MOSCÚ -- ¿Podrá escapar Rusia a la “maldición de los recursos” que entrañan unos elevados precios del petróleo o sucumbirá a la llamada hipótesis “70-80”? Ésa es la pregunta que afrontan los rusos en la actualidad y tememos que su destino sea el segundo: si los precios del petróleo siguen siendo de entre 70 y 80 dólares el barril, es probable que Rusia vuelva a vivir las características principales de la era Brezhnev de los decenios de 1970 y 1980... con una economía estancada y unos índice de aprobación de entre el 70 y el 80 por ciento para sus dirigentes políticos.

La maldición de los recursos significa, naturalmente, que las minorías dirigentes rusas preferirán aplazar la reestructuración de la economía y la modernización de las instituciones políticas y económicas del país, lo que socavará sus resultados económicos, y será muy improbable que Rusia reduzca en los 10-15 años próximos la distancia que la separa de las economías avanzadas.

El crecimiento económico rápido y sostenible requiere un Estado de derecho, burócratas sujetos a la rendición de cuentas, meritocráticos y no corruptos, protección de los derechos de propiedad, imposición del cumplimiento de los contratos y mercados competitivos. Semejantes instituciones son difíciles de crear en todas las sociedades. En Rusia, la tarea resulta particularmente problemática, porque los intereses de la minoría gobernante se oponen a su ejecución.

En la Rusia posterior a la crisis, dos factores contribuyen a la maldición de los recursos. En primer lugar, una renacionalización en gran escala desde 2004 ha dejado el control de las alturas de mando de la economía en manos de las empresas de propiedad estatal. Dichas empresas no tienen interés en desarrollar instituciones modernas que protejan la propiedad privada y fomenten el Estado de derecho. En segundo lugar, el alto grado de desigualdad económica contribuye a que la mayoría prefiera la redistribución en lugar del espíritu de empresa privado.

Los dirigentes de Rusia reconocen la necesidad de modernización y a menudo lo manifiestan de boquilla, como lo demuestra el manifiesto del Presidente Dmitri Medvedev “¡Ánimo, Rusia!”, pero los incentivos para escapar de la trampa de los recursos quedan debilitados por la importancia abrumadora de los réditos que dichos recursos entrañan para la minoría política dominante en sentido amplio.

Cuando la economía estaba cerca del colapso durante la crisis reciente, pensamos que el Gobierno reconocería la necesidad de impulsar reformas radicales que con el tiempo propiciaran una economía diversificada, descentralizada y con rápido crecimiento, pero, si bien las políticas de estímulo fueron en gran medida eficaces para abordar la crisis inmediata, no abordaron las cuestiones a largo plazo que impiden el crecimiento.

Aun así, el Gobierno sigue proponiendo planes para impulsar la economía. Política industrial vertical, política industrial horizontal, inversión en educación: ya se han ensayado todas ellas en los diez últimos años. Y, sin embargo, las instituciones públicas de Rusia siguen siendo tan débiles como siempre (por ejemplo, la corrupción sigue siendo tan preponderante como hace diez años, si no más) y la economía sigue dependiendo igualmente de los precios de las materias primas.

La panacea económica actual es una “ciudad de la innovación” en Skolkovo, que, según espera el Gobierno, espoleará la afluencia de tecnología moderna, pero no hay recetas mágicas para la modernización. Además, no hay necesidad de reinventar la rueda. Un plan de reformas amplio y coherente iba ya incluido en el propio programa económico del entonces Presidente Vladimir Putin a comienzos de su primer mandato en 2000.

El llamado “Programa Gref” (que recibió el nombre del ex ministro de Economía German Gref) preveía muchas de las reformas que se necesitan vitalmente: privatización, desreglamentación, adhesión a la Organización Mundial del Comercio y reforma de la Administración, monopolios naturales y seguridad social. Muchas de dichas reformas están expuestas en la actual “Estrategia a largo plazo para 2020” del gobierno actual. El problema es que, como en el caso del programa Gref de 2000 no es probable que se ejecute plenamente la Estrategia por culpa de los consabidos incentivos débiles.

Ni siquiera la privatización, recientemente anunciada, de intereses no mayoritarios en las mayores empresas de propiedad estatal, pese a ser oportuna y loable, representará un compromiso irreversible con las reformas. Hasta ahora, el Gobierno no ha querido permitir que el control de dichas empresas pase a manos privadas. Por esa razón, las ventas que el Primer Ministro, Putin, anunció no aumentarán la demanda de instituciones pro mercado.

En cambio, la hipótesis “70-80” parece cada vez más probable. En junio, durante el Foro Económico de San Petersburgo, se preguntó a los participantes en dos sesiones –el Gobierno y dirigentes empresariales de Rusia, además de extranjeros influyentes– por el futuro de la economía rusa. Los resultados fueron deprimentemente similares. En una sesión, el 61 por ciento de los participantes pronosticó un estancamiento en los 2-5 próximos años (un 33 por ciento predijeron crecimiento y un 5 por ciento esperaban una crisis). En otra sesiones, el 55 por ciento de los participantes pronosticó estancamiento en los diez próximos años (41 por ciento pronosticaron crecimiento y un cuatro por ciento esperaban un desplome).

Los factores que impulsaron la era de Putin de rápido crecimiento económico –precios del petróleo elevados y en aumento, mano de obra barata y capacidad de producción no utilizada– están agotados. Así, pues, Rusia se verá obligada a empezar a gastar las reservas que salvaron la economía en la crisis reciente. La hipótesis “70-80” preservará el status quo, pero tarde o temprano la economía llegará a un callejón sin salida, momento en el que la única opción será una reforma económica auténtica o un declive y peligrosos desórdenes civiles.