Aunque sabía que el 7 de diciembre de 2001 marcaba su 60 aniversario, nunca imaginé que las palabras "Pearl Harbor" serían escuchadas tan frecuentemente este año. Su repetición inició de forma prosáica, con la introducción del filme "Pearl Harbor" de la compañía Disney en junio pasado. Después del 11 de septiembre, sin embargo, muchos estadounidenses hablaron de los asaltos terroristas como "el primer ataque en contra de Estados Unidos desde Pearl Harbor". Una persona incluso me dijo que, debido a esos ataques, Japón había recibido una oportunidad dorada para limpiar su nombre del estigma de Pearl Harbor. La forma de lograr esto era, al parecer, que Japón suministrara apoyo militar a Estados Unidos (EU).

Quienes han criticado la política de defensa de Japón al paso de los años han sido en ocasiones implacables. The Economist , sin duda, se burló una vez de los japoneses llamándolos "pacifistas kamikaze". La realidad es que los debates sobre defensa en Japón son invariablemente traumáticos, debido a los fuertes recuerdos de la guerra y a los horrores de Hiroshima y Nagasaki. Pero, a pesar de eso, Japón respondió a los actos terroristas de septiembre pasando una nueva ley que permite al país brindar apoyo a las fuerzas estadounidenses en la guerra contra los terroristas. La Ley Especial Contra el Terrorismo, aprobada por la Dieta japonesa en octubre, permitió que Japón enviara a sus "Fuerzas de Defensa Propia" (SDF, por sus siglas en inglés) a ultramar para apoyar con suministros, transporte, reparación, mantenimiento, servicios médicos, etcétera, a las fuerzas de EU.

Aunque las SDF todavía no pueden combatir, la Ley Contra el Terrorismo es la primera que permite a Japón enviar fuerzas armadas a participar en operaciones militares fuera del territorio y de las aguas territoriales japonesas cuando la guerra está en curso. Que Japón haya actuado con presteza después del 11 de septiembre refleja el trauma experimentado durante la Guerra del Golfo hace diez años. Aunque Japón pagó muchos de los costos de esa guerra elevando los impuestos locales, sus acciones de apoyo pasaron en gran parte desapercibidas. En efecto, la palabra "Japón" no estaba en ninguna parte en los anuncios publicados después de la guerra por el gobierno de Kuwait para agradecer a las treinta naciones de la coalición internacional que pelearon por expulsar a Iraq de Kuwait.

Esos debates son también traumantes por una razón institucional. La llamada "Constitución de la Paz" de Japón, incluyendo el Artículo 9, el cual prohíbe que el país posea "potencial de guerra", fue creada después de la Segunda Guerra Mundial bajo fuerte presión estadounidense y en una atmósfera de profunda autoreflexión sobre la Guerra del Pacífico. Algunos de los conceptos que la Constitución contenía eran tan extraños para los japoneses que se tuvieron que crear nuevos ideogramas para expresarlos. La Guerra Fría, sin embargo, hizo que pronto el Artículo 9 pareciera demasiado idealista, por lo menos para algunos. Desde entonces, Japón ha atestiguado una severa confrontación entre los revisionistas de la Constitución y aquellos que quieren proteger la Constitución de la Paz tal y como fue escrita.

Lo que en verdad ha sucedido, es que Japón ha sido realista en cuanto a interpretar la Constitución de acuerdo a los eventos del momento. Pasados los años no revisó la Constitución de manera formal pero, en cambio, expandió su significado reinterpretando cláusulas cruciales. La revisión así de informal permitió en un inicio que Japón creara las SDF y apoyara la presencia de fuerzas estadounidenses en el país. Pero durante la mayor parte de la postguerra entendimos que Japón no podía enviar las SDF al extranjero, ni siquiera para apoyar a sus aliados. Es por eso que no envió las SDF al Golfo.

Antes del 11 de septiembre, Japón dió un gran paso hacia el posible envío de fuerzas militares más allá de su territorio cuando concluyó un acuerdo con EU en 1997, la "Guía para la Cooperación en la Defensa", que restringía las operaciones al "área alrededor de Japón". La nueva Ley Contra el Terrorismo virtualmente eliminó esa restricción, haciendo posible que Japón envíe sus tropas a cualquier parte del mundo en cualquier momento.

Revisar o no revisar la Constitución, especialmente el Artículo 9, sigue siendo un tema político que genera divisiones aquí, pues las presiones para cambiarla vienen no sólo del interior, de políticos conservadores, sino de afuera también. El llamado "Armitage Report of 2000", producido por un comité encabezado por el ahora Secretario de Estado Asistente de EU, Richard L. Armitage, agitó más las aguas cuando dijo que "la prohibición de la defensa colectiva en Japón es una limitante de la cooperación aliada" y que "retirar esta prohibición permitiría una mayor y más eficiente cooperación en cuanto a seguridad".

Esa fue una petición de facto de EU para que Japón ampliara su cooperación militar. Puesto que el Sr. Armitage y muchos otros estadounidenses del comité conjunto se convirtieron después en altos funcionarios de la administración de Bush, los políticos japoneses consideraron que era vital dar una respuesta a tal reporte. Las discusiones en el gobierno japonés acerca de la defensa colectiva recibieron más atención.

Pero establecer un significado práctico para "defensa colectiva" seguía siendo difícil. La nueva Ley Contra el Terrorismo de Japón fue uno de los esfuerzos realizados para dar claridad a la idea de "defensa colectiva". El Primer Ministro Koizumi declaró en la Dieta que la Constitución contenía términos obscuros y poco claros y que Japón debe interpretarlos con sentido común. Al final, sin embargo, el Sr. Koizumi evitó cualquier compromiso formal para actuar en "defensa colectiva" o para revisar la Constitución.

Aunque tanto la cámara alta como la cámara baja de la Dieta crearon comités especiales para investigar la revisión constitucional, especialmente el Artículo 9, el cambio sigue siendo difícil, por varias razones. Primero, la mayoría de los japoneses no quieren cambiar el Artículo 9, como lo muestran consistentemente las encuestas de opinión. El Artículo 9 sigue siendo un altamente apreciado símbolo de la postura pacífica de Japón y una barrera en contra de una posible remilitarización. Japón fue capaz de aprobar la Ley Contra el Terrorismo sin cambiar la Constitución, pero un día se podrían alcanzar los límites de una expansiva interpretación constitucional.

La reacción de otros países asiáticos, sobre todo China y Corea del Sur, también limita la revisión constitucional. Cuando el Primer Ministro Koizumi explicó la nueva Ley Contra el Terrorismo en China y en Corea en octubre pasado, los líderes de ambos países aconsejaron mucha cautela, y el presidente de Corea, Kim Dae Jung, le dijo al Primer Ministro Koizumi: "espero que el comportamiento de las SDF se mantenga dentro de los límites de la Constitución de la Paz".

Ya sea que Japón mantenga o no el Artículo 9 tal y como está, el público japonés debe empezar a discutir seria y profundamente acerca de cuál será la apropiada política de defensa del país en el futuro. Formular una ley básica que gobierne la seguridad nacional, una ley que definiría el papel y limitaría las acciones de las SDF, es un mecanismo que deberíamos considerar seriamente.