La tan buscada fuerza de paz conjunta para Darfur, que combinaría la fuerza existente de 7.000 hombres de la Unión Africana con unos 20.000 miembros militares y civiles adicionales bajo órdenes de la ONU, ya ha sido aprobada. Pero todavía existen varios obstáculos en el camino, lo que torna muy difícil que la misión conjunta de la UA y la ONU traiga aparejada una solución pacífica al conflicto de Darfur.

Aunque el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presionó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que actuara de manera diligente y autorizara la fuerza conjunta propuesta, los gobiernos miembro siguen estancados respecto de cuál debería ser su mandato. Con el aliento del gobierno de Sudán, China y Rusia hasta ahora han bloqueado una resolución patrocinada por Gran Bretaña y Francia que le permitiría a la fuerza híbrida propuesta “utilizar todos los medios necesarios” para proteger a los trabajadores humanitarios y otros civiles. El embajador de la ONU en Sudán ha exigido un borrador cuyo lenguaje sea “más amigable con Sudán”.

Es más, los analistas de la ONU estiman que la mayor parte de las tropas adicionales no llegarán a Darfur hasta principios del año próximo. La fase precedente sólo contempla proporcionarle a la fuerza de la UA existente apoyo logístico de países no africanos, como ingenieros de China.

El ministro de Relaciones Exteriores francés, Bernard Kouchner, instó a la fusión de estas dos fases para acelerar el proceso, lo cual requeriría fondos sustanciales para asegurar y desplegar las fuerzas de paz adicionales de la ONU. Según Jean-Marie Guehenno, jefe de las operaciones de paz de la ONU, cualquier fuerza híbrida debe ser “robusta” por la situación “muy apremiante” de Darfur. El borrador de la resolución británico-francesa ofrecería un techo autorizado de 19.555 tropas militares y 6.400 oficiales de policía, con un costo estimado de más de 2.000 millones de dólares durante su primer año.

La administración Bush ha sido uno de los principales defensores del despliegue de una operación robusta de fuerzas de paz en Darfur. Pero Estados Unidos está impidiendo este proceso al retrasarse y mucho en sus pagos obligatorios al presupuesto de las fuerzas de paz de la ONU: se calcula que los atrasos norteamericanos totales superan los 500 millones de dólares –y posiblemente excedan los 1.000 millones de dólares para fines de 2007-. A la UE también le ha resultado difícil cumplir con la asistencia financiera prometida a la fuerza existente de la UA en Darfur.

Es más, la división de tareas para cualquier misión conjunta –especialmente en lo referente al financiamiento y al mando- sigue sin resolverse. Muchos líderes africanos insisten en que ellos deberían retener el control principal de cualquier fuerza de paz en Darfur. Su modelo preferido insta a que la ONU proporcione el financiamiento y gran parte de otros apoyos para la misión, mientras que se le permite a la UA conservar su rol de liderazgo.

Muchos gobiernos occidentales, sin embargo, se niegan a colocar sus fuerzas bajo órdenes de la UA, debido a su debilidad percibida, y han condicionado todo apoyo futuro a las operaciones de paz en Darfur a que la ONU asuma el control. Pero a la ONU le ha resultado difícil atraer la suficiente cantidad de voluntarios para una fuerza de este tipo, ya que los gobiernos extranjeros han accedido a las demandas sudanesas de que la fuerza híbrida siga siendo predominantemente africana.

Al mismo tiempo, la compleja cadena de mando concebida para una fuerza de la UA y la ONU rememora algunas de las peores características de las operaciones de la OTAN y la ONU en la ex Yugoslavia durante los años 1990. Los comandantes en tierra de la UA conservarían el control táctico, un mando conjunto de la UA y la ONU ejercería una supervisión operativa y la ONU establecería los objetivos estratégicos generales de la fuerza. Un sistema de mando tan intrincado hará que la reacción ante cualquier crisis o amenaza de rápido desarrollo resulte difícil.

Por cierto, aún si las tropas extranjeras redujeran la violencia, la paz sólo podría durar mientras se mantuvieran desplegadas, ya que el conflicto pasó de ser una lucha entre grupos rebeldes y el gobierno sudanés y se convirtió en una lucha entre varios clanes y grupos étnicos, donde el gobierno interviene en nombre de sus aliados.

El ejemplo de Kosovo es revelador. Ocho años después de la intervención de la OTAN en 1999, una fuerza internacional de 17.000 hombres todavía es necesaria para impedir un resurgimiento de la violencia, y el status político esencial de Kosovo todavía está sin resolver.

Una operación importante de fuerzas de paz en Darfur probablemente produciría una situación similar: incertidumbres prolongadas respecto del futuro status político de la región, un desarrollo socioeconómico obstaculizado, expectativas tenazmente divergentes entre las partes en conflicto, tensiones sin resolver que resultan del no cumplimiento de estas expectativas y la posibilidad de una violencia renovada si la fuerza de intervención extranjera se retirara.

Por otra parte, una operación militar dilatada en Darfur no necesariamente aseguraría a la región a menos que también abordara los problemas en el resto de Sudán. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha determinado que los abusos generalizados y sistemáticos a los derechos humanos se extienden por todo Sudán, no sólo en Darfur. La revista Foreign Policy considera a Sudán el país con mayor riesgo de un fracaso del estado.

Por estas razones, cualquier operación de paz importante que involucre a países occidentales pronto llevaría a sus gobiernos a considerar un cambio de régimen en Kartum como la estrategia de salida más viable. Dado que el gobierno sudanés también reconoce esto, se negará a cualquier despliegue de este tipo, sin importar las amenazas y zalamerías extranjeras.