Into Africa
La privatización del gobierno de Nigeria
Xavier Sala-i-Martin
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Nigeria puede ser audaz diplomáticamente, como lo demuestra su ofrecimiento de asilo al Presidente Charles Taylor de Liberia. Audacia similar va a necesitar para cambiar completamente su moribunda economía.
Nigeria es un paradigma de desarrollo fracasado. Sus ingresos medios figuran entre los más bajos del mundo. La pobreza es endémica, pues más de tres cuartas partes de los nigerianos viven con menos de dos dólares de los Estados Unidos al día y la distribución de la renta es la más sesgada del mundo a favor de los ricos. El dos por ciento de los nigerianos de la cumbre ganan lo mismo que el 55 por ciento de la base.
Ahora que Nigeria está a punto de enterrar los espectros de sus pasadas dictaduras, ha llegado el momento de hacer reformas audaces. Sus dirigentes deben centrarse en una cuestión decisiva: la gestión de los ingresos por el petróleo de Nigeria.
Paradójicamente, la actitud más audaz sería la de que el gobierno dejara de gestionar esos ingresos y cediera una gran parte de esos fondos directamente al pueblo, como se hace en el Estado estadounidense de Alaska y en la provincia canadiense de Alberta. En la primera oportunidad idónea, el Gobierno de Nigeria debe convocar una conferencia de todos los dirigentes nacionales y regionales y lograr un acuerdo sobre una disposición constitucional por la que se garantice a cada uno de los hogares una participación garantizada en los ingresos por petróleo, cuyo importe se determinaría mediante los precios y cuotas imperantes.
¿En qué se basa esta propuesta y cómo se podría aplicar? Investigaciones recientes que he llevado a cabo junto con Arvid Subramanian, del FMI, demuestran que los deficientes resultados económicos de Nigeria se deben primordialmente a la administración de los ingresos por petróleo.
A partir de los testimonios de diversos países, se puede decir que recursos naturales como el petróleo y los minerales parecen, en efecto, una ``maldición'' más que una bendición, pues constituyen un grave obstáculo al crecimiento económico a largo plazo, pero la auténtica maldición de la posesión de petróleo no es tanto la de que estimule la infame ``enfermedad holandesa'' -la inadecuada asignación de recursos fuera de los sectores de bienes comercializables- o cree incertidumbre a causa de la volatilidad del precio del petróleo. Más bien, el problema principal que plantean los períodos de auge del petróleo es el de que provocan diversas patologías -captura de ingresos por grupos organizados, favoritismo, corrupción, depredación- que corroen las instituciones públicas vitales y socavan la gestión de los asuntos públicos. De hecho, el Presidente Wade del Senegal, cuando le preguntaron en una conferencia en Londres cuál sería la peor noticia que su personal podía traerle, soltó esta ocurrencia: ``La de que se haya descubierto petróleo frente a nuestras costas''.
La forma más segura de evitar esas deficiencias es eliminar las condiciones en las que prosperan. Se deben quitar en la mayor medida posible los ingresos por petróleo de las manos públicas y entregárselos al sector privado. Esa solución resulta más urgente en Nigeria ante la perspectiva de la explotación de las inmensas reservas de gas natural de ese país, lo que puede agravar y prolongar la ``maldición'' de los recursos.
Nuestra propuesta presenta varias ventajas, la más importante de las cuales es la creación de los incentivos idóneos para una gestión eficaz y responsable de los asuntos públicos. Actualmente, el petróleo representa una proporción importante de los ingresos públicos totales de Nigeria. Como no necesita imponer contribuciones al público, el Gobierno de Nigeria tiene poco incentivo para prestar los servicios eficazmente: los ingresos por petróleo son un maná caído del cielo y siguen manando independientemente de la actuación del sector público.
Además, si bien Nigeria es formalmente una democracia, el equilibrio de poder entre los ciudadanos y los funcionarios públicos, incluidos los de los niveles estatal y local, está sesgado a favor de estos últimos en virtud de su fácil acceso a los ingresos por petróleo, lo que perpetúa la concepción de la política, incluso la democrática, como favoritismo. Al potenciar a los ciudadanos dándoles dinero, se podría rectificar ese desequilibrio y mejorar la rendición de cuentas y el funcionamiento de la democracia.
Por último, nuestra propuesta ofrece una salida al permanente y estéril debate entre los donantes internacionales y Nigeria en relación con el alivio de la carga de la deuda. Los funcionarios nigerianos y el público desean que se les quite de encima la carga de la deuda externa, en particular porque gran parte de ella es ``deuda odiosa'': contraída por dictadores con un elevado grado de complicidad por parte de los acreedores.
Pero los donantes son prudentes. Temen -y con razón- que se utilicen mal cualesquiera ahorros procedentes del alivio de la deuda, como ha ocurrido con otros recursos públicos. De conformidad con nuestra propuesta, los ahorros procedentes del alivio de la deuda serían distribuidos directamente al sector privado, con lo que se mitigarían las preocupaciones legítimas de los donantes y al tiempo se atenderían las reivindicaciones nigerianas.
Los políticos nigerianos deben ocuparse de los detalles para la aplicación de nuestra propuesta. Por ejemplo, hay que adoptar una decisión sobre si las transferencias irán destinadas a cada uno de los ciudadanos o a cada uno de los hogares (un cheque anual para cada uno de los miembros de la familia puede tener consecuencias indeseables en la fecundidad, pues los padres pueden tener hijos para recibir los cheques). Además, los nigerianos deben decidir si todos los nigerianos han de recibir participaciones iguales o si los que afrontan las consecuencias de la explotación y la producción del petróleo -por ejemplo, en el delta del Níger- deben recibir más.
Otra cuestión es la de qué cantidad de los ingresos se debe transferir y cómo se pueden hacer las transferencias en un país tan grande, complejo y financieramente atrasado como Nigeria. Pero, pese a las dificultades de corrupción e ineficiencia que sin duda perturbarán su aplicación, nuestra propuesta es superior al status quo . Al fin y al cabo, la terrible situación actual es consecuencia de los asombrosos despilfarro y corrupción de los 40 últimos años. En el mejor de los casos, nuestra propuesta podría mejorar en gran medida la calidad de las instituciones públicas y con ello transformar la economía y la política de Nigeria durante los próximos decenios. Ahora es el momento de actuar.
Xavier Sala i Martín es profesor de Economía en la Universidad de Columbia y profesor visitante en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
Copyright: Project Syndicate, julio de 2003.
Traducido del inglés por Carlos Manzano.
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