimidad de su "muro de seguridad y el trazado propuesto de dicho muro por el territorio palestino -de forma diferente, pero paralela- por su Tribunal Supremo y por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Israel no podrá pasar por alto completamente las resoluciones de esos dos tribunales.

Por su parte, África, al substituir la Organización de la Unidad Africana por la Unión Africana, está haciendo un inmenso esfuerzo para controlar los conflictos en el continente, además de propagar la observancia de los derechos humanos y proseguir la lucha contra la pobreza.

Además, el propio capitalismo está sintiendo presiones de todas las procedencias. Ve cada vez mayor irritación ante los inflados pagos a los jefes, la especulación arriesgada y el fraude a las claras.

La creación del Tribunal Penal Internacional fortalece todas esas empresas para pedir cuentas a los poderosos de sus abusos.

De modo que, pese a la guerra del Iraq y la aparente impotencia de las instituciones mundiales, el comienzo del siglo XXI podría aportar perfectamente una mejora mundial más rápida de la ética política que en ningún otro momento del pasado, pero, para que esa tendencia se afiance de verdad, la política idónea requiere algo más que moral exclusivamente. Los Estados deben empezar a explicar sus medidas más duras, las requeridas por la búsqueda de la seguridad y la inevitable desconfianza entre ellos. La "razón de Estado" no desaparecerá totalmente, pero, para que la democracia siga logrando avances éticos, se deben someter las razones de Estado a unas mayores rendición de cuentas y justificación públicas.