Royal Dutch/Shell, acosada por sus accionistas y enfrentada a investigaciones en los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos por tergiversar el volumen de sus reservas de petróleo, está intentando hacer recaer la culpa sobre Nigeria.

Documentos confidenciales de la compañía conocidos a finales de marzo indican que Shell no facilitó información decisiva sobre el alcance de la reevaluación de sus reservas nigerianas -con lo que resultaron reducidas a 1.500 millones de barriles (el 60 por ciento de las reservas totales del país)-, porque quería reforzar las bazas de Nigeria en las negociaciones con la OPEP para aumentar la cuota de producción correspondiente al país. Actualmente Nigeria produce dos millones de barriles al día. La OPEP calcula las cuotas de sus países miembros a partir de sus reservas demostradas.

Para afrontar una crisis económica que está empeorando, Nigeria quiere duplicar su producción diaria de petróleo hasta los cuatro millones de barriles diarios, para reflejar los nuevos descubrimientos, que, según declaró la Corporación Nacional del Petróleo de Nigeria (NNPC) en diciembre de 2003, habían aumentado las reservas hasta un total de 34.000 millones de barriles. Los funcionarios alegan también que la gran población de Nigeria en comparación con la de otros miembros de la OPEP y la necesidad urgente de obtener divisas para invertir en infraestructuras y servicios sociales requieren un trato preferente. Shell afirmó no querer poner en peligro dichas negociaciones haciendo público el estado real de las reservas nigerianas.

Esa apariencia de Shell como compañía sensible y generosa constituye una burla de la evidencia. El escándalo respecto de las reservas de petróleo de Shell está marcado por el deseo de beneficios y los intrincados mecanismos que ha creado en colaboración con corruptos dictadores militares a lo largo de los años para conseguir que sus operaciones rindieran dividendos enormes a expensas de los nigerianos de a pie.

Poco después de que el general Ibrahim Babangida tomara el poder con un golpe de Estado en 1985, el gobierno militar firmó un "memorando de entendimiento" con Shell y otras compañías petroleras. El memorando, revisado en 1991, concedía a Shell un beneficio garantizado de entre 2 y 2,5 dólares por barril producido, siempre y cuando los precios del petróleo oscilaran entre 12,5 y 23,5 dólares y la compañía invirtiera un mínimo de 1,5 dólares por cada barril que produjese. Como incentivo suplementario, Shell tenía derecho a una prima de entre diez y quince centavos por barril en cada uno de los años en que descubriera nuevos pozos de petróleo con reservas mayores que el volumen de petróleo que extrajese.

Desde entonces Shell no ha cesado de reír en todo el trayecto hasta el banco. Por término medio, los precios mundiales de petróleo no han descendido por debajo de los 12,5 dólares estipulados desde 1986. Además, Shell regenta una sociedad de riesgo compartido junto con la NNPC, la compañía petrolera francesa Elf y AGIP de Italia. El acuerdo de explotación conjunta por el que se rige la empresa, en la que el Gobierno de Nigeria tiene el 55 por ciento de las acciones, dispone que, si bien todas las partes comparten el costo de las operaciones, Shell prepara los programas de trabajo y el presupuesto anuales.

El control de los gastos de explotación es la clave para entender los grandes beneficios obtenidos por Shell en Nigeria. Los ejecutivos de la NNPC reconocen que se les escapa constantemente la supervisión idónea de los gastos de explotación de esa compañía y que lo que mantiene a Shell y otras compañeras petroleras occidentales en funcionamiento no es el margen teórico, sino los rendimientos que añaden a sus costos.

Como el presupuesto operativo corre a cargo de Shell y la NNPC está plagada de corrupción y carece de personal especializado para verificar las cifras de producción, la compañía encargada de la explotación tiene un importante incentivo para inflar los costos. Asimismo, las nuevas reservas "descubiertas" por Shell para poder presentar una solicitud de prima suplementaria correspondiente a las reservas fueron un venero decisivo de beneficios para la compañía hasta 1999, año en que un nuevo gobierno revisó el memorando de entendimiento.

Desde comienzos del decenio de 1990, los costos de producción han sido un objeto de enconadas disputas entre Shell y el Gobierno de Nigeria. En 1996, el ministro del Petróleo de Nigeria, alarmado ante el constante aumento de los costos de producción presentados por Shell, prometió crear una oficina de supervisión para inspeccionar todas las facturas y reclamaciones de Shell. No dio resultado alguno. El pasado mes de febrero, el Senado recién elegido intentó bloquear 1.600 millones de dólares destinados a Shell y a otras dos compañías y correspondientes a gastos de producción hasta que presentaran documentos válidos para apoyar sus reclamaciones. El Presidente Olusegun Obasanjo y los funcionarios de la NNPC pasaron por alto esa decisión.

No es probable que el escándalo más reciente suscite reacciones vigorosas del Gobierno de Nigeria, pese a que ha estado pagando millones de dólares por nuevos hallazgos de petróleo que sólo existen en la imaginación de Shell. Los funcionarios nigerianos están deseosos de descartar las acusaciones de que Shell infló las cifras correspondientes a las reservas de Nigeria para aprovecharse de los laxos mecanismos reglamentadores y de supervisión y obtener millones de dólares en pagos por primas. De hecho, Shell insiste en que Nigeria le debe 385 millones más.

Shell tiene amigos poderosos en el Gobierno de Nigeria. A mediados del decenio de 1990, esa compañía trabajó en estrecha colaboración con el difunto dictador, general Sani Abacha, para suprimir el Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni, organización popular de defensa del medio ambiente y de los derechos de las minorías encabezada por Ken Saro-Wiwa, que posteriormente fue ejecutado por el régimen. Los investigadores de Human Rights Watch vincularon a empleados de Shell con violaciones flagrantes de los derechos humanos cometidas por las tropas gubernamentales en aquella época.

La lograda alianza de funcionarios estatales corruptos y ejecutivos interesados de la compañía, deseosos de mantener la corriente de petrodólares, sigue en pie. Quienes llevan la peor parte son los siete millones de campesinos del delta del Níger, que cargan con las consecuencias de la violencia, la devastación medioambiental y la anarquía social que las grandes compañías petroleras producen dondequiera que instalen sus plataformas de perforación.