La reciente inestabilidad de Georgia ha asestado un golpe a su reputación internacional como nueva democracia y representa un problema también para la Unión Europea. El Presidente Mijeil Saakashvili, ante las protestas callejeras de noviembre, afirmó que el magnate ruso-georgiano Badri Patarkatsishvili estaba conspirando para derribar al Gobierno, por lo que cerró la emisora de televisión privada Imedi (de la que es propietario Patarkatsishvili) que se inclina a favor de la oposición y decretó el estado de emergencia durante nueve días antes de convocar elecciones presidenciales anticipadas para el 5 de enero.

Desde la toma de posesión de Saakashvili en enero de 2004, a raíz de la “revolución rosa” de 2003, el Gobierno de Georgia ha desplegado banderas de la UE en los actos oficiales. Los georgianos comparten ese entusiasmo. Una encuesta de opinión llevada a cabo por el Instituto Republicano Internacional en septiembre de 2007 indicó que el 81 por ciento de los georgianos apoyan la adhesión a la UE.

Pero, independientemente del resultado de las elecciones, la crisis reciente revela una falta de compromiso por parte de la UE con la seguridad y la democracia en Georgia. Pese a la estratégica situación de Georgia en el mar Negro, fronteriza con Rusia, Azerbaiyán y Turquía –y en una ruta comercial decisiva que enlaza la UE, el Irán, Rusia y el Asia central–, Europa no ha tenido una actitud diligente para con los problemas políticos más duraderos del país.

Por el lado georgiano, se tiene perfectamente claro –al menos así es en el caso de la clase política– que la adhesión a la UE es, en el mejor de los casos, una posibilidad remota, lo que debilita la importancia política de la Política Europea de Vecindad (PEV), iniciativa concebida en 2004 para evitar la aparición de nuevas líneas divisorias entre la UE ampliada y sus vecinos. En noviembre de 2006, la UE y Georgia firmaron un Plan de Acción de la PEV, pero no es probable que satisfaga las esperanzas despertadas.

De hecho, la PEV es la segunda prioridad para Georgia después de la cooperación con la OTAN, en parte porque los georgianos, al sentirse amenazados por Rusia, desean ávidamente seguridad por encima de todo. Además, si bien el reciente estado de emergencia fue un grave revés, la adhesión a la OTAN, a diferencia de la adhesión a la UE, sigue siendo posible. Ésa es la gran diferencia.

En lo que menos coinciden los intereses de Georgia y de la UE en materia de seguridad es en relación con los llamados “conflictos estancados” en las regiones secesionistas y apoyadas por el Kremlin de Abjasia y Osetia del Sur: no es casualidad que la de “fomentar la resolución pacífica de los conflictos internos” sea tan sólo la sexta de las prioridades del Plan de Acción de la PEV. Georgia quiere que una UE reacia se comprometa más, pero cada uno de las dos partes entiende el compromiso de forma diferente.

La UE apoya medidas de fomento de la confianza políticamente incontrovertidas y que sólo pueden, si acaso, dar resultados a largo plazo. El Gobierno de Georgia considera que los conflictos de Abjasia y Osetia del Sur son la amenaza principal para la seguridad del país y un impedimento para su desarrollo. Espera iniciativas más audaces de la UE, como, por ejemplo, un apoyo explicito al grupo de trabajo georgiano-osetio, del que forma parte el gobierno sudosetio de Dmitri Sanakoyev, partidario de la autonomía, pero boicoteado por el gobierno separatista y prorruso en Tsjinvali. La UE no ha hecho gesto alguno en ese sentido para evitar una mayor tensión con Rusia.

Por otra parte, hay mejores perspectivas para fortalecer el papel de la UE en el desarrollo de la democracia. La tarea de “fortalecimiento del Estado de derecho, creación de instituciones estatales y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales” ocupa el primer puesto en el Plan de Acción de la PEV. Aunque la independencia judicial y la protección de los derechos humanos siguen siendo llamativamente deficientes, el gobierno de Saakashvili ha aumentado la eficacia de la administración pública, ha mejorado las infraestructuras públicas, ha luchado contra la corrupción, ha reducido la delincuencia y ha creado un ambiente atractivo para la inversión.

Sin embargo, los defectos de la oposición constituyen otro obstáculo para el desarrollo democrático. Los oponentes al Gobierno pueden movilizar protestas públicas, como hicieron en noviembre, pero son mucho menos capaces para formular programas políticos substitutivos y lograr apoyo para ellos. Al no haber en Georgia un mecanismo interno de control, única forma de mantener las instituciones democráticas, la comunidad internacional pasa a ser un factor compensatorio, en el que la UE está en buenas condiciones para tomar la iniciativa.

De hecho, si bien las contundentes medidas adoptadas por el gobierno de Saakashvili revelaron las deficiencias estructurales de la democracia de Georgia, el período posterior ha mostrado que la ambición occidental de Georgia sigue intacta, porque el Gobierno entiende que no puede permitirse desviación alguna de las normas democráticas durante mucho tiempo.

El representante especial de la UE en el Cáucaso meridional, el diplomático sueco Peter Semneby, desempeñó un papel decisivo para lograr que la emisora televisiva Imedi volviera a emitir a fin de restablecer el equilibrio de los medios de comunicación antes de las elecciones presidenciales… posiblemente la primera vez en que la UE ha tomado la iniciativa en relación con unos acontecimientos políticos transcendentales en Georgia. No formaba parte de ningún plan de acción previo, pero muestra que, si existe voluntad política, la UE puede desempeñar un papel activo en el fomento de la democracia y la estabilidad.