¿Podemos asegurar contra los tsunamis?

Robert J. Shiller

El debate sobre cómo reaccionar ante el desastre provocado por el tsunami de Asia se ha centrado fundamentalmente en los programas gubernamentales de socorro y los planes oficiales para aplicar sistemas de alerta temprana. Poca atención se ha prestado al fomento de las instituciones privadas de gestión de riesgos, en particular las de seguros.

Resulta lamentable. Las compañías de seguros brindan una gestión de riesgos profesional y muy detallada que respeta la complejidad de los peligros contra los que proteger y atiende de forma creativa las necesidades individuales. El fomento de los seguros privados puede parecer una reacción indirecta ante el desastre del tsunami, pero se trata de una reacción racional y sólida.

Las compañías de seguros no han penetrado en muchas de las regiones que sufrieron las mayores pérdidas. Según un estudio del Instituto de Información sobre los Seguros, en 2003 los gastos en seguros distintos de los de vida representaron sólo el 0,83 por ciento del PIB en Indonesia, el 1,19 por ciento del PIB en Tailandia y el 0,62 por ciento del PIB en la India, frente al 5,23 por ciento del PIB en los Estados Unidos.

La ayuda extranjera no puede substituir a los seguros. La caridad es estimulante y nos confirma nuestra humanidad, pero con frecuencia es caprichosa. Nadie desearía depender de ella. De hecho, a la hora de decidir cuánta ayuda conceder para remediar desastres, con frecuencia los países parecen influidos principalmente por la preocupación de sus dirigentes por la opinión de los demás al respecto. La caridad reacciona ante los acontecimientos que acaparan la atención y con frecuencia desatiende desastres menos sensacionales.

Por otra parte, los seguros constituyen una institución fiable y venerable, pues su forma moderna se remonta al siglo XVII, pero los seguros y otras instituciones de gestión de riesgos se han desarrollado lentamente, incluso en los países avanzados. En los Estados Unidos, la mayoría de las personas carecen aún de seguros contra inundaciones o terremotos. En California, una de las regiones geológicamente más inestables del mundo, sólo uno de cada seis propietarios de viviendas subscribe un seguro contra terremotos.

Un problema fundamental es el de que el del seguro no es un concepto que resulte natural a la mayoría de las personas. De hecho, como han mostrado los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky, existe una tendencia humana sistemática a minimizar la probabilidad percibida de los sucesos poco probables, por lo que las personas orientan sus vidas como si la probabilidad de que se produzcan dichos sucesos fuera nula. Asimismo, los seres humanos tienen tendencia a aceptar los riesgos grandes, pero poco probables, para evitar pequeñas pérdidas seguras, como, por ejemplo, las primas de seguros.

Las compañías de seguros han afrontado un proceso lento y difícil para convencer al público de la necesidad de renunciar a dichas tendencias. Además, la concepción de nuevos productos en materia de gestión de riesgos no es fácil. Las compañías de seguros afrontan dificultades inherentes a la evaluación de los riesgos y deben adaptar sus políticas de forma creativa a las debilidades humanas que limitan la comprensión de las necesidades. Además, los aseguradores deben prestar atención también a una gran diversidad de posibles peligros morales –incentivos perversos del comportamiento de riesgo- y a los problemas que plantea la parcialidad en la selección para atraer a clientes.

Para abordar los desastres con mayor eficacia, los países deben contar con la voluntad de crear un medio en el que pueda florecer un sector de seguros privados mucho más desarrollado. En los Estados Unidos, el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones de 1968 impuso la obligación por parte de quienes financien la construcción o la mejora de estructuras incluidas en las zonas especiales con peligro de inundaciones a subscribir un seguro contra inundaciones.

Ya que no imponer los seguros obligatoriamente, al menos se debe fomentarlos eficazmente. De lo contrario, habrá quienes construyan en llanuras expuestas a inundaciones, convencidos de que su Estado, o los Estados del mundo, se sentirán obligados a sacarlos del apuro, con lo que aseguran, en realidad, riesgos muy grandes que no se deberían correr.

Muchas de las peores consecuencias de los sucesos de Asia se han producido en zonas expuestas a tsunamis, como, por ejemplo, las zonas costeras bajas de Sri Lanka. Las compañías privadas de seguros desaconsejarían la construcción en los emplazamientos más peligrosos, pues las primas resultarían prohibitivas, mientras que fomentarían la adopción de métodos de construcción resistentes a los tsunamis en las zonas marginales.

Por fortuna, nuestras instituciones internacionales de gestión de riesgos están mejorando constantemente. En los últimos años se ha empezado a comerciar en los mercados financieros con bonos para catástrofes, que cubren los terremotos y otros desastres y también instrumentos financieros derivados relativos a las condiciones climáticas. El Protocolo de Kyoto creó un mecanismo para comerciar con las emisiones de dióxido de carbono, que promete gestionar los riesgos de un posible desastre aún mayor: el calentamiento de la atmósfera.

Los mercados para esos productos son aún pequeños, pero tienen muchas posibilidades de crecimiento y su desarrollo posterior aumentaría la capacidad de las compañías de seguros para cubrir los riesgos de los desastres internacionales más graves.

Piénsese en la falta de un sistema de alerta temprana de tsunamis en los países más afectados. Resulta fácil acusar a las personas de falta de previsión, pero ninguno de los nueve países más afectados contaba con dicho sistema. No pueden ser todos chapuceros. El problema no es el error individual. Ese fallo se debió a la falta de instituciones internacionales apropiadas que estuvieran en guardia ante la gran diversidad de posibles desastres.

El debate sobre los sistemas de alerta temprana sobre tsunamis se ha centrado en los programas estatales, pero la alerta temprana consiste en algo más que sensores oceánicos y satélites; significa también el alejamiento de la construcción de las zonas expuestas a desastres y en insistir para que las empresas privadas preparen procedimientos eficaces de seguridad y evacuación.

Ésas son actividades normales de las compañías de seguros. De hecho, una de las características más sorprendentes del desastre provocado por el tsunami fue la de que cogió totalmente desprevenidos a algunos de los centros turísticos más lujosos. La lección resulta clara: incluso las empresas de mayor categoría tienen sólo la profesionalidad que las infraestructuras institucionales existentes les permiten tener. La razón en última instancia de su falta de preparación es la de que nuestro sector de los seguros no cubría sus riesgos de tsunamis y, por tanto, no les ofrecía orientaciones sobre las formas más actuales de prevención de desastres.

El sector de los seguros puede –y debe- reaccionar ante el desastre del tsunami aceptando el imperativo moral de adoptar medidas concertadas para ampliar la cobertura de riesgos. En la medida en que los gobiernos participen, pueden fomentar una mejor gestión de los riesgos mediante una reglamentación receptiva e incluso la subvención de experimentos con nuevos productos privados de seguros.