Barcelona: España va bien. Esa frase está en boca de todos actualmente y así debe ser. España no había crecido tanto ni se había sentido tan confiada desde su Edad de los Descubrimientos. Sin embargo, en vez de enviar conquistadores armados, las empresas españolas están explorando el mundo en busca de nuevas oportunidades. Desde el BSCH y el BBVA en la banca, Repsol-YPF, Endesa e Iberdrola en el sector energético y Telefónica en las telecomunicaciones, las compañías españolas han desplazado audazmente a las firmas estadounidenses como principales inversionistas en América Latina. Todas esas actividades han vuelto a colocar a España en el mapa, no sólo como una potencia en el mercado global sino también en la diplomacia.

La liberalización, acompañada del crecimiento económico, ha sido el motor de esta expansión en ultramar. La economía española ha crecido a más del 3% en los últimos cuatro años y ahora crece al 4%. En ese lapso, el déficit presupuestal se ha reducido en 5 tantos y ahora es apenas de alrededor del 1% del PNB, mientras que el desempleo ha caido del 23% al 15%. No es de sorprender que el crecimiento acelerado ha reavivado la inflación, que ahora se topa con los niveles de tolerancia del Banco Central. Sin embargo, los españoles reconocen que no les ha ido tan bien en mucho tiempo y han puesto de nuevo en el poder al Primer Ministro José Aznar con una mayoría parlamentaria que ya no depende de aliados de coalición y con un mandato para modernizar España aun más.

El camino hacia la liberalización en España ha mirado hacia el modelo británico liberal y no, como era tradicional, hacia la forma en que se hacen las cosas en Francia. Durante el primer periodo del Primer Ministro Aznar, su Partido Popular privatizó la mayoría de las empresas del sector público y desreguló muchos de los sectores de servicios. Su nuevo gobierno ha prometido que continuará eliminando el déficit público y abatiendo el desempleo. También ha prometido reducir los impuestos al ingreso, dar bases más firmes al sistema de seguridad social del país y reducir los costos de los despidos. También hay un compromiso para introducir la verdadera competencia que hasta ahora ha faltado en los procesos de privatización de los sectores de energía y telecomunicaciones.

El programa de Aznar es, a la vez, sensato y ambicioso. La pregunta es si su gobierno, que ha realizado grandes esfuerzos con el fin de construir un consenso para sus reformas, será capaz de llevar a cabo medidas adicionales, cuya necesidad ha sido ocultada por una economía favorable y por la moderación en las demandas salariales de los sindicatos.

Como en la Gran Bretaña de Thatcher, uno de los grandes problemas lo creó el propio gobierno. Las privatizaciones de Aznar mantuvieron y reforzaron, al menos al principio, la vieja estructura oligopólica del mercado. Ello ha retrasado la competencia. El gobierno ha aprendido la dura lección de que las grandes compañías privatizadas, sin el control de un mercado verdaderamente competitivo, concentran demasiado poder.

En un paquete de liberalización recién dado a conocer, el gobierno ha corregido en parte sus primeros errores en la privatización al arrancar el poder a los incipientes cuasi-monopolios del petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones. Por ejemplo, en telecomunicaciones, el acceso local se abrirá a la competencia a partir de enero del 2001. También se limitará estrictamente la tenencia cruzada de acciones que pudieran reforzar los monopolios en estos sectores.

Es importante fomentar una competencia sana porque España debe crecer más rápido que Europa y por ello no puede contentarse con imitar los métodos aletargados del continente. Para poder alcanzar al resto del continente en lo que se refiere a riqueza, España debe seguir siendo audaz de cuatro maneras:

· Las autoridades reguladoras y de competencia deben independizarse formal y materialmente del control gubernamental. Una estructura reguladora moderna impulsará el rol internacional de España al mantener alertas a las multinacionales españolas. Sólo una vigorosa rivalidad interna hará que las compañías españolas sean lo suficientemente ágiles para prosperar en los ambientes llenos de riesgo de las economías emergentes.

· Dado que la interferencia en las políticas regulatorias y de competencia (que solía ser común en España) resta competitividad a las empresas, el gobierno debe abstenerse de utilizar la regulación para controlar la inflación y las actividades corporativas. Nadie sale ganando con el feo pleito entre el gobierno y Telefónica, que ha impedido la fusión, aparentemente bienvenida por el mercado, con la empresa holandesa KPN y que ha puesto a la CNMV en un trance difícil.

· España debe decidir entre dejar a otros países las tareas de innovación o contribuir y ponerse al día con el veloz paso de la innovación tecnológica global. Sin programas mejorados de investigación y desarrollo tecnológico, la brecha entre España y los líderes mundiales se ensanchará. Incluso puede resultar insuficiente cumplir la promesa gubernamental de elevar el gasto en investigación y desarrollo tecnológico de 1% a 2% del PNB para el 2004. El problema no es sólo aumentar la inversión, sino también cambiar la organización de la investigación para recompensar la creatividad y la excelencia medidas con parámetros internacionales.

· Para sostener el crecimiento, es necesario revisar el sistema español de seguridad social (básicamente pensiones y atención de la salud) a fin de aumentar la eficiencia y promover la justicia. Los planes actuales de Aznar son demasiado tímidos: se ocupan sólo del gasto y no de la estructura subyacente del sistema de seguridad social. Más aún, la liberalización del mercado laboral debe ser paralela a la reforma de la seguridad social. Sin mejoras en esto, los beneficios de una mayor competencia comercial no podrán cosecharse a plenitud. También la administración pública debe revisarse para promover la eficiencia premiando el trabajo y la calidad del servicio, no la antigüedad y el exceso de personal.

Aun si el Primer Ministro Aznar cumple con estas audaces reformas, su programa podría venirse abajo si no existe una medida igual de atrevimiento en la política interna. Se requieren soluciones imaginativas para hacer que las regiones inquietas de España, en particular Cataluña y el País Vasco, encajen cómodamente dentro del país. Si no hay iniciativas para ello, la probabilidad de que ambas regiones se alejen es real. La participación de Cataluña en el proceso modernizador español podría tal vez garantizarse si Barcelona se convirtiese efectivamente en la segunda capital de España.