Wednesday, July 23, 2014
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Tailandia en rojo y amarillo

BANGKOK – Después de tres años consecutivos de sangrientas protestas callejeras, Tailandia ha llegado al punto en el que tendrá que celebrar nuevas elecciones, pues la legislatura actual de su Asamblea Nacional expira el próximo mes de diciembre. De hecho, el Primer Ministro, Abhisit Vejjajiva, ha indicado que pedirá la disolución de la cámara baja en la primera semana de mayo. Ha sido la consecuencia de una moción de censura parlamentaria, a la que su gobierno sobrevivió a duras penas. Así, pues, el terreno está preparado para unas elecciones generales a mediados de este año.

Pero, en vista de la inestabilidad política de los últimos años, esa apariencia de estabilidad y regularidad constitucional es engañosa. Como ocurre con los movimientos populares en otros países, Tailandia sigue presa del conflicto y la polarización entre un régimen empeñado en apuntalar a Abhisit y nuevas voces incipientes que claman por sus derechos. Cualquier resultado pacífico de dicho conflicto requerirá concesiones y avenencias de amplias miras.

La política en las calles de Tailandia durante esta crisis política se remonta a 2005, cuando el gobierno corrupto y abusivo de Thaksin Shinawatra, que había sido reelegido aquel año con una mayoría aplastante, fue derrocado por un golpe militar. Dos años después, tras la imposición de una nueva constitución por el régimen militar, el partido político que representaba a Thaksin ganó otras elecciones, pues su base popular de “camisas rojas” de las oprimidas regiones nordoriental y septentrional de Tailandia siguieron siéndole leales.

Los enemigos monárquicos de Thaksin de la Alianza Popular por la Democracia (APD), vestidos de amarillo, volvieron a salir a la calle contra él en 2008, cuando el poder judicial ordenó la disolución de su partido por segunda vez. En abril de 2009 y de nuevo en abril y mayo de 2010, los camisas rojas, privados de su derecho al voto, acamparon en las calles de Bangkok para exigir nuevas elecciones, pero fueron dispersados por el ejército y hubo 91 víctimas mortales.

Pese a susamp#160; reveses y a su pérdida de credibilidad a raíz de los incendios que provocaron en el distrito financiero central de Bangkok, el número de los camisas rojas ha aumentado y se manifiestan mensualmente contra el gobierno de Abhisit y, dos años después, los camisas amarillas de la APD han vuelto a salir a la calle para mostrar su decepción con Abhisit.

Los cabecillas de la APD denuncian ahora a todos los políticos por considerarlos corruptos y ensalzan las virtudes de la monarquía. Al recurrir a las armas de una campaña anticorrupción y un nacionalismo en aumento (consecuencia de una disputa fronteriza, periódicamente violenta, con Camboya), el movimiento monárquico conservador está apuntando implícitamente a una solución extraconstitucional para el punto muerto político de Tailandia. Otro golpe militar es su respuesta muda.

Si bien esas maquinaciones son propias de la enrevesada democracia de Tailandia, indican un cisma estructural más profundo. El régimen establecido en Tailandia desde hace seis decenios, que depende de la simbiosis entre la monarquía y el ejército, no puede tolerar elecciones que concedan el poder a las masas rurales involuntariamente despertadas por el gobierno del Primer Ministro Thaksin.

Esas masas, junto con los pobres urbanos, componen la mayor parte de los camisas rojas. Exigen voz y voto en política, una participación en la economía, sumamente desigual, del país y la posibilidad de ascenso social que vieron en Thaksin y en sus programasamp#160; populistas. Saben que los políticos democráticamente elegidos son propensos a caer en la corrupción, pero ahora rechazan una manifiesta privación de derechos y la formación de gobiernos como el de Abhisit, que fue preparado en un cuartel del ejército.

Para el eje político-militar de Tailandia y sus pilares de apoyo en la judicatura y la burocracia, la supresión de esas voces ha llegado a ser cada vez más inviable. Además, Tailandia ya está llamando la atención de forma inconveniente con su draconiana legislación de seguridad.

Bangkok, por ejemplo, ha estado sometido durante más de un año a un estado de emergencia o a disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, lo que constituye una violación de las libertades civiles fundamentales. Ahora hay un número sin precedentes de presos políticos. En todo el país muchos camisas rojas sufren persecución y varios de ellos han sido asesinados en circunstancias misteriosas. Más de 100.000 páginas web han sido bloqueadas por su contenido “subversivo”. Se han formulado más acusaciones de lèse majesté, de las que han resultado más sentencias condenatorias que nunca.

Pero las medidas adoptadas por la clase dirigente para poner una tapadera en la hirviente olla tailandesa parecen insostenibles. Las exigencias de la Guerra Fría, que cimentaron la alianza ejército-monarquía y la beneficiaron en los decenios de 1960 y 1970, han sido substituidas por los imperativos de la democracia. El electorado ha abandonado la actitud pasiva ante una corrupción y una compra de votos desenfrenadas.

Pero se deben buscar las soluciones para los males del país sin traspasar los límites de la justicia y del constitucionalismo. Otro golpe militar haría retroceder a Tailandia y pasar de ser en la escena mundial un país con una democracia no del todo ortodoxa a ser un marginado autoritario.

Resulta patente la necesidad de una vía por la que avanzar. Al notable reinado, durante 64 años, del rey Bhumibol Adulyadej, que cuenta 83 años de edad, se deben la unidad y la estabilidad de Tailandia, gracias a las cuales mantuvo a raya el comunismo y permitió un desarrollo económico continuo, pese a sus defectos, pero los tiempos han cambiado. En todas partes, los regímenes atrincherados en sus posiciones sólo pueden durar, si reconocen y tienen en cuenta las aspiraciones populares. Naturalmente, hay que rechazar el legado de corrupción y populismo demagógico de Thaksin, pero se debe afianzar –y no reprimir– el intenso despertar del electorado tailandés que hubo, casi accidentalmente, durante su mandato como Primer Ministro.

Tailandia necesita unas elecciones que no resulten subvertidas por decisiones judiciales. Entonces habrá que renovar la constitución de la época de los golpes militares y se debe reformar el código de lèse majesté, que permite, literalmente, a cualquiera hacer acusaciones contra cualquier otro. Tal vez se deba encomendar a la propia Casa Real la formulación de dichas acusaciones.

La lista no acaba ahí. Tarde o temprano, habrá que abordar la opacidad de la Oficina del Patrimonio de la Corona, cuyo valor asciende a unos 30.000 millones de dólares, y también hay que aclarar la cuestión de la sucesión real, cuando la monarquía constitucional de Tailandia tiene por delante una senda incierta.

Se trata de cuestiones delicadas, en vista de la cruda y furibunda polarización entre quienes tienen intereses creados en el orden antiguo y quienes están decididos a poner fin a lo que consideran privilegios y derechos neofeudales. A no ser que todos los bandos den muestras de buena fe para lograr una avenencia, Tailandia no recuperará su legítimo puesto entre las democracias con futuro del mundo.

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