Durante más de medio siglo, los europeos han compartido las aspiraciones de estrechar los lazos políticos y la cooperación económica. El último capítulo de este proceso, y quizás el más notable, se inició con la adhesión de 10 nuevos países a principios de este ańo. La expansión del segundo mercado más importante del mundo ofrece oportunidades históricas de renovación económica.

Sin embargo, la ampliación de la Unión Europea (UE) también plantea ciertos desafíos inevitables. En un contexto caracterizado por la desaceleración del crecimiento, la persistencia de altas tasas de desempleo y la difícil situación fiscal de algunos países, no es sorprendente que los miembros más antiguos a veces se centren más en los desafíos problemáticos que podrían plantearse que en las oportunidades.

Estos problemas son reales, pero su solución radica en las nuevas oportunidades que ofrece la UE ampliada: el mayor intercambio de bienes y servicios; la integración de los mercados financieros y una mejor asignación del capital, y el potencial efecto disciplinario de la integración sobre las políticas económicas.

Las ventajas en términos de comercio e inversión —más de 450 millones de personas en 25 países— son evidentes. La inclusión de las economías de renta media de crecimiento más rápido de Europa central y oriental ofrece un mercado interno más vasto y diverso, con un poder adquisitivo creciente y una población activa instruida. La adopción del euro debería promover una integración comercial aún mayor, eliminando la incertidumbre sobre los tipos de cambio, reduciendo los costes de transacción y fomentando la transparencia de precios y la competencia mayores. La experiencia de los miembros actuales de la zona del euro hasta el momento parece indicar que el comercio ha aumentado alrededor del 10% por la adopción de la moneda única.

Lamentablemente, un canal de mayor integración se ha cerrado: la libre circulación de mano de obra. La mayoría de los estados miembros antiguos, temiendo posibles trastornos, han optado por proteger, aunque temporalmente, sus mercados de trabajo y varios de los nuevos estados miembros han aprobado restricciones recíprocas. Es esencial que todos los estados miembros reduzcan al mínimo estas barreras artificiales.

Europa tiene mucho que ganar de la integración financiera en curso como paso hacia la futura creación de un mercado financiero realmente paneuropeo. Un mayor acceso a los mercados, la reforma de estos y los esfuerzos por armonizar las regulaciones (incluidos los realizados al amparo del Plan de Acción de Servicios Financieros de la UE) ayudarían, sin duda, a fomentar esta tendencia. La inversión extranjera directa (IED) es quizás el canal más directo para la integración. Según algunas fuentes, la IED entre los miembros antiguos y los nuevos podría ser hasta un 70% inferior a lo que justifican las variables fundamentales. Del mismo modo, dado que el crédito bancario al sector privado en los nuevos Estados miembros se sitúa muy por debajo de las medias occidentales, el margen para aumentar la actividad crediticia es también considerable. Las perspectivas de integración financiera podrían catapultar el desarrollo financiero de los nuevos estados miembros, incluso a través de la adopción de nuevos instrumentos y servicios financieros.

La adopción del euro promete favorecer aún más la integración financiera. La mayor competencia y las economías de escala que se derivan de la ampliación e integración de los mercados financieros permitirían reducir los márgenes de crédito y los costes de intermediación y asignar los fondos de manera más eficiente. Y una mayor diversificación de las carteras y unas relaciones transfronterizas más profundas ayudarían a distribuir los riesgos, permitiendo a la región tener más capacidad de resistencia a los shocks .

Avanzar en la integración comercial y financiera depende en última instancia de la aplicación de políticas económicas más eficaces. Los nuevos estados miembros deberían continuar el camino hacia la estabilidad macroeconómica y la disciplina financiera, particularmente con respecto a las finanzas públicas. Junto con una fuerte supervisión prudencial, ello ayudaría a controlar las vulnerabilidades asociadas a la volatilidad de la cuenta de capital y al auge del crédito, y sentaría las bases necesarias para la incorporación al MTC II y para la sustitución final de las monedas nacionales por el euro.

Antes de la unión monetaria, estos países tendrán que seguir progresando para cumplir los criterios de convergencia de tipos de interés, inflación y finanzas públicas. Será preciso reducir los déficit fiscales de varios de los nuevos Estados miembros. Recortar las generosas transferencias y prestaciones sociales, y utilizar adecuadamente los fondos estructurales de la UE, ayudaría a conseguir este objetivo, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades de inversión pública y de mejora de la infraestructura. También será necesaria una supervisión firme de los mercados financieros para contener los riesgos derivados del auge crediticio, las burbujas de activos y la volatilidad de los mercados financieros. En el ámbito estructural, las medidas para flexibilizar los salarios y precios mejorarían la capacidad de resistencia de estas economías ante perturbaciones asimétricas y ayudarían a que sus fluctuaciones cíclicas estuvieran en mejor sintonía con el resto de la Unión.

Para los estados miembros más antiguos la ampliación presenta una nueva oportunidad de preparar las finanzas públicas para los futuros retos demográficos. Restablecer la credibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) debería ser de máxima prioridad, pero el mayor reto fiscal es colocar las finanzas públicas a más largo plazo en una situación más sólida. Se necesita un sistema que favorezca el crecimiento y permita hacer frente a la carga que representa el envejecimiento de la población, con medidas para aumentar la edad de jubilación y fomentar la formación a lo largo de toda la vida.

La ampliación también debería dar un impulso renovado a la implantación de las políticas necesarias para tratar de superar obstáculos estructurales profundamente arraigados e invertir las deslucidas perspectivas de renta. La Estrategia de Lisboa aprobada en marzo de 2000 fijó un plan ambicioso para la UE, que incluye fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación, desarrollar el mercado interno, establecer objetivos de mejora de la educación y el empleo, y fomentar la actividad entre los mayores, todo esto respaldado por políticas macroeconómicas adecuadas. Pero a medida que nos acercamos al ecuador de esta estrategia a diez ańos, Europa está muy lejos de cumplir sus múltiples objetivos. Tal como se seńala claramente en el reciente informe Kok, en el que se examina la Estrategia, “ los resultados decepcionantes se deben a una agenda sobrecargada, una coordinación mala y prioridades contradictorias ”. Comparto esta valoración.

Es necesario reorientar la Estrategia. La cuestión no es la productividad de los trabajadores europeos cuando están en el trabajo, sino aumentar la participación de la mano de obra, lo que requeriría políticas para incrementar las tasas de empleo e invertir la tendencia a la reducción de las horas de trabajo semanales. La flexibilización de los mercados laborales y la reforma de los programas de prestaciones sociales permitirían a Europa enfrentarse mejor a las demandas de una mayor competencia sin tener que recurrir a medidas proteccionistas, como las aplicadas sobre la migración de los trabajadores.

El proceso de apertura de los mercados y el aumento de la competencia y la integración pueden plantear desafíos y algunos costes para Europa. Pero la ampliación también crea nuevas oportunidades. La aplicación de políticas más eficaces ampliará estas oportunidades, lo que permitirá que las ventajas económicas beneficien a cientos de miles de personas en toda Europa.