CHICAGO – En su período de sesiones de julio, el Parlamento Europeo aprobó algunas de las normas más estrictas del mundo sobre las primas pagadas a los banqueros. El objetivo es el de reducir el riesgo a que se exponen las entidades financieras.

Las nuevas normas obligan a no pagar en efectivo más del 30 por ciento de las primas de los banqueros, a retrasar al menos tres años el pago de entre el 40 por ciento y el 60 por ciento de ellas y a que se invierta al menos el 50 por ciento de ellas en capital contingente, forma nueva de deuda que se convierte en capital social cuando una entidad financiera tiene dificultades. El aspecto más innovador de esas nuevas normas es el de que no se aplican los límites sólo a los consejeros delegados, sino también a todos los altos ejecutivos (si bien se delega la definición de estos últimos en los parlamentos nacionales).

La supuesta justificación para esa gran intromisión en la contratación privada es el efecto sistémico que pueden tener esas primas. Según esa argumentación las altas remuneraciones en el sector bancario recompensan el éxito, pero no castigan el fracaso. Los ejecutivos pueden pasar fácilmente de una entidad a otra, cuando la situación es mala, con lo que evitan cualquier castigo. Ese sistema recompensa a los directores por correr riesgos, aun cuando sean excesivos. Se considera que esa distorsión fue una de las causas principales de la crisis financiera de 2008.

Lo malo de dicha argumentación es que no hay pruebas que respalden el primer eslabón de su lógica. Muchas investigaciones han intentado establecer una relación entre los planes de compensación de los banqueros y los riesgos a que se han expuesto, pero no la han encontrado. Como máximo, dichas investigaciones han descubierto que los ejecutivos que recibían las remuneraciones mayores corrían mayores riesgos, pero no está claro si se trata de una causa o de un efecto. Los ejecutivos de entidades muy apalancadas deben cobrar más, porque corren un mayor riesgo.

Desde luego, esas investigaciones se limitan a los cinco cargos ejecutivos superiores, sobre los cuales se dispone de datos públicos. Lamentablemente, no se dispone de datos públicos para establecer una relación causal entre la variabilidad de las primas recibidas por los directores de nivel inferior en función de los resultados y los riesgos a que se exponen.

A ese respecto, la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera (CICF), creada por el Gobierno de los Estados Unidos, tiene una oportunidad excepcional. Gracias a sus competencias para citar a declarar, la CICF puede recoger y analizar dichos datos. Es de esperar que, cuando se publique su informe en diciembre, podamos responder a esa pregunta.

Si damos por sentado que existe una relación causal, la directiva europea parece bastante bien concebida, pero tiene un fallo grave. Está bien concebida porque no se inmiscuye en el nivel de compensación (como han solicitado muchos), sino en la forma que ésta adopta. Obliga a que se retrase durante años gran parte del pago de una prima anual, sino también a que corra riesgo. Si la entidad tiene resultados poco brillantes en esos tres años, el director perderá una parte o la totalidad de sus primas acumuladas, con lo que, si bien se reducen los incentivos para correr riesgos, no se los elimina.

El fallo grave consiste en que se pueden sortear fácilmente esas restricciones, puesto que sólo son aplicables a las primas, mientras que los bancos guardan discreción sobre la combinación de salarios y primas. Actualmente, los directores de bancos reciben sus primas al comienzo de cada año y el nivel de éstas se basa en su ejecutoría individual durante el año anterior. Sería muy fácil transformar la prima del año anterior, basada en la ejecutoria del año anterior, en el salario del año corriente. El salario, que se puede pagar enteramente en efectivo, se renegociará todos los años, con lo cual se sortearán todas las restricciones reguladoras. Sin intervención directa de los gobiernos, sería difícil resolver ese problema.

Sin embargo, en las grandes entidades financieras, el incentivo a jugar a expensas de los contribuyentes no es aplicable sólo a los directores, sino que es extensivo a los titulares de bonos, que están protegidos de facto por el Estado. Al tener acceso al crédito asegurado, a los accionistas de los bancos les resulta irresistible endeudarse excesivamente. Limitando el pago de incentivos a los directores sin cambiar los incentivos de los accionistas sólo se conseguirá obligarlos a participar más activamente en la entidad y elegir otras formas de aumentar el nivel de riesgo a que se expongan.

Si el problema es el riesgo moral que entraña ser demasiado grande para quebrar, la solución no es limitar la remuneración, sino eliminar el riesgo obligando a los accionistas a emitir más acciones o perder sus valores, cuando la deuda de los bancos empiece a ser peligrosa. Como Oliver Hart y yo hemos explicado en un artículo reciente, se puede hacer fácilmente, con la intervención de un reglamentador siempre que la permuta de riesgo de crédito sobre la deuda de las entidades financieras llegue a ser demasiado elevada.

Si queremos intervenir en la remuneración, además de (y no en lugar de) reformar los requisitos sobre reservas de capital, la forma más eficaz es una variación del impuesto creado por el ex Primer Ministro británico Gordon Brown: un impuesto especial a todas las compensaciones por encima de cierto umbral que no se pague en valores. Dicho impuesto tendría dos efectos positivos: induciría a los bancos a recapitalizarse, con lo que reduciría su apalancamiento excesivo, al tiempo que obligaría a los directores a poner más carne en el asador.

Si la solución es tan sencilla, ¿por qué no la ha aplicado órgano alguno elegido democráticamente? Me temo que los políticos quieren que se los considere duros con los bancos, pero no tienen interés en resolver de verdad el problema.