Un año después de su aplastante reelección, el Primer Ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra, se ha visto obligado a disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones inmediatas. Aunque su partido, el Thai Rak Thai (TRT), tiene una mayoría del 75% en la asamblea, Thaksin está asediado. Sigue siendo sumamente popular entre los electores rurales y los pobres de las zonas urbanas, que forman el 60% del electorado de Tailandia, pero ha estado luchando contra una fuerte insurrección de los intelectuales y las clases medias que se oponen a su gobierno desde Bangkok.

Acusan a Thaksin, el empresario más rico de Tailandia, de corrupción y traición por la venta libre de impuestos de la Corporación Shin, propiedad de su familia, a la Temasek Holdings del gobierno de Singapur, por un monto de 1.9 mil millones de dólares. El rápido cambio de la fortuna política de Thaksin pone de manifiesto los límites de las urnas y las deficiencias democráticas que aquejan ahora a muchos países en desarrollo, incluyendo a vecinos regionales como Filipinas.

Hasta hace poco, Thaksin parecía ser tan inexpugnable en casa como audaz y creíble en el extranjero. Explotando las profundas divisiones entre zonas urbanas y rurales de Tailandia, Thaksin llegó de manera apabullante al poder en 2001 sobre la base de una plataforma populista. Agitó el orgullo nacional y prometió a los tailandeses de las zonas rurales que su país alcanzaría la grandeza después de la devastadora crisis económica de 1997.

Una serie de políticas populistas apuntalaron sus primeros cuatro años de gobierno, desde la suspensión de la deuda rural y una atención a la salud universal y barata, hasta la entrega de 25,000 dólares a cada uno de 77,000 poblados en fondos para echar a andar empresas. A semejanza de las estrategias de desarrollo comunes en Asia oriental, Thaksin eligió industrias en nichos estratégicos para impulsar la expansión económica de Tailandia, concentrándose en los automóviles, la moda, los alimentos, la atención a la salud y el turismo.

En asuntos exteriores, Thaksin se hizo su propio espacio en la arena internacional con ambiciosos proyectos de cooperación regional basados en el Diálogo por la Cooperación en Asia (ACD), la Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation (ACMECS) y un conjunto de acuerdos bilaterales de libre comercio con las principales potencias, incluyendo a Estados Unidos, China, Japón, la India y Australia.

El ACD estaba diseñado para hacer de Tailandia el centro de gravedad político del Sureste de Asia; la ACMECS buscaba convertirla en el eje del desarrollo económico de la región; y los acuerdos bilaterales habrían de consolidar las relaciones con los principales actores de la zona. En su punto más alto, muchos consideraban a Thaksin un digno sucesor del ex Primer Ministro malasio, Mahathir Mohamad, impulsado por el gobierno autoritario en casa y un firme liderazgo en el exterior.

Los electores volvieron a llevar a Thaksin al poder abrumadoramente en febrero de 2005. Pero entonces su popularidad personal se desplomó debido a la racha de violencia separatista en el sur dominado por los musulmanes y el flagelo de la corrupción. Los pecados que se pasaron por alto en su primer período --desde el acoso a los medios y la coerción de grupos de la sociedad civil hasta las ejecuciones extrajudiciales en una campaña contra las drogas y los conflictos de interés que beneficiaron a Shinawatra, su imperio de las telecomunicaciones-- pronto comenzaron a tener consecuencias.

La turbia venta de la Corporación Shin en febrero galvanizó el descontento que estaba latente desde hacía tiempo. La operación fue considerada como el epítome de la sofisticada corrupción de Thaksin y como una traición al nacionalismo que proclamaba, lo que agotó su autoridad moral y su legitimidad política. El valor de la compañía se cuadruplicó durante la administración de Thaksin, con activos como satélites, un servicio de telefonía móvil y una aerolínea que se originó a partir de concesiones del Estado condicionadas a que la propiedad fuera mayoritariamente tailandesa. Para los opositores de Thaksin, la venta de esos bienes a una compañía extranjera propiedad de un gobierno extranjero equivalía a poner en riesgo la soberanía económica de Tailandia.

Los días de Thaksin parecen estar contados, ya que Tailandia luce dispuesta a expulsar a un Primer Ministro elegido por el pueblo. El número de manifestantes ha aumentado desde entonces de los cinco a los seis dígitos. Su predicamento ilustra la máxima común en la política de los países en desarrollo según la cual los electorados rurales eligen a los gobiernos pero las élites urbanas los derrocan.

En efecto, la coalición en contra de Thaksin no se conformará con menos de su salida del poder, la inhabilitación permanente para participar en la política tailandesa y tal vez el exilio. Pero la oposición ha decidido boicotear las elecciones, que probablemente el TRT volvería a ganar por amplio margen, debido a que Thaksin ha capturado y manipulado a las instituciones establecidas por la constitución para impedir la corrupción y garantizar la separación de poderes al interior del Estado.

Así, la política tailandesa ha llegado a un impasse. Lo único que aparentemente podría resolver la situación es la intervención del Rey Bhumibol Adulyadej, que es ampliamente venerado. En una feroz batalla entre Thaksin y sus opositores, el Rey Bhumibol es la diferencia fundamental entre Tailandia y Filipinas, donde las revueltas del "poder popular" periódicamente socavan y en ocasiones derrocan a los presidentes. La intervención del Rey pondría un fin incondicional a las confrontaciones callejeras.

Pero el pueblo de Tailandia no puede darse el lujo de recurrir a su Rey anciano y enfermo cada vez que tiene un problema. Además, con la intervención real se correría el riesgo de que Tailandia volviera al principio para buscar rescribir su constitución a fin de remediar las deficiencias de su cultura democrática.

Lo que la democracia tailandesa requiere para madurar no es una red de seguridad política, sino una ciudadanía atenta que garantice la aplicación disciplinada de las disposiciones e instituciones de su constitución, de forma que ya ningún Thaksin las pueda secuestrar.