Aparentemente, la derrota del Tratado Constitucional de la UE en los referendos de Francia y Holanda ha dado origen a un nuevo consenso en el sentido de que sería necesario retardar, o incluso detener, una mayor ampliación. Quienes sostienen esta opinión consideran que los votantes de la UE se sienten presa del pánico por las consecuencias de la ampliación de mayo de 2004, cuando se unieron ocho ex estados comunistas, e irritados porque no se les consultó sobre ella.

Una serie de temores afecta al mercado laboral, la así llamada cuestión del "plomero polaco". Desde este punto de vista, debido a la entrada de personas de origen centroeuropeo cuya mano de obra es poco costosa y de baja calidad, los salarios se han ido reduciendo y se han perdido empleos. Se debatieron ampliamente casos particulares como evidencia de esta nueva amenaza, tales como la eliminación de los empleos en la industria del procesamiento y el embalaje de la carne en Alemania, o los trabajadores informales en Francia.

Sin embargo, el "plomero polaco" es en realidad una mala versión del tío del saco. En primer lugar, ya había ocurrido un flujo sustancial de trabajadores antes de la ampliación. Los polacos habían trabajado en algunos empleos agrícolas (en las cosechas de remolacha y uvas) ya durante la era comunista. Con la caída de la Cortina de Hierro en 1989, los flujos laborales, tanto legales como ilegales, se volvieron mucho mayores.

En segundo lugar, el ingreso de nuevos trabajadores trae por igual desventajas y beneficios sustanciales: en Francia, que sufre de la falta de cerca de 6.000 plomeros, deben abundar las casas que estarían encantadas de encontrar a alguien bien calificado para hacer sus obras de reparaciones.

Finalmente, las ampliaciones de los años 80, cuando Grecia y luego España y Portugal se unieron a la entonces Comunidad Europea, no fueron muy disruptivas. Por si mismas, las implicancias en términos del mercado de trabajo del acceso de países pobres a la UE sencillamente no significan grandes trastornos. 

Lo que hace que el debate sea tan agitado en 2005 es un nuevo temor que no existía en los años 80: que los nuevos miembros tengan un modelo social diferente, en el que se vean afectados los derechos de los trabajadores y el estado de bienestar. No es tanto el plomero polaco sino el impuesto único eslovaco del 19% lo que plantea un desafío al antiguo estado de bienestar y al modelo social de Europa occidental.

Los estados grandes de la UE se sienten particularmente vulnerables, y es allí donde ha ocurrido el mayor golpe a las expectativas. En el pasado, Francia y Alemania fueron los motores de la integración europea. Ahora son los países que se sienten más amenazados, y sus librerías están repletas de descripciones alarmistas y sensacionalistas sobre el declive nacional.

La República Federal Alemana posterior a 1949 estaba acostumbrada a ser vista como el gran éxito económico de Europa, pero nunca se recuperó realmente de la recesión post-unificación de principios de los años 90, con un crecimiento que fue de lento a nulo. La sociedad basada en el consenso que constituyó el centro del Wirtschaftswunder de la República Federal, ahora luce inflexible y llena de obstáculos frente al cambio. 

Alemania está rodeada de pequeños estados, todos los cuales parecen estar prosperando más que ella en el actual ambiente geopolítico y geoeconómico. Se trata no sólo de los ex países comunistas del este, como Polonia y la República Checa, que están creciendo vigorosamente, sino también de Dinamarca, Holanda, Austria y Suiza, a quienes los alemanes tradicionalmente han mirado con desdén. Ahora, como lo expresa un mordaz y muy difundido eslogan, Austria es "la mejor Alemania".

Varios escritores franceses también manifiestan un vívido sentimiento de decadencia nacional, y muchos ciudadanos de la calle creen que las reglas de la economía mundial funcionan contra los intereses nacionales franceses.

En pocas palabras, los estados grandes todavía se hacen ilusiones, estimulados por sus elites políticas, sobre lo que el estado puede hacer para guiar el desarrollo económico. En contraste, los estados europeos pequeños, ya sea de Europa occidental o del este, han mostrado una mucho mayor flexibilidad frente a los desafíos de la moderna economía globalizada.

Los políticos pueden hacer todo tipo de ofertas que los votantes encuentran muy atractivas: recortes de impuestos, subsidios y beneficios sociales. Pero los estados pequeños se inclinan menos a pensar que pueden crear las reglas del juego, y en consecuencia tienen mayor voluntad y capacidad de hacer ajustes. Están más conscientes de que si intentan distribuir demasiado, sencillamente ahuyentarán los factores de producción: el capital se irá a otros puntos del planeta y, consecuentemente, la mano de obra se desplazará también.

El mismo tipo de lógica se aplica a los estados grandes: Francia y Alemania están perdiendo mano de obra calificada al mismo tiempo que están atrayendo mano de obra más barata desde Europa del este. Como resultado, sienten que están perdiendo las cualidades que los definen como "franceses" o "alemanes", creando un mayor espacio político, tanto a la derecha como a la izquierda, para un ressentiment nacionalista.

En las primeras rondas de la integración europea, desde los años 50 a los 80, los estados grandes obtuvieron ganancias muy obvias que sus políticos podían presentar fácilmente como tales a los votantes. Sin embargo, desde 1989, o desde que el Tratado de Maastricht entró en vigencia en 1992, la dinámica política ha cambiado. Ahora los estados más pequeños de la UE son los que tienen más que ganar con una integración europea más amplia y profunda. Para que los estados grandes obtengan beneficios similares y sus políticos recuperen el respeto de los votantes, sus gobiernos tendrán que aceptar la lógica de los estados pequeños y abandonar los aires de Gran Potencia que han acostumbrado tener hasta hoy.