TEL AVIV – La consecuencia más inmediata de la orden de detención del Presidente del Sudán, Omar Hassan al-Bashir, dictada por el Tribunal Penal Internacional el mes pasado, fue la expulsión de la mayoría de los organismos de ayuda del país, pero esa atención mundial centrada en la región de Darfur del Sudán, si bien está justificada, ha eclipsado una cuestión aún más decisiva: la de mantener la búsqueda de una paz más amplia en todo el Sudán. Lo más necesario ahora es crear un consenso internacional sobre una estrategia para la aplicación plena del Acuerdo General de Paz (AGP) de 2005 en el Sudán.

El AGP puso fin a la más larga guerra civil de África, que había dejado tras sí más de dos millones de muertos. En dicho acuerdo no sólo figuran los parámetros que deben propiciar la autodeterminación del Sudán meridional, sino que, además, se expone un proceso de democratización del propio Sudán. Al fin y al cabo, el carácter opresivo del régimen de Jartum es la raíz de muchos conflictos que han dividido el país.

Si el gobierno de Jartum persiste en socavar el proceso de reforma y desbaratar el referéndum de libre determinación prometido para el Sur en enero de 2011, un regreso a una guerra civil en toda escala, con consecuencias calamitosas para los pueblos del Sudán y de toda la región, es una posibilidad real.

El compromiso del Gobierno del Sudan con el AGP siempre ha sido equívoco. De hecho, desde el fin de la guerra civil en 2005 el Ejército Popular de Liberación del Sudán (EPLS) en el Sur ha tenido que enfrentarse con frecuencia a milicias que están al servicio del gobierno. Además, las fuerzas sudanesas de seguridad siguen armando a tribus árabes que cruzan la frontera entre el Norte y el Sur con el fin de desestabilizar este último, mayoritariamente cristiano.

No se debe permitir que la orden de detención de al-Bashir espolee más intentos por parte de su gobierno de sabotear el AGP y el frágil proceso que debe conducir al referéndum de 2011. Tampoco debe volver a repetirse, a la hora de mantener la búsqueda de la paz en el Sudán, la desatención internacional que durante demasiado tiempo ha permitido que el genocidio de Darfur resultara impune.

La inclinación del Sur por la independencia ha cobrado impulso, porque el Norte no ha infundido un carácter atractivo a la unidad mediante la reforma y elecciones, como lo establece el AGP. Un segundo factor que impulsa la inclinación por la deserción es la falta de compromiso del EPLS con la ideología de un Nuevo Sudán formulada por su fundador, John Garang, que había negociado el AGP y murió en un accidente de aviación en 2005.

Garang luchó por un Sudán democrático, secular y unido, noble sueño que el régimen islamista de Jartum no ha tenido –como ha quedado demostrado– intención de aplicar. Así, la libre determinación del Sur ha pasado a ser la única salida práctica del dilema en que se encuentra el país y totalmente coherente con el acuerdo de paz de 2005.

Como el Norte tiene la capacidad –pero no la voluntad política– de aplicar el AGP y el Sur tiene la voluntad, pero no la capacidad, una continua desvinculación de la comunidad internacional podría condenar al fracaso las perspectivas de paz. El Gobierno del Sudan Meridional padece graves limitaciones financieras, debidas a las irrealistas suposiciones sobre sus ingresos por petróleo. A consecuencia de ello, su capacidad para mantener los servicios –y la capacidad militar para reaccionar ante cualquier maniobra del Gobierno de Jartum contra el acuerdo de paz– está gravemente comprometida.

Sólo los Estados Unidos parecen comprometidos con la creación de las condiciones necesarias para aplicar el AGP. El Presidente George W. Bush, que recibió en dos ocasiones al Presidente del Sudán Meridional, Salva Kirr, en la Casa Blanca, aprobó un programa en 2006 para trasformar el EPLS en un ejército profesional. Más recientemente, destacados congresistas americanos han recalcado ante el Presidente Barack Obama la necesidad de aplicar medidas contundentes para aplicar el AGP. En unas recomendaciones recientemente presentadas en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado se proponía que se dieran garantías de seguridad al Sudán Meridional para disuadir una reanudación de la guerra civil.

Naturalmente, la asistencia financiera reviste importancia decisiva, pero el compromiso político de la comunidad internacional es igualmente importante. Por ejemplo, aunque la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán debe supervisar el cumplimiento del AGP, Darfur ha monopolizado prácticamente su atención. Además, la poca supervisión que se hace raras veces va acompañada de la adopción de medidas.

La secesión de un Estado cristiano del Sudán Meridional respecto del país musulmán, importante miembro de la Liga Árabe, tendría consecuencias estratégicas  trascendentales. Ahora China, estrecha aliada del gobierno de Jartum, está sopesando cuidadosamente sus intereses petroleros y sus preocupaciones estratégicas en el Sur. Recientemente, una delegación rusa de alto nivel llegó a Juba, la capital del Sudán Meridional, con el objetivo declarado de “desempeñar un papel más activo en el continente africano”. Y el Japón, importante consumidor de petróleo de Oriente Medio, ha invitado recientemente al Presidente Kiir a visitar Tokio.

Resulta lamentable la falta de acción diplomática de la Unión Europea. El derecho internacional y el procesamiento de criminales de guerra es importante para un orden mundial civilizado, pero no substituyen el compromiso político y financiero activo de apoyar un acuerdo de paz, internacionalmente legítimo y urgentemente necesario, como el AGP en el Sudán.