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El inevitable renacimiento de la integración europea

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2008-06-20

Atenas – La integración europea entraña transferencias sucesivas de soberanía nacional a la Unión, pero, si bien los Estados miembros cumplen de buen grado las decisiones que suprimen las medidas protectoras –los derechos de importación, pongamos por caso–, vacilan a la hora de formular o hacer avanzar políticas que concederían a la Unión Europea poderes discrecionales para adoptar iniciativas. Ejemplos típicos de ello son la estancada Estrategia de Lisboa, la incompleta Unión Económica y Monetaria y ahora, a raíz de la maniobra de bloqueo del público irlandés, la incierta suerte del nuevo Tratado Constitucional de la UE (el “Tratado de Lisboa”).

Un fallo similar resulta evidente en el intento de la UE de definirse en el sistema mundial. La seguridad energética, el cambio climático, el ascenso de China y el resurgimiento de Rusia son algunas de las cuestiones que requieren reacciones eficaces. Sin embargo, con frecuencia la UE no puede reaccionar o sólo puede hacerlo lentamente, porque su estructura obstruye las decisiones y las medidas rápidas. Dicha estructura era apropiada en una época en que el mercado libre era prácticamente la única  cuestión que la UE debí afrontar en el nivel mundial, pero esa época pertenece al pasado.

El cambio resulta más difícil por la insuficiente legitimidad democrática de los órganos de la UE. La falta de una relación directa con los ciudadanos de Europa priva a esos órganos de la presión necesaria para reaccionar rápidamente con medidas y políticas.

No hay una solución fácil para esos problemas. No se puede garantizar la democracia en la UE mediante los modelos y las normas que se aplican en los Estados miembros. La escala de los problemas requiere soluciones más detalladas. Al tratar con la UE, los Estados miembros suelen aspirar a acuerdos y reglamentos que garanticen la cooperación dentro de los marcos acordados y, como ha mostrado el referéndum irlandés, no aceptan fácilmente iniciativas unificadoras que harían de la UE un centro autónomo de poder.

Pero, suponiendo que se pueda superar el obstáculo levantado por los votantes irlandeses, la experiencia ha demostrado que la futura evolución de la UE se caracterizará por un poder cada vez más centralizado en Bruselas y la retirada de los Estados individuales. El medio para ese proceso seguirá siendo la burocracia central de la UE, el mecanismo que formula los intereses comunes de los Estados miembros y cuyo ámbito de acción va determinado por una colaboración intergubernamental periódica y poco rígida. Cuantas más atribuciones adquiera la burocracia de Bruselas, más independiente se volverá.

La primera preocupación de la burocracia de  la UE es la de encontrar avenencias que cumplan los deseos de los Estados miembros y armonizar preferencias nacionales con frecuencia divergentes y contradictorias. Por lo general, surge una voluntad común sin insistencia particular en las tendencias y ambiciones políticas en conflicto. De hecho, se considera aconsejable la despolitización, porque permite una fácil consecución de equilibrios.

Sin embargo, para fortalecer la democracia es necesario subrayar la dimensión política y un debate público libre y a disposición de todo el mundo. Los foros nacionales deben proponerse debatir las cuestiones europeas comunes, lo que garantizará la información para todos, la transparencia, el control y la rendición de cuentas. La institución del debate público sobre la política europea en toda la Unión contribuirá a aclarar los fines del proyecto de unificación, revelará los intereses comunes y determinará la configuración institucional de Europa.

Ésa es la razón por la que el Tratado de Lisboa es tan importante. Las disposiciones que figuran en el capítulo sobre los principios democráticos, que se refieren a las instituciones de la UE y a las funciones de procedimiento, preparan el terreno para un sistema más abierto al debate público sobre las políticas de la UE.

El Tratado de Lisboa ha logrado abordar otra importante deficiencia de la UE: su ineficacia. Mediante amplias reformas de la estructura, del funcionamiento y de los procesos de adopción de decisiones de las instituciones de la UE, el tratado aumenta su eficacia y permite un mayor dinamismo.

Es cierto que muchos europeos comunes y corrientes no creen que Europa deba desempeñar un papel importante en la evolución de los acontecimientos mundiales. Consideran que la política exterior debe correr a cargo de los gobiernos nacionales. Esa concepción está anticuada. Incluso en las crisis bilaterales o regionales, las soluciones viables solo son posibles en el nivel  supranacional.

El Tratado de Lisboa concibe la UE como una entidad muy abierta al exterior en el escenario internacional, pero lo que puede hacer la UE tiene sus límites, determinados por el carácter intergubernamental de la Unión. De hecho, sobre cuestiones decisivas serán los 27 miembros y no la Unión los que decidirán.

En el ámbito interno, el tratado da un gran paso hacia la creación de una Europa de la libertad, la seguridad y la justicia. A un tiempo establece el marco normativo para la política de la UE y crea las instituciones y los procedimientos para las políticas relativas a los controles fronterizos, el asilo, la recepción de migrantes y la cooperación entre las autoridades judiciales y policiales. Así, crea una mayor seguridad para las personas en su vida cotidiana.

El tratado es menos detallado en relación con otros sectores, en particular el de lograr una unión económica equivalente a la unión monetaria, porque, sencillamente, no fue posible alcanzar un acuerdo. No obstante, el Tratado de Lisboa prepara el terreno para la planificación y la aplicación de políticas necesarias con vistas a abordar los imperativos contemporáneos decisivos, como, por ejemplo, el cambio climático, la energía, la investigación, la tecnología y el turismo.

Fuera cual fuese la intención de los votantes irlandeses al rechazar el tratado, el cambio socioeconómico seguirá obligando a la UE a buscar nuevas formas de organización, combinando los procedimientos intergubernamentales y federales. Por ejemplo, resulta ya patente la necesidad de adaptar el funcionamiento del Banco Central Europeo a una política de desarrollo para Europa, establecida por el Consejo Ecofin. La UEM es una prueba de ello.

De forma más general, sea cual fuere el modo como se aborde el problema del resultado del referéndum irlandés, la UE irá adquiriendo gradualmente su forma definitiva a partir de los problemas que debe abordar continuamente, porque, a medida que aumenten las dimensiones de dichos problemas, su gestión requerirá formas sólidas y duraderas de cooperación.

Constantinos Simitis, ex Primer Ministro de Grecia, es miembro del Comité de Acción sobre la Democracia Europea.

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