La sobrecogedora pobreza y las condiciones de vida del África subsahariana han sido expuestas una y otra vez a través de la televisión y la Internet. Pero estas terribles imágenes representan meramente los síntomas de un mal subyacente (y, en gran medida, no publicitado): la fuga de capitales.

Este fenómeno tiene un sinnúmero de causas: el pago de la deuda, la obtención por parte de firmas extranjeras de casi todos los contratos financiados por organismos de crédito multilaterales (y la exención de impuestos y derechos sobre tales bienes y servicios), los términos de comercio desfavorables, la especulación, la transferencia gratuita de beneficios, las reservas en moneda extranjera guardadas en cuentas en el exterior, y los capitales privados locales que se dirigen hacia otros países. De acuerdo con la Organización de Desarrollo Industrial de la ONU (UNIDO), cada dólar que entra a la región genera un flujo saliente de $1,06.

La mayor parte de esta hemorragia es impulsada por la deuda: aproximadamente 80 centavos de cada dólar que ingresa a la región como parte de préstamos extranjeros sale de la misma antes de pasado un año. Esto implica una complicidad activa entre los acreedores (los países de la OCDE y sus instituciones financieras, especialmente el FMI y el Banco Mundial) y los prestatarios (los gobiernos africanos). La fuga de capitales da a los acreedores los recursos que necesitan para financiar préstamos adicionales a los países de donde tales recursos se originaron en primer lugar, un esquema de créditos condicionados a la compra de insumos de los mismos ("round-tipping") o créditos con garantías de otros créditos ("back-to-back").

Los prestatarios, a su vez, usan estos préstamos extranjeros para aumentar su acumulación de activos privados guardados en el exterior, a pesar de que una estricta disciplina presupuestaria y el libre movimiento de capitales (implementados de acuerdo con los programas de ajustes estructurales del FMI y el Banco Mundial) han hecho que los tipos de interés se hayan ido a las nubes. La letal combinación de estos factores frustra toda perspectiva de crecimiento económico, al tiempo que produce un nivel de deuda insostenible.

El conjunto de capitales en fuga está compuesto por activos adquiridos legalmente en el país y transferidos legalmente al exterior; capitales adquiridos legalmente en el país y transferidos ilegalmente al exterior, y capitales adquiridos ilegalmente que se envían al exterior también de manera ilegal. Usar los últimos dos tipos para imponer "deudas odiosas" a los africanos socava la credibilidad de los entes de crédito occidentales en lo referido a temas tales como el lavado de dinero, el buen gobierno, la transparencia, la disciplina fiscal y las políticas macroeconómicas que puedan producir un crecimiento de la economía.

El repudio de las deudas injustificadas y sin base sería coherente con la lógica económica y la ley internacional. Para garantizar el buen funcionamiento de los mercados crediticios, es preciso que éstos exijan a quienes otorgan préstamos que enfrenten las consecuencias de hacerlo de manera irresponsable o con motivaciones políticas. Pero es necesario superar dos obstáculos. El primer lugar, los líderes africanos que deberían repudiar estas deudas con los mismos que las contrajeron originalmente, con la obvia intención de enriquecerse. Segundo, los acreedores pueden tomar represalias, negándose a ofrecer préstamos en el futuro.

Estos obstáculos no son insuperables ni exclusivos del África subsahariana. Hay mayores probabilidades de que se desencadene una fuga de capitales cuando existe incertidumbre acerca la calidad de los gobiernos, la estabilidad política, las libertades civiles, la capacidad de asumir responsabilidades, los derechos de propiedad y la corrupción. El fenómeno tiende a revertirse cuando hay políticas económicas sólidas, un crecimiento económico sustentable e índices adecuados de rendimiento de las inversiones. Según cifras dadas a conocer por el banco de inversión estadounidense Salomon Brothers, el retorno de capitales fugados se estimó en cerca de $40 mil millones para América Latina en 1991, encabezado por México, Venezuela, Brasil, Argentina y Chile. China recuperó $56 mil millones entre 1989 y 1991.

Igualmente reveladora es la bonanza actual de varias economías del Oriente Próximo Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita se han visto inundados con capitales, como resultado de los miles de millones de dólares que los inversionistas locales han traído de regreso a la región en los últimos dos años. El índice del mercado de valores saudita se ha elevado en un 78% desde comienzos de año, superando con creces a los principales índices de EE.UU. y Europa, y esto en una región asolada por conflictos, tensiones nucleares, el terrorismo e intensos desafíos políticos.

En cuanto al África subsahariana, el "Consenso de Washington" (liberalización económica, desregulación de los movimientos de capitales, la eliminación de los subsidios y la privatización) va en dirección opuesta a las políticas más necesarias para estimular mejoras políticas, un ambiente macroeconómico estable, la ampliación de los mercados financieros y un menor sobreendeudamiento.

Las firmas privadas que han adquirido activos públicos deben ser inducidas mediante leyes a que recapitalicen estas compañías. Las nuevas acciones deben quedar reservadas para los residentes, con el fin de estimular la repatriación de los capitales privados. Los controles de capital y los incentivos fiscales mantendrían el capital privado legítimo en sus países de origen y estimularían la inversión local.

Estas son condiciones esenciales para generar un crecimiento económico sostenible en la región. El sentido común nos indica la necesidad de que los países de la OCDE, el FMI y el Banco Mundial pongan punto final a su sospechosa complicidad con los gobernantes del África subsahariana y apoyen políticas que, en el largo plazo, beneficiarán a Occidente y al resto del mundo.

Sería poco inteligente hacer caso omiso del clima negativo para las inversiones. Según el New York Times , que cita a personal del ejército estadounidense, el desierto del Sahara se está convirtiendo en un "nuevo Afganistán”. Esta amenazante situación, sumada a los ataques terroristas en Kenia, Tanzania, Túnez y Marruecos, ha impulsado a la administración Bush a instalar bases militares en la región. Pero sólo las políticas que privilegien la justicia social y el desarrollo económico pueden ganar de forma definitiva la guerra contra el terrorismo.

Tony Blair es el aliado más cercano de EE.UU. en su "guerra contra el terrorismo". También cree que la situación de África es "una cicatriz en la conciencia mundial", y ha creado una Comisión sobre África que informará al G8. Pero, además de las distorsiones al comercio que Blair ha prometido abordar, él y otros líderes occidentales deben poner fin a los escandalosos préstamos condicionados o con garantías de otros créditos y devolver los fondos apropiados ilícitamente por los gobernantes africanos y sus secuaces occidentales.