OTTAWA– En abril de 1999, Larry Proctor, ciudadano estadounidense y propietario de una compañía de semillas, ganó una patente en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO, por su sigla en inglés) para un poroto amarillo mexicano. La patente le confirió a Proctor derechos exclusivos sobre una variedad de porotos que llamó "Enola". Esa decisión es uno de los ejemplos más escandalosos de biopiratería en la historia de los sistemas de propiedad intelectual.

El poroto por el cual a Proctor se le adjudicó una patente es una variedad agrícola, originaria de México y de dominio público durante siglos. El poroto se consume en todo México y por mexicanos y norteamericanos de origen mexicano en Estados Unidos, que lo conocen bajo el nombre de Mayocoba, Canario o Peruano.

Si bien la variedad de poroto existió en colecciones de semillas a disposición del público, llevó diez años, cientos de miles de dólares, una protesta masiva por parte de agricultores y de la sociedad civil, la intervención de agencias internacionales y cinco decisiones legales consecutivas para que la USPTO finalmente anulara la patente en julio de 2009. Para ese entonces, Proctor había ejercido un monopolio total sobre la producción, distribución y comercialización del poroto durante más de la mitad de la vida útil de la patente.

La historia comenzó en 1994, cuando Proctor compró una bolsa de porotos en México. Plantó los porotos, seleccionó semillas de las mismas plantas y las volvió a plantar, repitiendo el procedimiento otras dos veces. A fines de 1996, después de apenas dos años, dijo que había inventado una variedad "única", y solicitó una patente.

Tan pronto como le fuera adjudicada la patente, Proctor demandó a dos importadores de los porotos amarillos, exigiéndoles que le pagaran regalías. Si bien los importadores sabían que el invento de Proctor era absurdo (porque habían estado importando el poroto de México durante años), no tuvieron otra opción que aceptar la legalidad de la patente, lo que hizo que 22.000 agricultores mexicanos y sus familias perdieran 90% de sus ingresos por exportación sólo el primer año.

En enero de 2000, el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC, entonces conocido como RAFI) publicó la primera denuncia contra la patente Enola como técnicamente inválida y moralmente inaceptable. Para obtener una patente, un solicitante debe demostrar que un invento cumple con tres criterios: novedad, no-obviedad (que haya un paso inventivo) y utilidad (el invento hace lo que se dice que hace). En el caso del poroto Enola, no había nada de nuevo: el poroto amarillo es el resultado de siglos de trabajo colectivo e ingenio de parte de los agricultores y los pueblos indígenas de México. Es más, el poroto fue incorporado a las colecciones públicas del INIFAP, el instituto nacional de investigación agrícola de México.

El Grupo ETC llevó el caso ante el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en Cali, Colombia. El CIAT es uno de los centros internacionales del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). El sistema del CGIAR contiene más de 600.000 muestras de variedades de cultivos en bancos genéticos, principalmente recogidas en tierras de campesinos. En conocimiento del caso, el CGIAR firmó un Contrato Fiduciario con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés) en 1994, en el que prometía mantener las semillas de sus colecciones libres de todo reclamo de propiedad intelectual.

Joachim Voss, entonces director del CIAT, confirmó que los porotos amarillos estaban presentes en los bancos genéticos del CIAT, y que se habían originado en México. A fines de 2000, el CIAT, respaldado por la FAO, exigió que la USPTO reexaminara la patente. Los genetistas luego realizaron impresiones genéticas de los porotos amarillos, y llegaron a la conclusión de que el poroto Enola de Proctor era idéntico a los porotos mexicanos cubiertos por el Acuerdo Fiduciario.

Mientras tanto, en 2001, aprovechándose de la respuesta lenta de la USPTO, Proctor demandó a 16 pequeñas compañías de semillas de Colorado por violación de la patente existente.

Recién en diciembre de 2003 la USPTO anunció su primer rechazo "no final" de la patente. Proctor apeló y la USPTO emite su rechazo final de la patente en abril de 2005. Pero ese no fue el final de la historia del poroto Enola. Proctor solicitó que el examen de la patente continuara, presentando reclamos adicionales de la patente y cambiando incluso a sus abogados en varias oportunidades (lo que dio lugar a un mayor retraso burocrático). En resumen, la patente fue rechazada y apelada cuatro veces en una década, hasta que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos la rechazó por quinta vez este verano (boreal).

Durante más de una década, un único propietario de una patente alteró el mercado de porotos en Estados Unidos y México. Los importadores dejaron de importar no sólo el poroto amarillo, sino también otros porotos mexicanos, por temor a demandas legales. Aunque la patente finalmente fue rescindida, el caso Enola muestra de qué manera el sistema de propiedad intelectual facilita la monopolización de recursos públicos y colectivos, favoreciendo a quienes pueden pagar costosos honorarios de abogados. La patente Enola fue un error desde el vamos, y aún así siguió vigente durante la mitad de su vida, a pesar de los esfuerzos activos de instituciones, gobiernos y organizaciones civiles internacionales.

Tal vez resulte tentador desestimar la patente Enola como una aberración, pero existen cientos de ejemplos de este tipo de biopiratería. Los porotos mexicanos, el arroz basmati del sur de Asia, la quinoa boliviana, la ayahuasca amazónica, los garbanzos indios, los porotos nuña peruanos, la maca andina -todos han sido objeto de reclamos predatorios de propiedad intelectual.

La controversia por Enola es una ilustración descarnada del peligro de patentar la vida, y el poder de las patentes para bloquear las importaciones agrícolas, alterar o destruir los mercados exportadores de los países en desarrollo, secuestrar cultivos de alimentos básicos que son el legado cultural de milenios, saquear el conocimiento colectivo y amenazar la seguridad alimenticia.

El caso Enola demuestra que tener razón no basta: los pequeños agricultores, los pueblos indígenas y los pobres no pueden sobrevivir a una década de demandas legales y monopolio. Sin duda, las instituciones internacionales y los países en el sur global tienen objetivos mucho más urgentes que dedicar recursos a demandar a compañías codiciosas. Es hora de cuestionar la existencia misma de un sistema de propiedad intelectual que privilegia la titularidad de un monopolio por sobre el bien común.

Silvia Ribeiro y Kathy Jo Wetter son investigadoras del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC).

Copyright: Project Syndicate, 2009.
www.project-syndicate.org
Traducción de Claudia Martínez

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