STANFORD – California ha sido durante mucho tiempo una precursora de tendencias nacionales y mundiales (unas estupendas y otras excesivas), lugar de nacimiento de innovaciones de todas clases: desde la tecnología hasta los estilos de vida, pasando por el espectáculo. Las más importantes empresas de tecnología del mundo siguen naciendo –y teniendo su sede– en California: Apple, Intel, Oracle, Google y Facebook, por nombrar sólo algunas de la zona en la que yo doy clases y vivo.

En tiempos, California propició niveles de vida en aumento para una gran mayoría de la población y una tremenda movilidad económica ascendente. Ese estado tenía las mejores escuelas públicas y universidades estatales de los Estados Unidos. Sus ciudadanos estaban menos estratificados social y económicamente que en muchos otros de los Estados Unidos. Después de la segunda guerra mundial, los americanos no cesaron de emigrar a California, tierra de oportunidades y gran belleza natural y con algunas de las tierras agrícolas más fértiles del mundo.

Pero después hubo un profundo empeoramiento y la comprensión de sus causas brinda enseñanzas a los gobiernos nacionales y subnacionales de todo el mundo. La economía de California, cuyos resultados solían ser mejores que los del resto del país, ahora son mucho peores. La tasa de desempleo, de 12,4 por ciento, es la más alta de todos los estados, exceptuado el de Nevada.

En los últimos años, la emigración neta se ha invertido y centenares de miles de trabajadores y sus familias han abandonado este estado en busca de mejores oportunidades laborales en otros. Las escuelas públicas de California, desde el jardín de infancia hasta el instituto de segunda enseñanza, obtienen calificaciones deficientes en exámenes normalizados. El estado es un epicentro de la degradación del sector de la vivienda y la crisis de las ejecuciones hipotecarias.

Los directores generales de Silicon Valley dicen que no ampliarán sus empresas en California, porque, con sus altos impuestos y su engorrosa reglamentación, resulta un estado poco competitivo. California, que tiene el 12 por ciento de la población de los Estados Unidos, alberga el 31 por ciento de sus beneficiarios de asistencia pública. Tiene una población reclusa enorme y en aumento y su gasto anual por cada uno de los internos equivale a la renta de una familia de California con ingresos medios, una vez descontados los impuestos.

Entretanto, el estado da bandazos entre la tragedia fiscal y la farsa fiscal. El gobernador, Jerry Brown (que también lo fue en el decenio de 1970), ha heredado un déficit presupuestario de 26.000 millones de dólares, sin incluir el futuro diluvio de las generosas pensiones de los empleados públicos y de los costos de la atención de salud. En el centro del problema de California se encuentra un desquiciado sistema tributario progresivo, que cuenta con algunos de los tipos más altos de impuestos de la renta, de ventas, de sociedades y de la gasolina de los Estados Unidos. Sólo las contribuciones territoriales son inferiores a la media del país.

El Gobierno de California recauda la mitad, aproximadamente, de sus ingresos por el impuesto de la renta del uno por ciento de los contribuyentes del estado con los mayores ingresos, pero la extremada progresividad del sistema hace que la recaudación sea tan inestable, que el estado pasa continuamente por ciclos de auge y crisis, en los que se da un rápido aumento de los ingresos, seguido inevitablemente de un desplome. En los momentos de bonanza, se gastan todos los ingresos, lo que obliga a aplicar perturbadores recortes de emergencia en los de vacas flacas.

Los intentos de crear un “fondo para  imprevistos” han fracasado lastimosamente. La economía política del presupuesto de California ha llevado el experimento de los impuestos y los gastos progresivos hasta el límite, lo que amenaza la capacidad del estado para financiar los servicios básicos, desde las cárceles y los parques hasta la educación y la atención de salud, incluidos los destinados a ayudar a los ciudadanos más vulnerables.

El Gobierno de California raras veces consigue satisfacer el requisito del presupuesto equilibrado que figura en su Constitución. Acaba tomando prestado “temporalmente” con deuda a corto plazo; después, cuando se acumula la deuda, se refinancia con valores a largo plazo. Se reduce el gasto temporalmente y se suben los impuestos, pero el déficit estructural a largo plazo permanece, tónica repetida ahora en muchas capitales de estado y razón primordial  de la agitación política actual sobre los presupuestos y los sindicatos del sector público.

Muchos otros agobios son autoinfligidos. California tiene ahora una gran diversidad de problemas –desde interrupciones del suministro de agua federal en nombre de la protección de un pececito, que han diezmado la agricultura y han dejado sin empleo a decenas de miles de trabajadores, hasta restricciones urbanísticas excesivas que hacen subir los precios de la vivienda– que requieren solución.

Los inmigrantes ilegales desempeñan un porcentaje importante de los trabajos peores y que requieren gran esfuerzo físico. Como no existe un programa sensato de concesión de permisos de trabajo a extranjeros, éstos permanecen en la clandestinidad y, junto con  sus hijos, abarrotan los servicios públicos. (Según un maestro de una escuela de Los Ángeles, 70 niños llegaron y se marcharon durante un año en una clase de 25 y en algunos distritos escolares se hablan más de una docena de idiomas). La extensa reglamentación medioambiental y energética del estado, incluida la supervisión minuciosísima de las emisiones de carbono, combinada con la mundialización, ha expulsado a gran parte de las manufacturas de California y muchos de sus empleos de clase media.

California sigue ocupando el primer puesto entre los diferentes Estados Unidos en tecnología, agricultura y espectáculo, pero también el primero o casi en déficits, tipos impositivos, reclusos penitenciarios y, con mucha diferencia, en porcentaje de la población que depende de la asistencia social. Ocupa el último o casi en clima para los negocios, asequibilidad de la vivienda y calificación de solvencia de los bonos estatales (inferior incluso a la del territorio estadounidense de Puerto Rico). Es un panorama complejo, pero su centro lo ocupa un sistema de impuestos altos y asistencia social descontrolado.

Nadie debería descartar a California; sigue teniendo grandes activos y puede convertir algunos de sus problemas a corto plazo, como, por ejemplo, las presiones resultantes de la diversidad étnica y lingüística (ahora el 37 por ciento de los habitantes son hispánicos y el 13 por ciento asiáticos), en activos a largo plazo en la economía mundial, pero su clase política tendrá que afrontar algunas realidades duras y aceptar que los californianos que no pagan impuesto de la renta (casi la mitad de la fuerza laboral) tendrán que empezar a pagar por los servicios y que se deberá seleccionar mejor a sus beneficiarios.

Una democracia sana no puede haber una mitad de la población que pague impuestos y otra que reciba subsidios. Depender de unos impuestos cada vez más altos para financiar los pagos a una población excesiva de beneficiarios de subsidios es una receta para exportar la prosperidad a otros lugares. Se trata de una tendencia de California muy arriesgada para quienes la emulen.